- Centro Las Libres A.C. muestra en documental nueve casos de mujeres criminalizadas por aborto
- El Sistema de Justicia Penal carece de responsabilidad e impunidad y se excede de prejuicios personales
Desde el año 2000, un grupo de mujeres feministas se unieron para luchar contra la criminalización de las mujeres por aborto y las violaciones a sus derechos humanos, creando el Centro Las Libres A.C. con sede en el estado de Guanajuato; para ese año se abrió el caso de Guanajuato, donde se registraron siete mujeres purgando penas de entre 25 y 29 años de cárcel por supuesto homicidio en razón de parentesco, en un principio detenidas por aborto.
Tras dos años de arduo trabajo, Las Libres lograron que nueve mujeres (dos de ellas indígenas de Guerrero) fueran liberadas, continuando con procesos de acompañamiento para cientos más que se encuentran en la misma situación penal; con la finalidad de mostrarle a la población mexicana el atraso que se tiene en el país sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través de la narración de estos casos, Centro Las Libres junto al cineasta colombiano Gustavo Montaña, realizaron un documental de 95 minutos presentado este viernes 5 de septiembre en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro.
Los testimonios de las nueve mujeres criminalizadas en Guanajuato y Guerrero, están acompañados de la opinión de expertos en Derechos Humanos e instituciones destacadas como el CIDE y la UNAM, así como de activistas de México, Estados Unidos y Argentina, quienes manifiestan sus investigaciones sobre el Sistema de Justicia Penal y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Posterior a la proyección, el alumno de esta institución y organizador del evento, Leonardo Meza, debatió el tema de la doble criminalización de la mujer con Verónica Cruz, presidenta de esta organización civil, y el titular de la dirección de derechos sexuales y reproductivos del centro, Alejandro Madrazo Lajous.
Por parte del académico, se destacó que la doble criminalización se da principalmente por la profunda deficiencia de responsabilidad e impunidad con la que actúa la mayor parte de las autoridades en el Sistema de Justicia Penal, así como la utilización de herramientas medievales para los procesos de investigación de los casos, “¿cómo es posible que se determine un hecho en el expediente, a partir de una prueba que se usaba en la época medieval? (el pulmón es colocado en una cubeta con agua, si flota es señal de que el producto/feto estaba vivo cuando nació), de hecho se usaba cuando las mujeres eran acusadas de brujas”. Este tipo de prueba, llamada galeana, se usó -y se sigue utilizando- en el proceso de investigación de mujeres que abortan, sin embargo, no se considera una prueba científica que pueda dar la evidencia certera.
“Esta doble criminalización se da porque el Sistema de Justicia Penal en el país y en casi todo el mundo está colapsado”, todo el ambiente del sistema está estigmatizado con una gran carga de prejuicios personales, lo cual hace que ningún expediente penal, al menos los más conocidos como el caso de la francesa Florence Cassez, esté medianamente bien armado con una historia coherente de cómo sucedieron los hechos y de cómo se averiguaron, además de la inexistencia de los derechos penales.
El sistema, además, se inserta en un contexto político y social que es profundamente discriminatorio, a pesar de los avances que se han observado en materia de igualdad de género -ejemplificando con la frase chicharrón de puerca y puerco, de Martha Sahagún-, la población aún no explota el tema porque los prejuicios no la deja avanzar.
Entonces, el debate sobre el aborto no es sólo sobre un tema específico, sino que va, de la raíz de la igualdad de género hacia los derechos humanos y propiedad de su cuerpo como mujeres, “mientras las mujeres no sean la últimas decisoras de su cuerpo, no podemos hablar de igualdad sustantiva”.
Verónica Cruz aclaró que después de dos años de lucha en Guanajuato y Guerrero para liberar a esas nueve mujeres, encontraron que más allá de criminalizar el aborto o el supuesto homicidio, los actores que tuvieron que ver en los procesos desde la denuncia hasta la sentencias, criminalizaban la infidelidad de las mujeres, “en vez de dizque procurar la vida de ese producto, criminalizaban el ejercicio de la sexualidad de las mujeres y, peor aún, una negación al placer en el ejercicio de ella”, lo que llevó a juzgarlas bajo sus prejuicios moralistas, misóginos y machistas, donde incluso hasta los hombres que embarazaron a las afectadas fungieron como testigos en contra, indicando que ellas eran las “facilotas” y que como hombres no podían resistirse.
