El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que, a partir del jueves 18 de abril, entra en vigor un decreto que prohíbe la interpretación de narcocorridos en eventos públicos. Según él, estos corridos “enaltecen la figura del delincuente” y representan una amenaza para la paz social. Pero no se preocupen: en casa aún se puede escuchar lo que sea. La libertad cultural termina donde empieza la fila para el concierto.
El decreto contempla sanciones administrativas (nada penal, aún) y facultará a las autoridades para cancelar conciertos y negar permisos a agrupaciones que interpreten música con “apología del delito”. La pregunta de quién define qué es apología queda en manos del “sentido común del pueblo”. Porque si algo ha demostrado la historia, es que la censura popular siempre es sensata.
La medida también busca ir más allá de los escenarios. Según el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, la iniciativa abarcará cualquier evento que fomente conductas delictivas, incluyendo peleas de gallos, corridas de toros y hasta repartos de despensas “con fines ilegales”. Como si las despensas fueran el soundtrack del narco.
¿La gota que derramó el vaso? Un concierto de Los Alegres del Barranco en Uruapan, donde se proyectaron imágenes de “El Mencho” mientras sonaba su corrido. El hecho fue tan escandaloso que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el homenaje, aunque aclaró que prohibir los narcocorridos sería absurdo. Pero Michoacán decidió ignorar la señal de su propia candidata presidencial.
Eso sí, Ramírez Bedolla ya se anticipó a la lluvia de amparos que vendrá: “Ya sé que los jueces federales van a defender a los narcotraficantes”. Porque cuando se trata de confrontar al Poder Judicial, cualquier decreto sirve de megáfono político. Aunque paradójicamente, mientras se acusa a los jueces de tolerar al crimen, no se avanza en lo más elemental: auditar el financiamiento que influye en sus nombramientos y resoluciones.
La ironía está servida: mientras los gobiernos estatales despliegan decretos culturales con tintes morales, las reglas para fiscalizar los millonarios flujos de dinero que financian campañas, pactos y candidaturas judiciales siguen siendo tan frágiles como una serenata a medianoche. Quizá lo que necesita regulación no es el repertorio musical, sino la sinfonía de intereses que opera tras bambalinas en el sistema judicial mexicano.
