El pasado lunes 24 de marzo, el presidente de la república, Enrique Peña, envió al Congreso de la Unión, la iniciativa de leyes secundarias para la regulación de las telecomunicaciones; la iniciativa comprende la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, además de reformas a diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Todas ellas como consecuencia de la reforma constitucional de la materia, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y que tenía determinado que las leyes secundarias, que ahora recibe la Cámara de Senadores, fueran aprobadas, como fecha límite, el pasado 9 de diciembre de 2013.
El mismo día de la presentación de la iniciativa, los presidentes nacionales del PAN y del PRD, Cecilia Romero y Jesús Zambrano, en comunicado conjunto, rechazaron la iniciativa por considerar que no refleja el contenido de la reforma constitucional, y desconoce los avances logrados en la materia de telecomunicaciones. Mientras tanto, el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz, también en rueda de prensa, destacó los temas de la iniciativa, como la regulación asimétrica a agentes preponderantes, la obligación de concesionarios de contribuir con la justicia mediante la intervención de llamadas o el bloqueo de señales en reclusorios, el procedimiento para la desagregación de red de preponderantes, entre otros puntos. Asimismo, indicó que para el ejecutivo federal es indispensable seguir influyendo en materia de contenidos, por lo que la secretaría de gobernación tendrá que coordinarse con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, para supervisar contenidos dirigidos a menores de edad (LJ, 25 marzo).
En los días siguientes, a través de los medios de comunicación, conocimos con precisión los puntos objetados de la iniciativa, por no apegarse a lo establecido en la constitución; uno de los más señalados por actores políticos, es el siguiente: el otorgamiento de concesiones y su regulación, son responsabilidad constitucional del instituto -la secretaría de comunicaciones y transportes participa emitiendo opinión técnica, no vinculante-, y la iniciativa propone que intervenga la secretaría de gobernación. Además, el artículo 9 de la ley propuesta, abre otros espacios de intervención a esa secretaría, que son exclusivos del instituto, como son los contenidos y la regulación del espectro radioeléctrico.
No obstante las precisiones marcadas por los expertos y conocedores, así como por actores políticos partidistas, en el sentido de que la iniciativa regresa las telecomunicaciones al estado anterior de la reforma constitucional, el secretario de comunicaciones y transportes agrega que el contenido de la iniciativa de regulación secundaria, sigue y cumple estrictamente con la filosofía de la reforma constitucional.
En este momento surgen varias preguntas ¿por qué el gobierno del presidente Peña cambia, ostensiblemente, el sentido de la constitución, enviando una iniciativa de ley que deja de lado los avances?, ¿por qué el secretario Ruiz sostiene que no existen diferencias entre la iniciativa de ley y la constitución, cuando están a la vista?
La respuesta que puede caber en este contexto, redundaría en el señalamiento de la forma de hacer gobierno del PRI; es una forma que se maneja entre la manipulación y el engaño, y que su constante se basa en decir a los ciudadanos que ‘no crean lo que ven, sino que crean lo que les decimos’. Es, ciertamente, una forma con la que los ciudadanos tenemos que interactuar, ya que, al estar en los gobiernos, ya sea en el nivel federal o estatal, es porque ganaron una elección, y, consecuentemente, están ejerciendo un mandato que deben cumplir, y, también, con el que, como sociedad, tenemos que trabajar, con tolerancia y cooperación (lo cual no justifica ni le quita nada a dicha forma).
Parece ser ésta, la ocasión que destapa el fondo del juego político priista; la sugerencia de hacer un pacto por México la consideraron oportuna para darle marco al juego con los partidos políticos, para poder efectuar, ahora sí, las reformas que México requiere. Las reformas constitucionales avanzaron, en general, con agilidad, contando con los dos partidos en unas, y, en otras, sólo con uno de los dos; las amenazas de muerte del pacto que se han dado en el camino, no se han hecho efectivas, y el mecanismo del diálogo ha continuado.
Sin embargo, en esta ocasión las cosas están siendo diferentes; los dirigentes nacionales de ambos partidos se pronunciaron, inmediatamente, en contra de la iniciativa, el mismo día de su presentación. La duda entre los ciudadanos de la periferia de la información, fue que, todavía no era conocido en la opinión pública el contenido exacto de la iniciativa -no el que circuló en las semanas anteriores-, cuando los dirigentes partidistas estaban ya rechazando la iniciativa, circunstancia que se veía, más bien, como rijosidad de los dirigentes nacionales. Romero y Zambrano explicaron posteriormente: no están presentando lo que revisamos en la mesa de trabajo del pacto.
Lo riesgoso del juego priista es que estén considerando que todavía pueden actuar en la sociedad mexicana del siglo XXI, como lo hacían en el pasado. Entonces, ¿por qué se aventuran de esta forma? Nuevamente y de manera desafortunada -por lo recurrente-, la respuesta va en el sentido de que regresaron al poder presidencial gracias, precisamente, a las grandes empresas del sector de la radiodifusión, por lo que tienen dos necesidades para con ellas: el agradecimiento y favorecimiento para que sigan siendo hegemónicas, y, la retroalimentación de una imagen de buen gobierno (que es transparente en sus acciones), que esas empresas les proporcionan.
Será importante, en esta ocasión relevante, observar cómo se va a dar el juego: si las fuerzas políticas de oposición logran aprobar una ley congruente con la constitución, o, el gobierno y su partido sacan solos la iniciativa, apoyados en los partidos afines. También observaremos al pacto por México, ya que las telecomunicaciones se volvieron determinantes para el actual partido gobernante.
