- Exasesor del Consejo General del IFE considera que en general las reformas estructurales no responden a un problema público sino son un juego entre legisladores
- Lo único rescatable es la generación del servicio profesional electoral nacional y la separación de la instancia judicial electoral de la administrativa en el estado
Son ya poco más de cinco meses desde que se aprobó la Reforma Político Electoral a nivel constitucional y apenas más de un mes que se aprobaron las leyes secundarias de la misma, que dan contenido y fundamentan su incorporación al sistema político y electoral del país, generando desde la perspectiva de los especialistas, claroscuros que serán resueltos a la marcha y a través de su implementación en los procesos electorales venideros.
Al respecto cuestionamos al politólogo Adán Baca Morales, profesor investigador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), quien detalló los principales elementos de la modificación constitucional, destacando que en lo general al igual que el resto de las reformas denominadas “estructurales”, no responde a un problema público determinado sino que es el producto de un juego entre los legisladores.
Baca Morales refirió que en el caso de las candidaturas independientes, que se aprobaran en 2012 pero tuvieran su andamiaje apenas el presente año, los requisitos para su implementación son incumplibles, ya que difícilmente alguna persona podrá contar con los recursos y el apoyo para solventarlos, a diferencia de una organización política.
Criticó que los requisitos se fundamenten en la necesidad de quedar exentos de aspiraciones por parte de grupos delincuenciales, y señaló que los narcotraficantes no necesitan candidaturas independientes porque ya se encuentran dentro de los partidos políticos existentes. Por el contrario, adujo, los requisitos cierran el acceso a los cargos públicos, ya que de generarse un liderazgo independiente, fuerte, este pudiera luego conformar una fuerza política para constituir un nuevo partido.
Recordó que los partidos surgieron desde la sociedad civil hace más de cien años, y durante dicho periodo se han separado de la misma, llegando a incorporarse directamente al estado, y dejando de lado su función como promotores de las demandas sociales o bien intermediarios entre la sociedad civil y el estado. Ello, dijo, pudiera ser el argumento para la incorporación de las candidaturas independientes, sin embargo estableció que existen casos lamentables como el del expresidente municipal de San Blas en Nayarit, que declarara que había robado pero sólo un poco. Añadió que razones como ésta pervierten las aspiraciones.
Por otro lado habló de los casos de Quintana Roo y Zacatecas donde se obtuvieron triunfos por parte de los independientes, lo que aseveró, está condicionado por el número de electores en la demarcación y agregó que habrá que estudiar el costo que tiene un triunfo de un independiente respecto un candidato de partido, que significa más recursos, mientras que el primero se enfrenta a un partido que se quiere constituir como única opción, pretendiendo obtener legitimidad sin permitir la entrada a personajes externos.
Con referencia al umbral del tres por ciento, el también exconsejero distrital del Instituto Estatal Electoral, dio a conocer que existe un desconocimiento por parte de los legisladores al respecto, y habló de la nula deliberación en los congresos. Destacó que dicho planteamiento surgió en Alemania para impedir el arribo al poder de grupos extremistas, cuestión que dijo, no existe en México, y en lugar de ello, un aumento de esa forma cierra el paso a expresiones genuinas de la sociedad civil. Además estableció que los umbrales se manejan discrecionalmente y advirtió que es mentira que la respuesta a los problemas esté en la existencia de dos partidos, justificando que el problema no es el número de partidos sino la calidad y subrayando “debe haber tantos partidos como sea necesario para representar a todas las voces”.
Entre otras cosas calificó como un cambio al nombre de la ventanilla, la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE), afirmando que se da una mayor centralización, que no garantiza procesos electorales limpios e imparciales, al encontrarse el Consejo General del órgano, integrado por cuotas de partidos. Aunado a ello explicó que la designación de consejeros locales por parte del INE no garantiza que sea la correcta, ya que el proceso se realiza de manera velada, donde nadie puede conocer si en realidad ameritaba arribar al cargo y la evaluación que recibió, pero contrastó que habrá que esperar la forma en la que se lleva a cabo dicho proceso para observar el trabajo que lleva a cabo el INE.
Como saldo positivo, calificó la instalación del servicio profesional electoral nacional, además de la separación entre la instancia judicial electoral y administrativa en el estado, recordando la necesidad de un tribunal con autonomía que garantice que los procesos confiables que se resuelvan a nivel estado y no tengan que recurrir a todas las instancias.
En lo concerniente a la reelección de legisladores y alcaldes, el exasesor del Consejo General del IFE lamentó que su aprobación premia el construir carreras políticas con el uso de recursos públicos y cuestionó quién de los liderazgos actuales estaría donde está sin recursos públicos tan exagerados con los que han contado. Rechazó que la profesionalización sea la justificación, y enfatizó que la no reelección permitiría oxigenar los espacios y construcción de liderazgos. Ejemplificó con el caso estadounidense, donde dijo, ahí saben que votan por élites, pero en el caso de México hacen pensar que es por la profesionalización, cuando en cambio, se busca instalar a la misma clase política de siempre. Manifestó que la reelección se encuentra beneficiada por la campaña de dádivas del Gobierno Federal a través de la operación política de las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acción que calificó como una compra anticipada del voto.
La recurrente crítica acerca de no haber tomado en cuenta la ley secundaria del artículo 134 constitucional, que establece la regulación de la propaganda gubernamental, fue un tema que abordó al referir que sigue estando pendiente desde hace siete u ocho años, ya que los ciudadanos están cansados de campañas permanentes por parte de los gobiernos, que incumplen con la regla de sólo promoverse un determinado tiempo antes y después de sus informes anuales, teniendo claros ejemplos del abuso y dispendio en promoción, como el caso de los gobernadores con aspiraciones futuras como el de Chiapas, Puebla, Jalisco y el Estado de México.
Por otro lado al ser cuestionado acerca del intento de implementar las elecciones concurrentes entre estado y federación, Baca Morales advirtió que ésta genera una bomba de información y negó que garantice procesos más baratos. Estableció que el elector se someterá a un proceso de desinformación donde se supedite la agenda local a la nacional dada la penetración de la estrategia mediática y el número de propaganda de uno u otro nivel. Señaló que disminuye la racionalidad porque no permite al elector identificar entre los problemas locales y nacionales, saturándolo de información y campañas carentes de contenido.
Finalmente subrayó que la reforma pretende arreglar algo que no estaba descompuesto y aclaró que el problema sigue siendo la corrupción en todos los niveles, donde los partidos debieran establecer castigos, pero no lo hacen porque resultaría una afectación a los mismos.
