Lo que comenzó como una serie de acciones dirigidas a estudiantes activistas en universidades de alto perfil se ha transformado rápidamente en una ola generalizada de cancelación de visas estudiantiles en Estados Unidos. Instituciones de prestigio como Harvard, UCLA, Stanford o la Universidad Estatal de Carolina del Norte, se han sumado a la creciente lista de campus donde estudiantes internacionales pierden su estatus legal sin previo aviso. El fenómeno preocupa a líderes universitarios, expertos en migración y, sobre todo, a los propios estudiantes que, de un día para otro, enfrentan la amenaza de ser detenidos o deportados.
Si bien las cancelaciones de visas no son inéditas, el cambio de fondo radica en la forma y velocidad con la que se están ejecutando. Hasta hace poco, las instituciones educativas jugaban un rol clave en notificar al gobierno sobre estudiantes que perdían su estatus académico o violaban condiciones migratorias. Ahora, en un giro poco transparente, el gobierno actúa de manera unilateral, y ni estudiantes ni universidades son informados hasta que consultan SEVIS, la base de datos federal de estudiantes internacionales. La consecuencia: órdenes de salida inmediata, detenciones sin previo proceso y una creciente opacidad en los criterios de revocación.
Este nuevo enfoque coincide con las políticas migratorias más estrictas promovidas por la administración Trump, pero se ha intensificado recientemente. Según Marco Rubio, secretario de Estado, se han revocado más de 300 visas desde finales de marzo, muchas de ellas relacionadas con manifestaciones pro-palestinas. El caso más mediático es el de Mahmoud Khalil, estudiante graduado de la Universidad de Columbia, detenido pese a ser titular de una tarjeta de residencia permanente. Las declaraciones de Rubio no dejan margen a la interpretación: “Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, le retiro la visa”.
Pero la realidad es más compleja. Aunque algunos estudiantes detenidos han participado en protestas, muchos otros no tienen vínculos conocidos con movimientos políticos. De hecho, en campus como la Universidad de Minnesota o la UC San Diego, estudiantes han perdido su estatus por infracciones menores como conducir en estado de ebriedad, algo que en el pasado no implicaba necesariamente una revocación migratoria. En otros casos, ni siquiera hay una explicación clara. Como señala Miriam Feldblum, directora de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración, “nada de esto es una práctica habitual”.
Los testimonios multiplican la sensación de incertidumbre. En Carolina del Norte, dos estudiantes saudíes optaron por regresar voluntariamente a su país tras conocer la revocación. En Tufts, un estudiante fue arrestado antes incluso de que la universidad fuera notificada del cambio en su estatus. En Texas, los estudiantes afectados por la cancelación estaban inscritos en programas de experiencia profesional posteriores a sus estudios, sin aparentes violaciones de las reglas. Las universidades se esfuerzan por apoyar a los alumnos con recursos legales y educativos, pero la rapidez del proceso muchas veces los deja sin margen de acción.
Más allá del activismo, la estrategia migratoria parece estar alcanzando también a estudiantes apolíticos. Un ejemplo emblemático es el compañero de cuarto de Philip Vasto, un estudiante saudí de posgrado en ingeniería que ni siquiera asistía a manifestaciones. Tras ser notificado de la cancelación de su visa, optó por regresar a Arabia Saudita con la esperanza de continuar sus estudios en otra universidad. “No quiere permitir que esto le robe la paz”, comentó Vasto.
Las implicaciones son significativas. Estados Unidos ha sido históricamente un imán para el talento internacional, particularmente en áreas STEM. Sin embargo, la actual ofensiva puede tener un efecto paralizante. Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute, advierte que “lo que estamos viendo con los estudiantes internacionales es una muestra del escrutinio mucho mayor que se ejerce sobre los inmigrantes de todas las categorías”.
Mientras tanto, los campus intentan contener el daño. Algunos rectores han emitido comunicados de apoyo a sus comunidades estudiantiles, exigiendo mayor claridad al gobierno federal. Marcelo Suárez-Orozco, rector de la Universidad de Massachusetts Boston, alertó sobre la necesidad de estar preparados ante tiempos sin precedentes. La UC San Diego, por su parte, habilitó mecanismos para que los estudiantes afectados puedan continuar sus estudios a distancia, en caso de ser deportados.
La situación plantea también un conflicto legal que podría escalar en tribunales. En un país que se precia de defender la libertad de expresión, las cancelaciones de visas por discursos o protestas políticas tensan los límites de la Primera Enmienda. “Estas acciones probablemente pondrán a prueba los derechos de los estudiantes”, advirtió Mittelstadt.
La pregunta de fondo persiste: ¿está el gobierno estadounidense utilizando las visas estudiantiles como herramienta de represión política o se trata de una política de seguridad nacional mal comunicada y peor ejecutada? Mientras tanto, cientos de estudiantes extranjeros navegan en la incertidumbre, preguntándose si su próxima clase será en un aula o en una sala de espera de migración.
