El arte de llegar a ser a partir del deber ser, es un acometimiento harto difícil y arduo. La verdad de esta palmaria declaración se manifiesta tanto en el ámbito personal como de las instituciones. Pasar de lo que cada persona concibe como un imperativo individual de deber ser, a ese específico ser en acto, es algo así como un salto al vacío, cambiar en el aire de un trapecio a otro. Para las instituciones, esta misma afirmación resulta aplicable. Una cosa es lo que el Derecho Positivo declara como deber ser de una institución como el gobierno de un país o de una ciudad, y otra cosa resulta ser la cruda realidad en que se convierte esa entidad.
En el México actual, y por tanto en el Aguascalientes que vive y colea, constatamos este salto mortal del cambio existencial. Es calidad y prerrogativa esencial del gobierno tripartito constitucional -Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial- el deber ser de gobernar ese todo que comprende a todos los ciudadanos y pobladores, oriundos o naturalizados, dentro de la geografía total del territorio nacional. Atribuciones de Ley que también lo son de la división federal como competencia de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal; escala ascendente que parte del ámbito más cercano a la gente que habita en un lugar determinado, sea urbano o rural, y cuya jurisdicción es creciente a un territorio determinado declarado constitucionalmente como tal, hasta comprender el territorio total de la Nación. Por ello se habla de un gobierno desde Lo Local hasta el mando supremo del país entero. Este bello y armonioso esquema institucional comprende el amplio abanico del ejercicio del poder público que nos debiera gobernar. Esquema que muy pronto se nos resquebraja en mil partecitas para plantearnos su reconstrucción a manera de un desafiante rompecabezas.
¿Qué nos pasó con ese tema de la gobernabilidad que tan de moda se nos puso en las décadas de los noventa y primera de los dos mil? Comenzamos a darnos cuenta de que no bastaba con jurar solemnemente el compromiso de gobernar con estricto apego y defensa de la Constitución Política vigente, sino de transformar ese ideal superior del bien público en un auténtico gobierno, en acto que, a falta de títulos nobiliarios o voces altisonantes, tuvimos a bien escuchar como actos de Buen Gobierno. La cosa no es gobernar a secas, dirían los retores políticos del tiempo, sino hacerlo con un buen gobierno. Notemos que esta simple declaración revela y desnuda su origen primordial en la Ética. Ciencia del deber ser, entendido como imperativo universal exigible a cualquier ser de razón, es decir, todo hombre y toda mujer.
Allí comienza la exigibilidad del acto de gobernar, y de hacerlo bien, simple y llano. Esta connotación ganó la atención mundial de todos los gobiernos constituidos de la época, cuantimás -dirían nuestras cariñosas abuelas- de aquellos que se dicen libres, soberanos y democráticos. “Pero viniendo al otro modo, cuando un ciudadano privado, no por perversidad u otra violencia intolerable, sino con el favor de sus conciudadanos se convierte en príncipe de su patria (el cual puede llamarse principado civil, no es necesario para llegar a él o total virtud o total fortuna, sino más bien una astucia afortunada), digo que asciende a este principado o con el favor del pueblo o con el de los grandes. Porque en toda ciudad se encuentran estos dos humores diversos; y nace de esto: que el pueblo desea no ser mandado ni oprimido por los grandes, y los grandes desean mandar y oprimir al pueblo, y de estos dos apetitos diversos nace en las ciudades uno de estos tres efectos: o principado, o libertad o licencia” (Maquiavelo, “De Principatibus”, edición bilingüe, Trillas-UAM, México. 1993. Pp. 162-163).
De manera que así se instaló el ansiado deseo o apetito de un gobierno del pueblo y para el pueblo, como rezan las constituciones políticas de las repúblicas liberales y democráticas que al día de hoy nos gobiernan. Pero, aun las cosas superiores se corrompen, y así vemos cómo a nivel decreciente los gobiernos se fueron convirtiendo en otros más bien miserables, tristemente más miserables, de ahí el adagio: “Corruptio optimi, pessima” (La corrupción de los mejores es la peor). Ante tal estado de cosas, tuvo que elevarse de nuevo la mira moral del planeta y se propuso la vuelta al principio del Buen Gobierno, como uno en donde priva la seguridad de todos los ciudadanos sin distingos de edad, sexo, pertenencia de grupo, condición social o clase; la eficiencia y eficacia administrativa, la transparencia, la equidad -también de género-, la rendición de cuentas al ciudadano y, desde luego, el manejo correcto y honesto a carta cabal del erario público. Un nuevo ideal que todo candidato a elección popular que se preciara debía invocar. Y así se hizo, pero, de nueva cuenta en los hechos, del dicho al hecho hubo mucho trecho.
¿Qué mala fortuna trastocó, distorsionó la prevalencia de nuestros gobiernos? Si me remonto a mi memoria social primaria, digamos en los años cincuenta del siglo pasado, nuestras mamás nos ordenaban ser precavidos con esos rudos malvivientes que llamaban “marihuanos”. Que no eran otros que obreros fabriles de baja escala laboral y que, en Aguascalientes, pertenecían a la fuerza de trabajo de los talleres del ferrocarril, de las textileras locales, de muebles cromados o mecapaleros de los mesones, también se incluían los “sardos” o soldados rasos que se inscribían a la Escuela de Guerra y no eran cadetes del Heroico Colegio Militar. Ese tipo social del marihuano era tenido como un vicioso, adicto también al alcohol; se les recriminaba su falta de respeto a las señoras y señoritas decentes de la ciudad, a las que espetaban estridentes y lujuriosos piropos, impropios de la gente de bien.
Ese caldo de cultivo social fue propicio, más tarde, a la conversión maleficiente del mero consumo, al negocio lucrativo del narcomenudeo, que luego creció a economía de escala no tan sólo de nivel local o nacional, sino también y sobre todo internacional. De ahí, ya conocemos la historia. Hoy tenemos poblaciones, ciudades enteras, estados, regiones del país sometidas al des-gobierno del crimen organizado, en aras de la exaltación del sexto poder globalizado que es el narcotráfico –auténtica nueva fracción del Capital-; y su secuela social con las autodefensas, como situación límite de una sociedad civil que se ve desnuda ante los cancerberos del régimen impuesto de la violencia, cruda, llana y simple. De manera que Estado y Buen Gobierno son categorías jurídico-políticas idealizadas de un estado de cosas que no están allí, al menos no del todo.
En suma, la muy noble y aspirada noción de Gobernanza, que a todo lo anterior incluiría el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad frente al horizonte del medio ambiente, amén de eficacia-eficiencia, seguridad ciudadana, paz pública, transparencia, rendición de cuentas, productividad, competitividad y atractividad de inversión, y sobre todo con gran mayúscula: participación ciudadana, por decir lo menos, está más remota que nunca, y por ahora sólo se enjuga en los labios de políticos de nuevo cuño y altos vuelos aspiracionales, aunque narcisistas. Por eso lo de “retor” viene a cuento y se hace más vitalmente urgente lo de “factor”. Tiene sentido la pregunta de Lenin: ¿Qué hacer?
