Durante las últimas semanas hemos sido bombardeados por noticias, opiniones y comentarios acerca de recursos económicos -cuya cantidad puede llegar a mil millones de pesos, repartidos entre todos los partidos- que han sido asignados de manera directa, con la salvedad de que para que se le asignen a un estado o municipio deben dar una “comisión” -o “mochadas”, como se les conoce coloquialmente- que va del 20 al 35% y que esto se hace otorgando los contratos a empresas constructoras predeterminadas por ambas partes para que con un sobreprecio se puedan sacar estos márgenes o “comisiones”.
Lo anterior, desafortunadamente, no es una práctica nueva, pues de siempre se ha hablado de ello. Debo decirle que afortunadamente cuando gobernador nunca se me hizo ese tipo de ofrecimientos, por lo tanto no tuve la pena de negarme a ese tipo de corruptelas. También debo decirle que nunca he sabido de algún gobernador o presidente municipal que haya puesto una denuncia sobre esta práctica, pues tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata.
Todo esto de las “mochadas” se discute y se convierte en un escándalo mediático (sin denuncias), sin tomar en cuenta que de lo que se habla es de dinero de los impuestos de un pueblo que no ajusta el gasto por las nuevas alcabalas; por dinero de los impuestos que se pagan a pesar de la desaparición de miles de pequeños negocios. De un pago para un aparato burocrático mayor al de los países del primer mundo, con instancias como el órgano superior de fiscalización de la federación que no dice ni pío y que en medio de todo esto lo que más lastima a el pueblo es el cinismo con el que se conduce la clase política. Sin embargo la presión social puede terminar con una no deseable exasperación de la ciudadanía que en otros países ha acabado en violencia o en desánimo, pues se dan cuenta que por mucho que trabajen y se esfuercen, sus impuestos no se van a transformar en bienes para el bienestar general sino que terminarán en el bolsillo de los corruptos, sean del partido que sean.
La corrupción no la cometen las instituciones sino aquellos que abusan de ellas y de la credibilidad de la ciudadanía cuando apoya alguna candidatura propuesta por un instituto que a veces ignora los antecedentes, o las mañas, del candidato o del grupo que los lleva al poder.
La manera más práctica de poder determinar cuáles administraciones han caído en el chantaje o lo han propiciado, es que se revise qué constructores fueron las que realizaron las obras y con qué fondos fueron liquidadas las obras; si fueron los fondos federales conseguidos por legisladores o si fueron pagadas con el presupuesto local, y que peritos especializados, que tienen en cada zona y localidad, revisen lo que se pagó por el metro de construcción de cada obra. Así que si se quiere limpiar el nombre de los que han hecho obras honestamente y castigar a los que han abusado, ahí están las herramientas para determinarlo y que se acabe la impunidad y las complicidades.
Creo que por el bien de la tranquilidad y credibilidad del pueblo se debe de aclarar quiénes han incurrido en estas prácticas ilegales y castigárseles. No por cuestiones políticas sino por cuestiones de legalidad. Recordemos que a un ciudadano que no pague un mes sus impuestos, o la tenencia disfrazada, será embargado y multado sin ninguna consideración, y si es un vendedor ambulante hasta su mercancía le será decomisada y en el mayor de los casos no se le devolverá.
No se debe de abusar de un pueblo amante de la paz y tranquilidad, que no es sinónimo de “dejado”. Por el bien de todos, respetemos el marco legal. El Estado de Derecho nos garantiza a todos ser tratados con igualdad y respeto a nuestros derechos fundamentales, pero no nos lo pueden garantizar aquellos que han caído en corruptelas, nadie da lo que no tiene. Nadie puede impunemente corromperse o corromper aún a costa de perder la dignidad, que una vez que se pierde no se recupera jamás.
