Algo saben personas tan disímbolas como el académico Edgardo Buscaglia: “un estado con vacíos de poder”, dice de México de manera preocupada; el escritor Roberto Saviano, quien llama a Guzmán Loera “el Steve Jobs de la cocaína” (La Jornada, 25 de febrero de 2014), o el ex agente de la DEA Phil Jordan, quien afirma conocer informaciones diversas que documentan la protección que por años han disfrutado los cárteles a cambio de generosos financiamientos a diferentes políticos y campañas electorales en México (Univisión, 24 de febrero de 2014).
Todos expresan al unísono sus dudas y reservas sobre los efectos limitados de la detención puntual de famosos delincuentes al no atacarse al mismo tiempo el entorno de impunidad, opacidad y corrupción que hacen posible el surgimiento de poderosos cárteles multinacionales del crimen. Y no resulta nada fácil para la narrativa oficial explicar que mientras Rafael Caro Quintero salió caminando con un amparo bajo el brazo hace unos días; durante 13 años el aparato entero de seguridad y justicia fue incapaz de encontrar y detener a uno de los criminales más peligrosos del mundo. Eso sin contar con que jamás se esclareció la responsabilidad oficial en la fuga de 2001.
Fenómenos y cosas características de “estados fallidos”, llaman a estos y otros fenómenos algunos politólogos y diplomáticos estadounidenses expertos en temas mexicanos, como el ex embajador Carlos Pascual. El hecho es que al decir de todos estos y otros expertos, la publicitada detención de El Chapo -que por cierto se conoció en Twitter varias horas antes que en México, en Estados Unidos- sirve realmente de poco si no va acompañada de medidas articuladas que ataquen al entorno de protección económica, política e institucional que ha hecho posible por décadas la conformación y el fortalecimiento de auténticas trasnacionales del crimen y del tráfico de drogas con presencia en más de 100 países del mundo, como es el caso del cártel de Sinaloa, del cual el famoso Chapo es sólo una de sus cabezas más conocidas, a la manera de los grandes directorios empresariales.
Y así como nadie puede pensar sensatamente que una vez retirado el tristemente célebre Vicente Fox de aquella multinacional refresquera para dedicarse infaustamente a la política, ésta iba a terminar sus operaciones o a desaparecer, tampoco es dable pensar que por el súbito “retiro” de uno de sus ejecutivos más conocidos y conspicuos, la dicha multinacional del crimen va a colapsarse. De modo que ya se puede vislumbrar el tamaño del reto que afronta la sociedad mexicana con respecto al crimen organizado trasnacional y sus efectos sociales colaterales en todos los órdenes de la vida pública; vayan y vengan capos, cuya represión policiaca o militar y por ende violenta, sólo puede ser una parte de la estrategia contra el crimen organizado, pero de ningún modo la estrategia en sí misma.
Y por supuesto que las redes de protección y de lavado de dinero van más allá de México. O más precisamente: más al norte de México. ¿O es pura casualidad que el gobierno norteamericano acabe de anunciar que se pospone “indefinidamente” el juicio en Chicago contra El Vicentillo Zambada (hijo de otra de las cabezas conocidas de la corporación multinacional) por razones de “seguridad nacional”?
@efpasillas
