En México la búsqueda de la transformación y trascendencia continuará su rumbo. Los resultados de equidad, justicia y progreso tendrán que esperar y el avance será sin duda alguna más lento. Pensar en un retroceso social sería irresponsable, sin embargo, los retos que nuestro país necesita superar siguen siendo desafiantes.
La fragilidad de las instituciones mexicanas era sin duda uno de los temas primordiales de atender en una nueva República, aunque nada está dicho aún, al no haber culminado el proceso electoral, dentro de la agenda de partidos políticos, legislaturas locales y federales deberá estar el rescate institucional del estado mexicano.
La crisis de identidad y nacionalismo ha alcanzado y contaminado a las instituciones mexicanas y ése deberá ser el principal punto de acción de las siguientes administraciones, porque ignorar el declive sería desastroso. Nos encontramos como espectadores y poco actores de una serie sin precedentes de infortunios, muertes y violencia.
Hoy la riqueza de los mexicanos se encuentra en el punto de acción o no retorno. Las instancias que deberían de ser para atender las necesidades ciudadanas ya no son capaces de cumplir dicha función, las han hundido en deudas y corrupción y los paganos seguimos siendo los contribuyentes más pequeños.
El IMSS, por ejemplo, vive una profunda crisis que ha sido generada por la voracidad de quienes lo han dirigido y los líderes sindicalistas que han utilizado los recursos de esa institución como caja chica de gastos superfluos. El IMSS es visto como una carga fiscal monstruosa para la sociedad, las pensiones que se pagan a los ex trabajadores de la institución, así como las prestaciones que se cubren a su sindicato constituyen una hemorragia impagable del erario público. Sin embargo, absurdamente el director general del IMSS percibe como sueldo alrededor de 300 mil pesos mensuales, mientras que una secretaría de base no percibe más allá de 7 mil pesos al mes, es decir, una escandalosa diferencia de 31.5 veces más ingresos entre quien dirige la institución y quien hace el trabajo directo con la sociedad.
El déficit de sus finanzas equivale a casi 5.6 por ciento el PIB nacional. Lo terrible es la misma cantidad que manejan las Afore, negocio que fue prácticamente regalado a los banqueros y a las aseguradoras; sectores que dieron origen por su codicia, corrupción y cinismo. Los ingresos del Instituto están determinados por la cantidad de trabajadores y patrones registrados, y resulta ridículo pretender que haya solvencia financiera cuando más del 28 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad y cuando en números absolutos representa una masa de casi 13 millones de personas, cifra casi similar al número de afiliados al IMSS que no ha logrado llegar a 15 millones.
Otras instituciones asoladas por las malas administraciones son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ambas presentan una serie de desfalcos, deudas y boquetes económicos multimillonarios y sus números rojos atentan contra la estabilidad de la economía mexicana y de mantenerse con esa inercia, tendrán que desaparecer, privatizarse y quedar a expensas del costo de mercados internacionales, siendo que nosotros somos productores.
Las pérdidas en las paraestatales forman parte del sustento financiero de la administración federal, afectan a las estatales en sus participaciones y frenan programas de desarrollo municipal.
A dichas canalladas gubernamentales, las administraciones han tratado de colocar parches y generar cortinas de humo para tapar su ineptitud, como la maquillada y mediática desaparición de Luz y Fuerza del Centro, hace poco más de dos años, con el argumento de que era un organismo ineficiente, pues reportaba pérdidas de 20 mil millones de pesos; argumento contradictorio cuando hoy la CFE tiene pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos.
El caso de Pemex no es distinto, incluso su panorama podría ser más desastroso por la dependencia de nuestra economía a su manejo, ya que la paraestatal ha sido utilizada como fuente permanente de recursos que no van destinados al desarrollo del país y sometida a un régimen fiscal que ha afectado la capacidad de producción. Tiene un abandono en modernización y desarrollo de infraestructura alarmante, convirtiéndola en una simple llenadora de barriles y dejando lejos la posibilidad de ser productora de combustibles.
La petrolera tiene una producción menor año con año. El principal yacimiento, Cantarell, el que financió la mayor parte de los ingresos públicos desde la década de los 70, reportó en 2010 una caída de 18.5 por ciento anual, con una pobre producción de 558,000 barriles diarios, pese a que apenas un año antes se contaban hasta 685,000. Aun y teniendo el reporte de un declive inminente en la producción, los directivos de Pemex y el Gobierno Federal enfocaron los recursos de los excedentes en gastos absurdos, pago de deudas con interés millonarios y para tapar boquetes fiscales de la paraestatal.
La deuda total de Pemex al final de 2011 ascendió a 55 mil 951 millones de dólares, el monto más elevado en la historia reciente, y se espera que suba a más de 59 mil millones de dólares al concluir el presente año.
Estas son sólo algunas ejemplificaciones de las condiciones adversas que atraviesan las instituciones en México. Esas instituciones en las que está sostenida la económica nacional y el progreso de la ciudadanía. La búsqueda de soluciones mediante la instauración de una nueva República y distintas formas de gobierno no es una ocurrencia ni un capricho de poder.
Desgraciadamente México apenas está saliendo del sometimiento de consciencias por hambre y miedo y sigue cayendo en el tentador negocio de la prostitución electoral.
El maestro Juan Ramón de la Fuente hace casi un año exteriorizó que, la actual, “más bien se trata de una clase política que desea conservar el poder y no de realizar acciones por el bien común”. Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, dijo: “un pueblo sometido puede elegir un tirano en tanto que un pueblo libre elegirá a un libertador”.
