- El proceso será gradual dependiendo los delitos establecidos en el Código Penal
- Grupo parlamentario mixto exige no partidizar la educación por revanchas políticas
Debido a la asistencia de la mayoría de los legisladores a la Conferencia Permanente de Congresos Locales en Cancún, Quintana Roo, la sesión ordinaria de la semana fue efectuada la mañana de ayer con la asistencia de los 27 diputados de la LXII Legislatura.
Como lo indicó Jorge Varona Rodríguez la semana pasada, en la orden del día se destacó como primer punto de debate el dictamen de la Comisión de Justicia que contenía la iniciativa de abrogación del Código de Procedimientos Penales local, la reforma a los artículos primero y quinto transitorios así como la solicitud de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el régimen jurídico local y de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado.
Aunque fue presentada por el panista Leonardo Montañez Castro, la tribuna para la defensa del documento fue tomada por Luis Fernando Muñoz López, quien recordó que el sistema se sujeta a principio como el de presunción de inocencia y fortalece a las instituciones de procuración y administración de justicia, agilizando los procesos, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de conflictos y dotando de transparencia la impartición de justicia con audiencias públicas y orales.
Por ello se estableció que el Sistema Procesal Penal Acusatorio será incorporado en el siguiente orden: el 7 de noviembre del 2014 en el Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, para delitos de querella y patrimoniales no violentos; el 1 de mayo del 2015 en el mismo Partido Judicial para el resto de los delitos contemplados en el Código Penal; adicional a ello, en la misma fecha, en el quinto Partido Judicial con sede en Jesús María respecto a los delitos de querella y patrimoniales no violentos, y el resto de los delitos el 6 de noviembre del 2015.
El 27 de mayo del 2016 en el primero, segundo y cuarto Partidos Judiciales con sede en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos, respecto a la totalidad de los delitos contemplados en la citada norma. A su vez se fijó el 7 de septiembre del 2014 para que surta efecto la declaratoria de inicio de vigencia lo referido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que será el que regulará la forma y términos en que substanciarán los procedimientos penales en el estado.
“Estamos ante uno de los proyectos jurídicos más importantes de los últimos 100 años, de ahí la necesidad de que Aguascalientes participe con el mayor rigor y profesionalismo, adecuando las normas nacional a los requerimientos locales”. Añadió que una de las tareas más urgentes es la capacitación de los integrantes del Poder Judicial para que llegando el momento estén en condiciones de aplicar correctamente los nuevos ordenamientos. Por unanimidad de los presentes el documento fue votado a favor, aplaudiendo el trabajo administrativo y jurídico efectuado en la elaboración de esta homologación de normas.
Enseguida Juan Manuel Méndez Noriega, vocal de la Comisión de Educación y Cultura, detalló el dictamen sobre la iniciativa presentada por Gilberto Gutiérrez en materia de educación ambiental, la cual nació de las inquietudes del representante del Partido Verde Ecologista de México sobre la nueva Ley de Educación, pues a su consideración no había sido contemplada con la importancia necesaria la educación ambiental; se volvió a plantear la reforma que anteriormente se había aprobado y que nunca fue publicada, aunque con unas modificaciones para que se pudiera adecuar a la nueva ley. A nivel básico se pretende que en todas las instituciones se implementen centros de educación ambiental, se incrementen las áreas verdes y se cultive el cuidado del medio ambiente en los menores, así como la integración de libros de texto referentes al cuidado ambiental, el uso de tecnologías ambientales como dispositivos ahorradores de agua, calentadores solares o paneles solares, y un mayor control de la separación de basura. Al ser sometido a votación, las siete fuerzas políticas de la actual legislatura votaron a favor del dictamen reconociendo los faltantes que tenía la recién presentada Ley de Educación.
Desde la semana pasada, Sylvia Garfias presentó un punto de acuerdo a nombre del Partido Acción Nacional en donde se solicitaba al titular del Instituto de Educación a que informara las causas y motivos reales por las cuales se despidió al ahora exdirector de la Secundaria Técnica No. 1, Roberto Rincón Arellano, así como la exhortación a que se informara si existen otros ceses de esta naturaleza ya que en reunión con los manifestantes se le indicó a la promovente del punto de acuerdo, que hasta el momento se han despedido injustificadamente a cinco profesores y se encuentran analizando otros más para los próximos meses.
En sentido negativo, Francisco Ovalle a nombre del grupo parlamentario PRI-PVEM denunció que el PAN busca medrar con lo acontecido en la institución antes señalada por lo que, a pesar de reconocer que los trabajadores de la educación tienen la facultad de luchar por sus conquistas laborales, no accederán a que el tema se partidice ni se atiende en los medios de comunicación, sino con las autoridades correspondientes.
A ello, la promovente subió a tribuna en tono sarcástico habló sobre el valor de las palabras del priista por lo sucedido en campaña política y la supuesta narco casa. “En este caso específico donde se compromete la estabilidad de un plantel educativo no debería atenderse la exhibición ni culpabilidad, sino no dar transparencia y clarificar una decisión que ha creado una serie de eventos desafortunados, que se han conocido por la opinión pública a medias”. Asimismo denunció que el aparato gubernamental ha hecho llamadas de presión a los medios de comunicación para que el tema deje de aparecer entre su información diaria, “¿no que estamos a favor de la libertad de expresión?, por eso digo que debemos de ser coherentes, diputados”.
A pesar de lo dialogado en las reuniones con los manifestantes y autoridades del IEA, Garfias destacó que les ha causado ruido que en el oficio 000364, firmado por Francisco Chávez Rangel, expone razones del cese del director muy distintas a las indicadas en persona; la legisladora dio lectura a una parte del documento, que dice: “usted incurrió en falta de prioridad, en actos de violencia y malos tratos contra su superior jerárquico, usted mostró con su actuar una conducta poco decorosa; al encontrarse bajo los influjos del alcohol, atacó a la autoridad”. Explicó que el sentido de su punto de acuerdo iba más allá de actos partidistas, para atender la demanda de quienes se supone están representados en la legislatura.
A pesar de que su voto fue en sentido negativo, Oswaldo Rodríguez García hizo un llamado al Instituto de Educación a que actuara conforme a lo dispuesto en su reglamento y ley local, solicitando a sus compañeros panista que dejen seguir los cauces legales necesarios si es que hay elementos que fundamenten los ceses laborales, ello sin restricción alguna por temas partidistas ni revanchas políticas.
Después de un debate de casi media hora la votación fue en negativa por mayoría, entre los grupo parlamentarios del PRI-PVEM con 14 votos, Partido del Trabajo con un voto y Movimiento Ciudadano con un voto, registrando sólo once votos a favor.
Constantemente el público ovacionaba las participaciones del Revolucionario Institucional sin que el presidente de la mesa directiva pidiera silencio o, en caso contrario, retiro del recinto legislativo de quienes hacían el ruido, lo que nuevamente causó molestia en el grupo parlamentario de Acción Nacional.
En asuntos generales se efectuó la presentación de una iniciativa por parte de Martha Márquez sobre la búsqueda de incentivos fiscales a través del Impuesto Sobre la Nómina para el sector privado que contrate a personas mayores de 35 años. En su propuesta se destaca que los incentivos sean graduales y cada vez mayores conforme al segmento poblacional, “se iniciaría con un 15 por ciento sobre la base determinada en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Hacienda de Aguascalientes para las personas que van de los 35 a 40 años, 25 por ciento a quienes tengan de 41 a 45 años, 35 por ciento a los pertenecientes al grupo de 46 a 50 años, y 45 por ciento a los ciudadanos con 50 hasta 60 años.
