El gobierno de la república ha aplicado en Michoacán una estrategia de seguridad ciudadana y promoción económica sustentada en “la razón del Estado”, que en términos de Maquiavelo y Richelieu, consiste en tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad del Estado; en aplicar un mal menor para evitar un mal mayor. La estrategia consiste en poner orden.
La estrategia para la desmovilización de las autodefensas de Michoacán diseñada por el exasesor en seguridad nacional del Presidente Peña Nieto, el exgeneral de policía colombiano, Óscar Naranjo, tiene similitud con la operada por el Presidente Álvaro Uribe, quien en 2006 obtuvo un gran éxito al desmembrar al grupo armado denominado “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) que había nacido en 1990 financiado por productores rurales, con el objeto de combatir a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que los extorsionaban impunemente ante la incapacidad del gobierno para brindarle seguridad en diversas regiones del país. Finalmente, las AUC se corrompieron y algunos de sus miembros fueron detenidos acusados de ser narcotraficantes y extorsionadores y luego extraditados a los Estados Unidos de América para ser juzgados por sus actos criminales.
En el estado de Michoacán prevalece una especie de “Estado fallido”. Durante más de 14 años la Entidad ha padecido ingobernabilidad, y la delincuencia organizada ilícitamente se enriqueció a base de extorsiones y muertes. La inseguridad ciudadana apareció debido a la incapacidad y complicidad de los funcionarios del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2001-2008, PRD); Leonel Godoy Rangel (2008-2012, PRD); y Fausto Vallejo (2012-2014, PRI); Jesús Reyna García (interino 2012-2013, PRI); Salvador Jara Guerrero (sustituto junio 2014-2015, ciudadano). Algunos de ellos fueron omisos en la aplicación estricta de la Ley, y en otros casos cómplices de la delincuencia generando corrupción policiaca y judicial que ha provocado la muerte de miles de personas y la quiebra de la economía local.
Ante el escenario de ingobernabilidad, el gobernador Fausto Vallejo solicitó la intervención legítima del gobierno federal para cumplir con ese propósito y solicitó licencia a su cargo constitucional. La intervención del gobierno de la república en Michoacán a partir de enero de 2014, ha estado plenamente justificada, y el operativo policiaco a cargo del Comisionado para la Seguridad ha resultado exitoso a pesar de no estar exento de recientes injusticias cometidas contra ciudadanos que por años se hartaron de la incapacidad del Estado y tomaron las armas para proteger su seguridad y patrimonio; como ejemplo, la detención que hoy sufre el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien es una víctima de su propia pasión.
Mireles Valverde, el héroe de Tepalcatepec y fundador de las autodefensas en el Estado de Michoacán en compañía de 82 de sus seguidores fue detenido el pasado viernes 27 de junio en la localidad de la Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, justo y cuando anunciaba que avanzaría al frente de su grupo de autodefensas hasta la Ciudad de Morelia para exigirle al nuevo gobernador, Salvador Jara Guerrero, mayores garantías de seguridad para las regiones en conflicto. El gastado argumento legal esgrimido por las autoridades judiciales en contra de Mireles Valverde, es la portación de armas de uso exclusivo del ejército.
Así las cosas, el “rebelde” de Buenavista, quien finalmente se negó a registrar sus armas y a formar parte de la policía rural, deberá pasar un buen tiempo tras las rejas de algún penal federal expiando sus pecados por tomar las armas para defenderse de los extorsionadores protegidos por las autoridades judiciales y desconfiar siempre de las autoridades federales y estatales.
En Michoacán, algunos líderes del movimiento social de autodefensas ya habían previsto lo que le sucedería al médico Mireles, y él también conocía las consecuencias de sus actos pues él ha sobrevivido a la caída de la avioneta en la que viajaba el 4 de enero de 2014, accidente en el que han muerto el copiloto y el piloto de la aeronave, y una mujer que él mismo reconoce como su novia y que lo acompañaba aquel día.
