- Se comprobó que policías estatales y municipales las llevaron durante la Feria
- Los generales Hidalgo Eddy y Godínez Hernández ya fueron llamados a prohibir los aparatos
Los generales Eugenio Hidalgo Eddy y Pablo Godínez Hernández, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de la municipal, respectivamente, fueron apercibidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues se comprobó que agentes de ambas corporaciones portaban pistolas de descarga eléctrica.
Las dos primeras medidas cautelares -y hasta ayer únicas- emitidas este año tuvieron a dicho artículo como protagonista.
Mediante “inspección ocular”, dicen los documentos disponibles en transparencia de gobierno, se constató la presencia de varios artículos en un evento de cortes masivos:
En oficio emitido el 29 de abril se expone que “en fechas 17, 23, y 24 de abril de 2014 se han estado realizando revisiones al área de las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos y zonas aledañas, donde se ha observado que los elementos de seguridad pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, portan instrumentos de descargas eléctricas que son utilizadas para reprender a los ciudadanos”.
Hidalgo Eddy recibió una medida cautelar muy parecida el 12 de mayo. A los dos funcionarios se les dijo que las pistolas generaban un ambiente de amenaza e intimidación hacia el ciudadano.
Tanto a Eddy como a Godínez se les solicitó girar “las instrucciones necesarias a efecto de que se inicie de inmediato la eliminación de esos instrumentos generadores de descargas eléctricas, y se haga del conocimiento de todos los integrantes encargados de la seguridad pública del estado de Aguascalientes la prohibición de uso de las mismas”.
El ombudsman Eduardo Martín Jáuregui también les indicó que deberían entregarle un oficio donde constara que aquellas observaciones habían llegado al personal a su cargo.
Si bien se dijo que los generales atenderían el llamado, los oficios de respuesta no aparecen publicados en el portal de la comisión.
Desde 2010 y hasta principios de 2014, Omar Williams López Ovalle estuvo al frente de la CEDH.
Durante 2012 Williams firmó once recomendaciones. La última de estas fue enviada el 4 de octubre a Óscar González Mendivil, subprocurador Jurídico y de Control Interno de la Procuraduría de Justicia.
En ese documento se relataba lo acontecido el 3 de septiembre de 2010, cuando un ciudadano aseguró que entre las 10:00 y las 11:00 horas fue detenido por seis o siete encapuchados vestidos de civil, quienes lo trasladaron a un edificio que no logró ubicar, pues le cubrieron el rostro con un morral.
“En este lugar lo golpearon en el estómago, espalda, cabeza, le dieron toques de electricidad a la altura de la boca y a consecuencia de los mismos no escucha bien del oído izquierdo, que también presentó lesiones en oreja derecha, ambos brazos, tórax y rodillas”.
Cinco agentes investigadores de la Policía Ministerial participaron en la detención de un sujeto acusado por homicidio doloso calificado, todos negaron las imputaciones, presentaron sus “informes justificativos” y, al final de la investigación, ninguno fue hallado culpable por las lesiones, ya que el ofendido nunca pudo identificar a nadie.
Los resultados de dos exámenes médicos coincidieron. Sólo las descargas eléctricas provocaron múltiples hematomas en la lengua y un edema en el labio inferior.
En las medidas cautelares enviadas a Hidalgo y a Godínez se cita el Protocolo de Estambul, cuyo párrafo 145 califica los choques eléctricos como un “acto de tortura”.
La CEDH cerró estas comunicaciones de la siguiente manera: “A través de próximas inspecciones que realizaremos, estaremos en posibilidad de observar el cumplimiento de la presente medida cautelar, realizando así el cotejo de lo recibido con la inspección ocular correspondiente”.
Pie de foto: Los aparatos de choque eléctrico amenazan e intimidad al ciudadano, concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos
