- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia trabaja bajo acciones del Ministerio Público y no de manera independiente
- La dependencia recibe 100 reportes de violencia hacia un menor al mes de los cuales más del 50% son reales
Por décadas la población ha creído que el sistema DIF está facultado por sí solo para “quitarle” a los niños a las personas que no se les considera como buenos padres, sin embargo la actuación del DIF en cada uno de los estados se dirige principalmente por una orden del Ministerio Público y las autoridades jurídicas.
Para casos de violencia física, sicológica o sexual en los menores de 0 a 17 años de edad existe la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la cual actúa fundándose en la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia del estado de Aguascalientes, derivada del artículo cuarto constitucional en el que establece como obligación para todos los estados, crear una dependencia encargada de velar por los derechos de los niños, a partir de ahí se le faculta al DIF con un procedimiento especial para atender los reportes de violencia a un menor.
En primera instancia la procuraduría analiza cada reporte para corroborar que sean verdaderos, una vez constatado el abuso se presenta la denuncia ante el Ministerio Público para que en caso de no contar con algún familiar externo a sus padres se proceda a retirar al menor y su colocación en un albergue público o privado.
Enseguida continúa el proceso especial en el cual el menor recibe apoyo médico, sicológico o educativo, mientras que a los padres de familia se escuchan y canalizan a las dependencias correspondientes una vez que se encuentre la razón de la violencia o falla familiar, a fin de poder reintegrar al menor con la familia una vez que los padres hayan adquirido las herramientas necesarias para hacerse cargo del menor.
En ocasiones el menor llega a comprender la violencia como un estado de vida “normal” haciendo el proceso más complicado pues no aceptan que sus tutores lo violentan sin razón, aquí los sicólogos trabajan con procedimientos especiales; en otros es lo contrario, sobre todo en los adolescentes, en donde por su capacidad de aprendizaje de la situación reciben una fuerte dosis de resentimiento hacia la familia limitándose a no querer reintegrarse en ella.
Según Silvia Méndez Mendoza, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, son contados los casos de esta naturaleza ya que la reincidencia de violencia, la mayoría física y sexual, es en menores de ocho años cuando el hijo no tiene aún la capacidad de percibir la violencia como anormal.
Los casos en donde el agresor se trata del padrastro es casi del 50% tomando en cuenta que de diez casos, cuatro son causados por un padrastro causado por el falso concepto de “como no eres mi hijo puedo hacerte lo que sea y no me importa”, aunque gracias a los medios de comunicación y el avance con el internet la información ha llegado a más jóvenes siendo un factor importante para que hablen y denuncien el abuso, sobre todo cuando llegan a la escuela y observan que hay personas con las que pueden confiar y hablar su situación.
Por ello la mayoría de las denuncias se hacen a través de las instituciones educativas, vecinos o amigos de los agredidos, ya que la funcionaria reconoció ser muy complicado para que la familia acepte por sí sola la existencia de violencia en casa, “al llegar el reporte, trabajo social comienza a detectar el caso y canalizarlo a sicología, quien marca el perfil y da inicio al tratamiento”.
Ahora bien, cuando el procedimiento regular no funciona y no se encuentra a algún familiar capaz de hacerse cargo del menor, la procuraduría solicita el proceso de pérdida de patria potestad para que sea un juez de lo familiar quien dictamine, una vez que la apruebe, la custodia del menor pasa a manos del DIF estatal para ser colocado en adopción. En los últimos tres años esta situación se ha dado en gran proporción, en promedio se reciben 180 demandas de pérdida de patria potestad al año de las cuales, en el último año, 65 ya se efectuaron con familias adoptivas; algunos con la misma familia, llámese tíos o abuelos pero en su mayoría terminan en casas nuevas por la gravedad de los casos.
Por mes, la Procuraduría recibe alrededor de 100 reportes de violencia hacia un menor de los cuales se confirman 60 como mínimo, “es raro que sean falsas pues lamentablemente en el estado sí hay mucho abuso hacia los niños sobre todo”, aunque en un 20% se tratan de situaciones en las que no se requiere retirar al menor, pues sólo se trata de casos sencillos como dejar al menor solo en casa sin observación de un adulto por muchas horas, o la que familia se encuentra en extrema pobreza. En ambos se les busca soluciones y orientación a los padres de familia pero no se le retira al menor.
A pesar de ser un trabajo pesado, largo y de mucha atención profesional, la Procuraduría como tal no tiene recursos propios sino que pertenece al mismo sistema DIF, sin embargo año con año, cada estado presenta un proyecto ante DIF nacional para recibir un recurso especial siempre y cuando el proyecto esté encaminado a proteger a los niños que se encuentren en situación de riesgo, para este 2014 Aguascalientes recibió un total de un millón 287 mil pesos, con los que trabajarán en los meses que restan del año junto con los once sicólogos con los que cuenta la Procuraduría y el apoyo de la Coordinación de Trabajo Social del DIF estatal.
Foto: Archivo LJA
