Cosas Veredes
Zapata y el agrarismo olvidado
Estamos en vísperas del aniversario, este 10 de abril, del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, caudillo y jefe del Ejército Libertador del Sur, que se convirtió en símbolo de la lucha de los campesinos de México por el derecho a la tierra y a mejores condiciones de vida. Sin el agrarismo inspirado en Zapata, la Revolución Mexicana y los gobiernos emanados de ella no hubieran tenido ni la trascendencia, ni la profundidad, ni la movilización campesina que hizo posible la permanencia del régimen político que caracterizó al estado mexicano en los últimos 80 años del siglo XX. Más allá de los aciertos y errores del agrarismo mexicano y la Reforma Agraria, resulta al menos extraño que en el proyecto político que hoy gobierna el país con el Movimiento de Regeneración Nacional, las banderas del zapatismo, el agrarismo y la justicia social en el campo cuenten aún con escaso peso en las políticas públicas del gobierno federal e incluso escasa presencia en el discurso político.
Los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana desde 1915 hasta 1988 dieron gran importancia a las banderas agrarias. Desde Carranza, que promulgó la primera Ley Agraria, hasta Carlos Salinas que prometió la modernización de ejidos y comunidades, pasando por la movilización armada agrarista de los tiempos del “callismo”, el gran pacto campesino de Lázaro Cárdenas, los compromisos pendulares de varios sexenios y el voluntarismo de Echeverría para reactivar el agrarismo y las formas de propiedad colectiva de la tierra.
Mucho de verdad había en que, en el corporativismo del régimen de “partido de estado”, los campesinos estaban organizados más para votar por el partido gobernante que para producir alimentos. Aunque las principales organizaciones campesinas del país tuvieron su origen en destacamentos combativos de la izquierda comunista y socialista, en la mayor parte del siglo XX terminaron siendo una base del régimen en la política agropecuaria oficial de supuestamente orientar la producción ejidal y comunal a través de los organismos financieros gubernamentales, cuyos resultados, salvo escasas excepciones, fueron fracasos o desastres por efecto de la ineficiencia y la corrupción.
El discurso oficial del partido de estado daba a los ejidos y comunidades agrarias la responsabilidad de la soberanía alimentaria. En la realidad, la ineficiencia, la corrupción y las condiciones de la economía siempre cuestionaron la existencia misma de esa forma de producción basada en la propiedad social de la tierra.
La reforma al artículo 27 de la CPEUM, promovida por el salinismo en 1992, fue presentada como una modernización liberal para ejidos y comunidades agrarias. Los ejidatarios y comuneros serían propietarios de su fracción de tierra, para asociarse e iniciar proyectos empresariales que les dieran competitividad y rentabilidad. La reforma salinista dividió a las organizaciones campesinas de la época y, una vez aprobada, quedó claro que las formas de propiedad social de la tierra y los 5 millones de familias campesinas que formaban parte de esos núcleos rurales dependerían de la eficiencia y competitividad en la producción agropecuaria. El “dominio pleno” en la propiedad ejidal y comunal incorporó a los 100 millones de hectáreas de tierra, repartidas entre 1920 y 1990, a los mecanismos del mercado y de la competencia.
Lo cierto es que desde la reforma de 1992, casi la totalidad de ejidos y comunidades han vivido o sobrevivido en condiciones precarias, pues quedó evidenciado que pequeños productores sin capital, tecnología, asesoría y un mínimo de habilidades administrativas no podrían salir adelante en un mercado dominado por grandes empresas nacionales y extranjeras. La especulación sobre la propiedad ha sido un común denominador; sus tierras han sido malbaratadas o bien vendidas según su ubicación, muchas invadidas, otras abandonadas, otras más arrendadas a quienes pueden invertir para producir, y todavía muchas en condiciones de producción precaria y marginal.
Los gobiernos federales de 1992 a 2018 insistieron en políticas para promover proyectos productivos para núcleos agrarios y productores agropecuarios. En el caso de grupos ejidales y comunales, aunque muchos fondos de apoyo se otorgaban a fondo perdido, fueron pocos los que se desarrollaron con éxito y una buena parte se manejaron con poca eficiencia y menos resultados.
La realidad se impuso: quienes pueden aprovechar financiamiento y programas de apoyo a la producción son quienes ya tienen capacidad y condiciones para producir. Y esa ha sido la ventaja de los empresarios agropecuarios, no los núcleos campesinos surgidos del agrarismo. Por ello, en los últimos 35 años se ha insistido en que los fondos públicos de apoyo al campo han favorecido a las mayores empresas agropecuarias.
Hay datos preocupantes: la pobreza ha aumentado y el ingreso laboral ha disminuido en las áreas rurales, según los informes de Coneval en 2024. Es lógico que los programas sociales como la pensión universal, Sembrando Vida y becas a jóvenes y estudiantes son importantes paliativos, pero claramente insuficientes para disminuir la brecha de desigualdad.
Desde 2018, con la asunción del nuevo régimen, algunas organizaciones y liderazgos campesinos plantearon hasta la posibilidad de regresar al viejo artículo 27 de la CPEUM. En su sexenio, AMLO no tuvo definición clara en ese tema. Tampoco la presidenta Sheinbaum, pero la ruta para el campo tendrá que clarificarse día con día, más ahora que las vicisitudes de la realidad han colocado la mira en el campo mexicano, cuando se afirma que la producción agropecuaria podrá ser el sector más competitivo por su tasa cero para exportaciones en Norteamérica.
El agrarismo de Zapata, el de Carranza, el de la Revolución Mexicana, ha sido la expresión de la necesidad de derechos, justicia y bienestar para el campo y los campesinos.
¿A 114 años de la promulgación del Plan de Ayala, a 110 años de la primera Ley Agraria, a 106 años de la muerte de Zapata, a 33 años de la reforma salinista, a 6 años del inicio de un nuevo régimen, justo cuando la coyuntura reclama desarrollar el potencial agropecuario del país, cuál será la ruta para llevar justicia social a la población que vive y trabaja en el México rural?
Urge una nueva ruta democrática y moderna para el campo mexicano; no el corporativismo clientelar, ineficiente y ruinoso de partido de estado, ni los esquemas de promoción de desigualdad de las políticas neoliberales. De no ser así, Zapata seguirá en el subconsciente crítico de la nación en las banderas del EZLN y otras tercas organizaciones campesinas.