“Simplemente con ver los expedientes se puede observar esa gran brutalidad de cómo esta cultura machista criminaliza, estos estereotipos son los que tienen a las mujeres inocentes encerradas”.
Aunque reconoció que al crear esta agrupación se pensó que la criminalización de las mujeres por este concepto se daba sólo en Guanajuato, al ir investigando encontraron que más de 700 mujeres en todo el país son criminalizadas por aborto, “en realidad sólo destapamos el hoyo negro que desconocíamos y nos deja con un largo camino por recorrer”. Para el 2010 se registraban 39 mujeres con un proceso judicial abierto por abortar en Puebla, más dos en Michoacán y una más en Querétaro; hasta el 2013, otras organizaciones civiles trabajaban 25 casos más en Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
En la constitución mexicana, a diferencia de los marcos legales de todo el mundo, se habla del derecho a decidir en el número de los hijos de manera explícita; también se destacó por Madrazo Lajous que este país fue vanguardista en insertar los derechos a la interrupción legal del embarazo en códigos penales en los años 20 y en los 70, sin embargo, no se ha logrado hasta la fecha que la Corte se pronuncie explícitamente, “sin pelos en la lengua”, que las mujeres tienen derecho a decidir la interrupción legal del embarazo al menos en un cierto periodo de gestación”. Ni tampoco se ha refinado cuál será el contenido de los derechos sexuales y reproductivos.
Cruz señaló que a pesar de que los gobiernos deberían ser los mejores aliados en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, la realidad es que al menos en la lucha de Las Libres, han sido los peores enemigos, “los gobiernos ven a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres como una amenaza, porque les recordamos a las mujeres que tienen derecho a exigir sus derechos”, dejando vulnerables sus políticas machistas y sin perspectiva de género.
En estos 14 años de trabajo del Centro Las Libres A.C., la presión social ha sido su más íntimo acompañante. Se ha logrado que la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres traiga consigo un acompañamiento social, que ha hecho que las autoridades respondan de una manera más rápida y con resultados positivos hacia la afectada.
El documental Las libres, la historia después de… plasma la injusticia e impotencia que vivió Ofelia Segura, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas, Virginia Cruz y Adriana Manzanares; esta última, privada de su libertad durante siete años nueve meses y tres días, por un supuesto “homicidio en razón de parentesco”, ya que a los siete meses de embarazo sufrió un parto prematuro por la muerte del feto dentro del vientre.
Este caso fue de los más sonados en todo el país, pues se trató de una mujer indígena tlapaneca, originaria de Camalote, una comunidad ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero; al ser a acusada por su padre (comisario ejidal) por adulterio y aborto, la comunidad se constituyó en una asamblea popular para acusarla bajo sus tradiciones; señalada, apedreada, escupida e insultada durante días en plena plazuela. Posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público de Ayutla, donde se le obligó a rendir declaración cuando ni siquiera comprendía las acusaciones, ya que no sabía hablar español.
Adriana Manzares fue sentenciada en primera instancia a 27 años de prisión, pero gracias a diferentes asociaciones civiles, incluyendo a Las Libres, se logró en segunda instancia que su pena fuera reducida a 22 años, siendo recluida en el penal de Chilpancingo; “tras un largo trabajo de años y años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo por unanimidad de votos de los ministros integrantes de la primera sala, ordenando su inmediata libertad”.
Centro Las Libres A.C. agradeció al CIDE su fiel apoyo durante estos 14 años de lucha por los derechos de las mujeres, indicando que a pesar de los obstáculos causados por el poder (político y eclesiástico), no han dudado en apoyarlas con abogados y especialistas en la materia.
Las Libres presentarán el documental en todo el país, en busca de abrir el debate en la población mexicana y en las autoridades tanto estatales como federales, para que bajo presión se logre reformar el marco legal federal y se abra la oportunidad de que las mujeres decidan sobre su cuerpo.
