El paso del huracán Odile dejó una gran estela de daños materiales en Baja California a la cual se sumaron los daños causados por los saqueos y robos que de allí se derivaron. A primera vista, un fenómeno climatológico como los que actualmente azotan diversas partes del país, al igual que en otras partes del mundo, es, como dirían los angloparlantes, “an act of God”, un acto de Dios. En otras palabras, un suceso impredecible, ajeno a la pequeña voluntad de los humanos que, ante tal tipo de acontecimientos, somos víctimas de las inclemencias del tiempo y del espacio que nos rebasan y no tenemos capacidad de evitar.
Repetida esta idea millones de veces de manera subliminal en los videos y fotografías que los servicios noticiosos nos hacen el favor de recoger, seleccionar y transmitir, se convierte para la gran mayoría de los que sufren la manipulación mediática en una verdad inobjetable.
No obstante, en muy escasos -pero muy respetados- medios periodísticos independientes, se trasluce de la nota roja de los desastres, la responsabilidad de mandatarios y autoridades omisas. La Jornada, por ejemplo, apenas hace unos días, rescata las declaraciones de Jorge Zavala, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirma que pudieron haberse evitado los daños materiales y humanos causados por el huracán Manuel del año pasado. La UNAM, aseguró el investigador, publica diariamente a través del Centro de Ciencias de la Atmósfera un pronóstico para cinco días de las condiciones atmosféricas del país, donde pudo verse la magnitud de la amenaza de las tormentas que provocaron las inundaciones en el estado de Guerrero. De acuerdo con esa aseveración, resulta sencillo concluir que tampoco en este año se tomaron en cuenta los pronósticos que provocarían los desastres en Baja California la semana pasada.
Zavala no ha sido el único que asegura que las autoridades no atendieron advertencias respecto a posibles desastres. El drama humano que se vivió el año pasado en Guerrero, se debió asimismo, como por desgracia también ha ocurrido en otros casos de desastre por tormentas, a que se sabía de los asentamientos humanos que existían en la zona de deslaves. Al desoír advertencias y omitir, ya sea por corrupción, negligencia o indolencia, la realización correcta de su trabajo, varios funcionarios estatales o federales (que ocupan puestos de prevención de desastres) son responsables por las pérdidas económicas y de vidas humanas en aquellos desastres naturales que, como todos aquellos que debido al estado actual de la tecnología, pueden ser previstos.
Pero este año, volvieron a acontecer esa serie de eventos desafortunados que pudieron haberse evitado por la previsible entrada del huracán a tierras bajacalifornianas y los enormes daños resultantes de las abundantes lluvias que han azotado en estos días al norte del país. El desbordamiento de la presa de residuos tóxicos hacia el río Bacanuchi en Sonora ha provocado un gravísimo desastre ambiental que afectará la vida de millones de personas. Y al poner toda la atención mediática en el desastre, se evade la pregunta obvia sobre quién o quiénes se beneficiaron con aquello que dio origen a la represa de residuos tóxicos.
En México, ha dicho claramente Daniel Rodríguez, presidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres: “la cultura para la prevención de desastres no existe… porque la lógica del libre mercado domina el desarrollo urbano.”
La ausencia de una cultura de la prevención es también aplicable al manejo de la economía del país.
Por razones políticas -“un político que devalúa, se devalúa”, dijo en 1981 el presidente López Portillo- o por mezquinos intereses que permitieron a algunos comprar miles de millones de dólares en sólo unas semanas antes de la devaluación de 1984, el daño provocado por problemas económicos previsibles, ha caído siempre sobre toda la población.
Al inicio de la década de los noventa, con una bien orquestada campaña de publicidad que hizo creer a todos que México entraría por la puerta grande al club de los países ricos, la población del país fue impulsada a un frenesí de endeudamiento. El mercado inmobiliario se disparó, las tarjetas de crédito prácticamente se regalaban y las utilidades de los bancos se abultaron de tal manera que los precios de sus acciones aumentaron a un nivel varias veces superior al que los nuevos dueños de la banca habían pagado en el proceso de privatización apenas unos meses antes.
Como era previsible, el sistema financiero se desmoronó en el 94 y los damnificados económicos sumaron decenas de millones. Y el rescate que con dinero público se hizo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el que se restituyó a los banqueros por las pérdidas del quebranto, provocó una disminución tal del presupuesto de inversiones públicas, que redujo el crecimiento del país en una cantidad estimada entre el 1% y el 2% anual en los últimos 20 años. Si a estas grandes pérdidas que el amañado manejo de la información y el mal manejo de la política económica se suman miles de actos de evasión de responsabilidad de funcionarios, omisiones, componendas o franca corrupción que suceden a diario, descubrimos que el daño a la nación y sus habitantes ha sido enorme.
La difusión por parte de los medios masivos del saqueo registrado en las zonas afectadas por el huracán Odile ha distraído a la opinión pública del gran saqueo que sucede en el resto del país. La obtención de ganancias de unos cuantos a costa del bienestar, la seguridad, la integridad y el patrimonio de muchos resulta pocas veces de eventos fortuitos. Mientras la población no demande transparencia y exija cuentas, seguiremos pagando todos los platos rotos.
Twitter: @jlgutierrez
