Han pasado casi 15 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niñas y niños. El país todavía arrastra la deuda histórica con sus familias, mientras algunos influencers buscan convertir los escombros de la tragedia en trending topic. Esta vez, la justicia mexicana puso la vista en uno de esos intentos de monetización del dolor: el caso de Ana “N”, conocida como Pía Díaz, influencer de la polémica productora Badabun, quien fue vinculada a proceso por el delito de encubrimiento, al haber ingresado sin permiso al inmueble asegurado donde ocurrió el incendio, alterando la escena y manipulando objetos del lugar con fines de entretenimiento digital.
El material, publicado en 2021 bajo el título “Así luce la guardería ABC 12 años después”, muestra a la influencer recorriendo el sitio —todavía lleno de pertenencias infantiles y rastros del siniestro— mientras narra su experiencia. Aunque intentó justificarlo como una “documentación”, la indignación pública y de las familias afectadas fue inmediata. La acusación no fue por mal gusto, sino por violar el resguardo ministerial del lugar, manipular objetos clave de una escena aún sujeta a investigación y lucrar con una tragedia sin cerrar.
La denuncia fue presentada ese mismo año por seis madres del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, y tras varios años de procesos judiciales, el pasado 10 de abril un Juez Federal en Sonora resolvió vincularla a proceso. La acción se sustenta en el Artículo 400, fracción VI, del Código Penal Federal, que castiga a quien altere ilícitamente el lugar de un hecho delictivo.
Pese a la gravedad moral del acto, el marco legal lo tipifica como un delito no grave, con penas que van de tres meses a tres años de prisión. Por tanto, Pía Díaz enfrentará el proceso en libertad, con medidas cautelares mínimas: firmar periódicamente ante la autoridad y no cambiar de residencia.
Mientras tanto, en redes sociales, la influencer continúa activa, compartiendo historias en centros nocturnos como si nada hubiera pasado. Un contraste que resalta no solo la frivolidad del ecosistema digital, sino también la falta de consecuencias tangibles frente a actos profundamente ofensivos para víctimas reales.
El abogado del colectivo, Gabriel Alvarado, declaró que el inmueble continúa bajo resguardo de la FGR y advirtió que lo que Pía movió no eran solo “cosas viejas”, sino pertenencias de bebés fallecidos: mochilas, juguetes, elementos que las autoridades no han devuelto a sus familias por ser evidencia pendiente. La influencer no solo cruzó una línea legal, sino una moral.
Y no es un caso aislado. Hay al menos cinco denuncias más en curso contra otros influencers que también ingresaron sin permiso a la Guardería ABC. En todos los casos, el patrón es el mismo: contenido sensacionalista disfrazado de exploración urbana, monetizado con clicks y visualizaciones a costa de un sitio de dolor colectivo.
Alvarado señaló también las fallas estructurales: aunque el inmueble debería estar bajo vigilancia de la Policía Estatal y Municipal, las incursiones siguen ocurriendo por falta de una custodia real. Un lugar que debiera ser tratado como sagrado para la memoria y la justicia, ha sido convertido en set de grabación por el descuido institucional.
Finalmente, el abogado fue claro: aunque haya avances en la investigación principal, no habrá justicia sin voluntad política. El caso de Pía Díaz es apenas un espejo que refleja el desinterés de un sistema judicial y mediático que no sabe, o no quiere, proteger el duelo.
