Cada vez se habla más de la perspectiva de género (PEG) en la esfera pública de la política mexicana, y este 8 de marzo muchas personas, instituciones y medios de comunicación abordarán el tema, pues es el Día Internacional de las Mujeres; pero, ¿de qué trata esta visión?, ¿qué demonios significa la trans-ver-sa-li-za-ción de la perspectiva de género?, y ¿cómo se aplican estos modelos para re-educarnos a nosotras, personas lejos de la academia y la política formal? No se trata de sólo pronunciar palabras en masculino y femenino a la vez, como el lema de la ONU de este año “Igualdad para las mujeres: progreso para todas y todos”; ni tampoco se debe únicamente a buscar la misma cantidad de recursos materiales e inmateriales para hombres y mujeres biológicas, como el 50% de becas escolares para niños y el resto para niñas; sino que ofrece soluciones para erradicar, o al menos minimizar, los orígenes de las desigualdades por los que pensamos en cómo debe ser y qué debe hacer una mujer y un hombre, es decir: la división sexual.
Para explicarme retomo un ejemplo de la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Gisela Zaremberg, durante una clase en El Colegio de México: en una familia, el hijo ha estudiado sin interrupciones hasta primero de secundaria, pero a la hija no se le permitió continuar al terminar el sexto grado de primaria, para que haga el quehacer en el hogar y atendiera a su padre y hermano; después de tres años llegan políticos que aplican acciones con “PEG”, el hijo ha ingresado a la universidad, mientras que su hermana inicia la secundaria con un rezago educativo; la igualdad de oportunidades ha llegado tarde y no permitió solucionar la diferencia. Es por ello que las políticas gubernamentales deben ser previstas a corto plazo y adecuadas con base en un análisis profundo, como en el caso de las cuotas de género.
Al respecto, tras la reciente promulgación de las reformas político electorales, se retomó la iniciativa de Enrique Peña Nieto de que el 50% de las candidaturas a diputados y senadores de partidos políticos o coaliciones deben estar integradas por candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el restante del género opuesto, con lo que se aumentó la anterior cuota de mujeres candidatas que era de 40%; una reestructura que se aplaudió –con sus reservas- por simpatizantes del feminismo y la equidad de género. Sin embargo, durante el proceso se emitieron diversas críticas, se argumentó que al exigirse un número concreto de servidoras públicas, la experiencia y capacidad para desempeñar el cargo público pasaría a segundo término; pero ante esta idea, la pregunta es ¿no se tiene al interior de los partidos una amplia participación femenina?, si no es así, ¿por qué?, y si la hay, ¿tienen menos experiencia que los hombres?, ¿por qué? Éstas son algunas de las cuestiones que deben plantearse ante la generación de las leyes secundarias de la reforma política y electoral en México de las que se espera estén listas para el mes de julio; además de plantear mecanismos para evitar los casos de las llamadas “juanitas de San Lázaro”. Para dejar este tema, cuando la expresidenta municipal de la ciudad capital de Aguascalientes, Lorena Martínez, asumió la Procuraduría Federal del Consumidor, algunos grupos de oposición trataron de promover la idea de que sólo se deseaba cumplir con las cuotas en puestos de alta dirección en el gobierno federal; a pesar de que la procuradora cuenta con amplia trayectoria política, se considere buena o mala, además de haber mostrado una forma de gobernar con programas similares a los social demócratas europeos. Por el momento queda vigilar y evaluar las acciones de lo parece una ola de mujeres en el Congreso del Estado de Aguascalientes, como Lourdes Dávila, Sylvia Garfias y Anayeli Muñoz, así como la diputada federal Tere Jiménez Esquivel; ascensos que fueron posibles, entre varios hechos, por los avances en equidad de género en Aguascalientes, y aunque no por ser mujeres deben enarbolar una bandera feminista, sería lo ideal.
Por otra parte, después de las acciones por la expropiación y reapropiación del cuerpo femenino en Europa y Estados Unidos durante la segunda ola del feminismo (asignatura pendiente en México); grupos discursivos y militantes conceptualizaron la violencia sexual, conyugal, doméstica y se plantearon los inicios para la tipificación del feminicidio; lo cual se ha logrado en múltiples países y en nuestra entidad federativa. Por lo que el Estado, otras instituciones y organizaciones no gubernamentales deben aplicar mecanismos para monitorear, evaluar y sancionar estos actos que privan de la vida a una mujer a causa de las normas de género; a lo cual han mostrado temor algunas administraciones, como en el Estado de México, en donde se negó en varias ocasiones el declarar Alarma de Género durante 2013.
Ahora expliquemos de forma sencilla la diferencia entre una agresión y otra con agravio por cuestiones de género. Hace días se difundió en ciertos medios impresos los casos de tres hombres agresores, uno golpeó a puñetazos a su pareja y suegra; otro con residencia en la zona Centro de la ciudad capital golpeó a su esposa; y uno más, al molestarse por ver a su cónyuge platicar con un amigo, le golpeó el rostro, la arrojó contra la pared y le lesionó varios dedos, un hecho que ocurrió en Norias de Ojocaliente y que demuestra gran saña. En los casos se menciona el castigo de los hombres a las mujeres porque no acataron órdenes, por celos o por entrometerse en su papel como marido con total posesión. Es decir, para reconocer la violencia de género, que existe y se presenta en nuestro estado, se deben analizar a profundidad los casos. Una mujer puede ser atropellada por un autobús urbano y declararse accidente, pero esto cambia si se descubre que el chofer era su pareja y, días antes, la difunda trató de abandonarlo. Asimismo, deben estudiarse los mecanismos de violencia, pues es distinto que a una mujer se le asesine con una pistola o se le asfixia por una almohada, que ahorcarla con las manos, quemarla viva o arrojarle ácido; en los últimos tres casos, se prolonga el sufrimiento y se observa el acto, por lo que significa un homicidio con mayor dolo.
Si bien, en Aguascalientes se logró tipificar el feminicidio, se requiere que los medios de comunicación y oficinas de comunicación pública informen sobre los registros, sanciones y juicios para reeducar a la población. Al respecto, sería de celebrar que se instaurara un monitoreo del feminicidio y agresiones por razón de género y sexualidad, pues aunque el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y Gobernanza de la Universidad Autónoma de Aguascalientes rastrea algunos datos (como la tasa de violencia contra la mujer: 94.74 acciones violentas por cada 100 mil habitantes del sexo femenino en la capital), no se cuenta con el financiamiento externo necesario para incrementar los proyectos de investigación; por lo que sería un gran acierto que instituciones como la Procuraduría General de Justicia estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los DIF estatal y municipales, así como el Instituto Aguascalentense de las Mujeres soliciten la asesoría y generen acciones bilaterales con el Observatorio UAA, o bien, que las actuales mujeres en el poder legislativo a nivel federal y local, se acerquen para desarrollar un proyecto para beneficio del electorado, cuya mitad está conformada por mujeres, y ganar la simpatía de agrupaciones feministas, tanto militantes como académicas.
Sólo como nota, este 8 de marzo no regalemos flores y no tratemos de forma especial a las mujeres, reflexionemos y reconozcamos las desigualdades, e incluso nuestros actos de caballerosidad que parten de la idea de que una mujer es más débil y menos capaz que un hombre. Busquemos acciones para lograr la emancipación emocional y autonomía de los cuerpos femeninos y masculinos.
Twitter: @m_acevez
