Una vez más los cambios por decreto amagan al país. Orgullosísima, la clase política se ufana de haber gestado las mejores condiciones para alcanzar la soñada prosperidad. La pretensión de salir al paso del escepticismo diciendo que falta llevar estos cambios hasta nuestra cotidianidad implica que la única mano capaz de semejante traslado se mueve a la voz del gobierno y no a la de los ciudadanos. Y al parecer la cosa queda nuevamente en autoelogio y autosatisfacción. ¿Hasta dónde?
Algunas de las nuevas leyes regulan relaciones y procesos que, en mayor o menor medida, ya ocurren entre nosotros. Las fiscales, por ejemplo, le otorgan a quienes las aplican poderes mágicos para sacar racimos de contribuyentes del sombrero de la informalidad. Por eso la discusión sobre los alcances de esas leyes no puede separarse de la discusión sobre los alcances de dichos procesos, pero tampoco puede confundirse con ella. El control de esos alcances está en manos de la sociedad que se organiza para hacer lo que escapa a la esfera de competencia del gobierno y para salir adelante a pesar de sus gobernantes cuando dejan de representarla para representarse a sí mismos.
En el campo cultural, caracterizado por su complejidad, abundan las expresiones de este dinamismo que desborda los marcos jurídico-políticos para un estado de cosas evidentemente ajeno a los proyectos, deseos y sueños sociales. No obstante, la fuerte presencia del Estado en este campo dificulta distinguir entre los intereses públicos y los particulares, pues las relaciones y procesos en cuestión tienen resonancias distintas entre los diversos grupos sociales, que los valoran desde posturas y según estrategias diferenciadas.
Pero la presencia estatal no siempre viene acompañada de una eficiencia medianamente aceptable en las instituciones correspondientes. La debacle de la educación pública, responsabilidad de un aparato que en México también se hace cargo de lo cultural, lo muestran claramente. Además, la magnífica disposición de los partidos políticos para darle realce a los juegos de poder produce llamativas singularidades como la declaración de la fiesta brava como patrimonio cultural en un estado oficialmente verde. ¿O se trata de otra verdura?
Algo similar ocurre con las artesanías tradicionales, tema de estudios tan interesantes y numerosos como inútiles para mejorar las condiciones de trabajo de los artesanos. Hasta ahora, al parecer las únicas armas efectivas se encuentran en la voluntad de los gobernantes. En Aguascalientes, la Casa de las Artesanías se explica por los beneficios que ciertos productores locales obtienen de su existencia, pero todos sabemos que el factor clave está en la voluntad de la primera dama del Estado.
Una forma de considerar la presencia de la sociedad organizada para actuar en función de sus propios intereses, diferente de la que mide esta presencia como actividades económicas del sector privado, consiste en su participación en el PIB nacional como instituciones sin fines de lucro (ISFL), a partir de la información oficial disponible. Según el Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro en México 2008 (INEGI, 2010), hace seis años, la participación de las ISFL correspondió a 1.96% del PIB nacional. De este porcentaje, dos terceras partes (1.22%) corrieron por cuenta de las instituciones públicas y el banco central, mientras que un tercio (0.74%) se atribuye a la sociedad civil organizada con fines no lucrativos.
Por sector institucional, el gobierno general generó en el mismo año más de la mitad (52.7%) de la participación de estas instituciones en el PIBN; poco más de la quinta parte (21.4%) correspondió a las sociedades no financieras, y una parte menor (15.8%) a las instituciones de este tipo al servicio de los hogares. En México, según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), las ISFL se pueden agrupar en ocho clases; la mayor (49.9%) corresponde a servicios educativos y la menor (2.1%) a servicios culturales y deportivos. Entre ambas, en orden decreciente, se encuentran las actividades de organizaciones y asociaciones civiles (13.3%), las gubernamentales (11.2%) y diversos tipos de servicios: financieros y de seguros (9.7%), de salud y asistencia social (6.7%), profesionales (4.8%) y de otros sectores (2.3%).
La preeminencia de los servicios educativos como respuesta de la sociedad organizada ante el desempeño del gobierno puede mostrar el gasto público en educación como un derroche, reforzado por el último lugar de la cultura y el deporte. Para 2011, según los datos oficiales, el comportamiento de las ISFL se mantiene: la mayor parte de su valor, 52%, corresponde a servicios educativos, aunque cultura y deporte, con 2%, ya no están en el fondo; este lugar lo ocupan los otros sectores (1.7%).
Una sociedad sana mantiene el interés por los servicios educativos; pero la escasa participación de las actividades culturales nos desengaña: aún debemos remontar la cuesta de nuestra indiferencia ante lo mejor de nosotros mismos.
