- Juez federal determinó que la declaración de tres inculpados fue obtenida de modo ilícito
- Ofrece Muñoz Vázquez espacio para una oficina de la CEDH en las instalaciones de la dependencia
Horas después de que un juez absolviera a tres de los últimos acusados por la Procuraduría General de Justicia, el fiscal Felipe Muñoz Vázquez ordenó que todos los sujetos indiciados por delitos de alto impacto sean sometidos a los estudios que dicta el Protocolo de Estambul, para evitar que más alegatos de tortura se utilicen en procesos de liberación.
El anuncio tuvo lugar al mediodía, al momento en que la Procuraduría firmaba un convenio de colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano.
“Hemos sido señalados como gente que practica la tortura en el estado, hemos buscado diversos mecanismos para acotar este fenómeno… creo que no han venido funcionando porque los señalamientos siguen persistiendo. En este momento me acabo de enterar de la resolución de un juez federal: libera a tres personas alegando que son ilícitas las declaraciones, son tres gentes pertenecientes a un grupo delictivo”.
Muñoz enfatizó en que a partir de ahora todos los detenidos por delitos como delincuencia organizada y narcomenudeo pasarán por una certificación médica con estándares internacionales, en búsqueda de una acreditación fehaciente de las acusaciones.
El ombudsman Eduardo Martín Jáuregui estuvo presente en un evento donde se ofreció a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el espacio para instalar una oficina de operación permanente en las instalaciones de la dependencia.
Felipe Muñoz además se refirió al magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.
“Asimismo, de manera muy respetuosa, me dirijo al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, le hago una invitación a que nos diga qué otros medios de convicción son necesarios para acreditar que esta práctica no se lleva a cabo. Tendremos que caminar muy de la mano el Poder Judicial y nosotros, porque si no la seguridad del estado se pone en peligro por estos grupos delictivos que han encontrado los mecanismos para evadir las acciones de la justicia”.
Si la actuación de la Procuraduría resulta opaca, dijo, los agentes caerán en el desánimo, ante la posibilidad de que una labor de investigación que en ocasiones toma varios meses sea desechada.
“En este momento tenemos detenidas a varias personas, incluso una de ellas extranjera, vinculadas a un grupo delictivo. Estoy cierto que mañana estarán diciendo que fueron torturados. En este momento ya se está practicando en ellos la certificación médica de acuerdo al Protocolo de Estambul”.
Dicha prueba pericial será adherida a los expedientes de consignación, en espera de que encuentre alguna validez judicial.
El convenio con el Observatorio Nacional Ciudadano, mencionó el funcionario, es un intento por ampliar las actividades de transparencia y generación de confianza en el respeto a los derechos humanos.
“Asumimos el compromiso de mostrarnos abiertamente en los planteamientos que el organismo solicite… que este trabajo conjunto sirva para fortalecer las condiciones de seguridad, justicia y legalidad que demanda el estado y nuestro país. Es para nosotros muy importante que la institución que me toca representar actúe con transparencia, tendremos que acostumbrarnos a esta clase de ejercicio día a día”.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del observatorio, comentó que pese al esfuerzo de años México no brinda las necesarias certezas de seguridad pública. Aseguró que la firma de este convenio fue idea del procurador local.
“Lo que queremos es ver de qué manera generamos un modelo que permita que los ciudadanos conozcamos, más allá de la incidencia delictiva, qué está sucediendo en el país. 2013 terminó con mil 698 averiguaciones previas por secuestro, llegando a un máximo histórico, no sabemos el tamaño de lo que se vivió el año pasado”.
Proyectos similares se trabajan en las procuradurías de Chihuahua, Chiapas, Estado de México y Guanajuato.
Pie de foto: A partir de ahora todos los detenidos por delitos como delincuencia organizada y narcomenudeo pasarán por una certificación médica con estándares internacionales, en búsqueda de una acreditación fehaciente de las acusaciones