Resulta que a partir del 15 de abril, Totalplay tendrá límites de consumo. Así es, dependiendo de la velocidad que contrates, tendrás entre 1,000 y 3,999 GB disponibles al mes. Y si te los acabas recibirás alertas cuando llegues al 80% y al 100% de tu límite, pero por cada 100 GB extra te costarán 110 pesos. Eso no es todo, si excedes los 3,999 GB, ya no podrás comprar más consumo.
En otras palabras, podrías quedarte sin internet o pagando extra por algo que antes no tenía restricciones. Y no es un rumor o chisme, sino que se trata de “su nueva política”, pero ¿por qué ninguna institución detiene a Totalplay de estas prácticas deshonestas?
El contexto detrás de la polémica de Totalplay: La desaparición del IFT y la COFECE
El pasado 20 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional con la que se extinguieron siete órganos autónomos, incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
¿Por qué esto es importante? Porque estos organismos eran los árbitros del mercado. El IFT se encargaba de que las empresas de telecomunicaciones no abusaran de sus clientes ni impusieran condiciones injustas. Por su parte, la COFECE garantizaba que hubiera competencia real, para que ninguna empresa tuviera el control absoluto del mercado.
Sin estos reguladores, el campo está libre para que las telecos hagan lo que quieran. Ambos organismos fueron eliminados por la reforma de Morena bajo el argumento de que “no eran necesarios”. Ahora, ya estamos viendo los primeros desastrosos resultados: Totalplay y otras empresas ya no tienen miedo de hacer lo que les plazca.
#TotalPlayMiente
Era obvio que esto no iba a pasar desapercibido. Apenas se hizo pública la noticia, las redes sociales estallaron.
El hashtag #TotalPlayMiente se viralizó en X, con usuarios enojados que se sienten engañados por una empresa que vendió un servicio “ilimitado” y ahora le pone restricciones.
Pero la pregunta más importante no es “qué está pasando con Totalplay”, sino “qué sigue después”. Porque si una empresa puede imponer estos límites sin consecuencias, nada impide que las demás sigan su ejemplo.
¿Y ahora quién nos protege?
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya dijo que investigará el caso, pero sin el IFT ni la COFECE, como consumidores quedamos desprotegidos.
Mientras tanto, el Congreso (y su mayoría de Morena) sigue defendiendo que “no necesitamos órganos autónomos”, pero en la vida real, las empresas ya están aprovechando la falta de supervisión. Hoy es Totalplay. Mañana podrían ser cualquier empresa. La pregunta no es si esto va a empeorar. La pregunta es cuándo.
