Cincuenta y nueve millones de personas en la economía informal. Escueta y contundente ha sido la declaración del Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Refleja así un severo problema socioeconómico en el país, pero de igual manera, así, asépticamente el funcionario, como tampoco nadie más, se hace responsable. Esto implica que en este país donde nos aferramos a la cobertura social solamente ligada a la actividad laboral -en vez de una cobertura universal-, la mitad de la población carecería de los servicios básicos de atención social. Pero para eso está “papá gobierno”.
El esfuerzo recaudador del gobierno -coinciden casi todos en el sector empresarial-, está ahogando con las recientes reformas fiscales la capacidad de generación de riqueza. Como ya se ha dicho en anteriores artículos de esta columna, si debido a la política económica adoptada desde hace treinta años ha bajado la productividad de las empresas locales, con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, se prevé que aumentará la precariedad laboral. Pero gracias a la benevolencia del gobierno, una enorme tajada de los ingresos tributarios que no se destinan para pagar adeudos al sistema bancario -tanto nacional como internacional- se destina como gasto público para programas asistenciales de “combate a la pobreza”.
El estudio “Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2010-2012” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), refleja que el 45.5% de la población presenta pobreza extrema o moderada y un 34.7% adicional sufre vulnerabilidad por carencias sociales o de ingresos. Es decir, 94.7 millones de personas, actualizando a datos de 2014, de entre los 118 millones de habitantes, sufre algún grado de pobreza o vulnerabilidad.
Gracias al “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” de la Secretaría de Desarrollo Social, millones de personas en condiciones de pobreza reciben la subvención gubernamental que les permitirá vivir un día más, un mes más, un año más, y quedar así: pobres, pero eternamente agradecidos a los funcionarios públicos. Con el “apagón analógico” que obliga a las emisoras televisivas a transmitir únicamente con señal digital, el benevolente gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dispone a regalar catorce millones de modernos aparatos de televisión digital a igual número de hogares, cubriendo así las necesidades de mantenerse somatizados electrónicamente al 44% de los hogares más pobres de los treinta y dos millones que en total existen en el país.
Para 2014 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuenta con un presupuesto de 127,697 millones de pesos para programas de atención a grupos vulnerables, para desarrollo de jóvenes, atención de niños, niñas y adolescentes, rescate de espacios públicos, combate a las adicciones y otros. De esa cantidad, sólo 689 millones, la mitad del 1%, se eroga a través de programas de coinversión social con Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya función es precisamente el desarrollo y apoyo a grupos vulnerables desde la ayuda mutua, las donaciones de particulares y el voluntariado. Antes de que existiera un gobierno tan dadivoso en lo social, durante la mayor parte de la vida del México independiente, fueron este tipo de instituciones las que se encargaron de cuidar a quienes lo necesitaban. Apenas una quinta parte del 1% se destina a Opciones Productivas, mientras que casi todo el presupuesto de la SEDESOL se destina a programas de carácter asistencialista que no favorecen la emancipación o empoderamiento de la población pobre o vulnerable, con lo que ésta podría salir de esa condición.
La práctica en toda la historia del sistema político mexicano ha forjado mentalmente a los funcionarios públicos -y con ello la estructura político-administrativa del gobierno federal, estatal y municipal- a adoptar la actitud de quien graciosa y discrecionalmente otorga permisos, licencias, dádivas, socorro, etc., a la sociedad civil. Cosa muy distinta es lo que en realidad demanda la población, que es ser atendida por la instancia gubernamental conforme a derechos.
La evidente falta de resultados positivos con el incremento de la pobreza y la dependencia social, en gran medida son producto del asistencialismo y de las decisiones gubernamentales que no han sido suficientemente consensuadas, como las recientes reformas fiscal, laboral, energética y de telecomunicaciones. El gobierno mandándose solo, y con una perspectiva de benevolencia casi monárquica hacia la población, no se siente obligado a responsabilizarse por sus actos si al concluir su mandato nos deja peor que como estábamos.
Para remontar los graves problemas socioeconómicos en los que hoy en día se encuentra entrampado el país, se requiere fomentar la participación de los ciudadanos para fortalecer la gobernanza. Ahora es indispensable y urgente desarrollar esquemas donde la sociedad civil coparticipe en la definición de políticas y presupuestos, así como llevando a los funcionarios a responsabilizarse plenamente con rendición de cuentas, transparencia y contraloría social.
Como Presidente electo, Enrique Peña Nieto aseguró ante la 1ª Cumbre Ciudadana en 2012 que en su administración se remontarían los tiempos donde el Gobierno señalaba los caminos y “decidía unilateralmente, lo mejor para el país”. Indicó que sería “el inicio de una nueva etapa de comunicación y entendimiento.”… “El Gobierno no puede ni debe hacerlo todo. La transformación de México sólo será posible con la activa participación de la sociedad”.
Es momento de recordarle al ciudadano presidente lo dicho y tomarle la palabra. La oportunidad puede ser los próximos 2 y 3 de junio de 2014 en la “Segunda Cumbre Ciudadana por los Derechos y las Libertades”. En esta ocasión, será en la Ciudad de Puebla en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Twitter: @jlgutierrez