El doctor Mireles hizo caso omiso a las advertencias de un antiguo aliado, Estanislao Beltrán, alias “Papá Pitufo”, quien encabeza a los grupos de autodefensas “institucionalizados”, acordados desde el 27 de enero entre el gobernador Fausto Vallejo y el gobierno federal a través del comisionado Alfredo Castillo. José Manuel, desconfiado como nadie, acusó a Papá Pitufo de concentrarse en desarmar al movimiento social de las autodefensas y de olvidar su compromiso de perseguir al cártel de los Caballeros Templarios. Mireles afirma que su exguardaespaldas ha traicionado al movimiento social, y que sus “sicarios” reclutados como policías rurales desde el 11 de mayo de 2014, sólo persiguen a las autodefensas del pueblo michoacano.
Algunos analistas sostienen que Mireles ha perdido la cabeza; que su raciocinio se extravió desde el momento en que su movimiento social rebasó los límites de sensatez y fuera de sintonía cuando decidió confrontarse con Miguel Ángel Osorio, Secretario de Gobernación y desconoció al Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo. En otras palabras, “enloqueció”.
A partir del 28 de mayo, al dar a conocer la formación del “Movimiento Nacional de Autodefensas Ciudadanas (MONAC)” durante el primer encuentro nacional del Polifórum Siqueiros de la Ciudad de México, Mireles radicalizó el movimiento al proponer la conformación de una Guardia Nacional que integre a las autodefensas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Guerrero y Michoacán para pedir a las autoridades seguridad pública y garantizar la impartición de la justicia.
Con aquél acto del Polifórum, Mireles Valverde también dio comienzo a una estrategia política para postularse a un cargo de elección popular en los próximos comicios federales. Debemos considerar que ya participó en un proceso interno del PRD en 2008 para postularse como candidato a diputado federal pero en aquella ocasión no alcanzó su propósito. Sus actos radicales lo ubican como un luchador social extremista y no conveniente para la pacificación de la región michoacana.
Lo que es indudable es que el doctor Mireles ha despertado grandes simpatías entre gente ajena al conflicto en todo el país y en el extranjero. El arrojo que ha demostrado al confrontarse con los líderes del cártel de los Caballeros Templarios le ha ganado miles de seguidores; entre otros los grupos de migrantes radicados en los Estados Unidos de América quienes remiten recursos para financiar las acciones de su movimiento y grupos religiosos defensores de los derechos humanos como el que encabeza el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López; y el padre Alejandro Solalinde; el Obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez; y el Padre Gregorio López Jerónimo “Padre Goyo”, sacerdote de Apatzingán.
A cinco meses de operación de la estrategia transversal del gobierno de la república que ha venido ejecutando a través del Plan Michoacán, ha tenido algunos resultados destacados como las muertes del sanguinario líder templario “Kike” Plancarte y de Nazario Moreno González, alias “El Chayo” cabeza del cártel de la Familia y hasta 2010 cuando se anunció su muerte por primera vez, líder de los templarios; la detención de un hijo de “La Tuta”; la detención del Alcalde de Aguililla Jesús Cruz Valencia, por ser miembro del cártel de los Caballeros Templarios; la detención y proceso del exgobernador interino Jesús Reyna acusado de ser parte del cártel de los Caballeros Templarios; la tersa sustitución del gobernador constitucional Fausto Vallejo, por motivos de salud; el desarme de los miembros de las autodefensas encabezados por el Estanislao Beltrán, alias El Papá Pitufo, y del líder Hipólito Mora, designados como policías rurales; y finalmente, el encarcelamiento del líder moral de las autodefensas José Manuel Mireles, en un penal federal.
El comisionado Castillo aún tiene asuntos pendientes en Michoacán; entre otros, la detención del máximo líder del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, alias “La Tuta”; la identificación y detención de los grupos criminales que protegen a los traficantes de mineral de hierro que se extrae de forma ilegal en los municipios de la costa de Michoacán y que tienen su centro de operaciones en la localidad de la Mira del puerto de Lázaro Cárdenas; los incontables extorsionadores que cobran cuotas y derechos de piso a los exportadores de Melón, Limón y Aguacate; la reactivación de la actividad económica en la región costera; y sobre todo, la próxima selección de los candidatos a diputados federales en Michoacán, que para garantizar su no obediencia a grupos criminales, deberá pasar por la postulación de candidaturas únicas en cada uno de los distritos. Es decir, por la cancelación de facto, del proceso democrático interno de los partidos, en cuyo pacto político previo, los distritos electorales serían previamente asignados a representantes de los partidos políticos contendientes, que irían a los comicios sólo a legitimar su designación.
@davidperezcall1
