Sinaloa vive bajo sitio. Balaceras, masacres, desapariciones, asesinatos de menores, extorsiones, incendios, desplazamientos, negocios cerrados. La espiral de violencia iniciada hace siete meses por la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza” —herederos del Cártel de Sinaloa— ha dejado cifras de guerra: más de 1,240 asesinatos, cerca de 1,300 desaparecidos y una ciudadanía atrapada entre el miedo, el silencio institucional y la indiferencia de los gobiernos.
La última jornada sangrienta en Culiacán dejó siete personas asesinadas y una mujer herida por arma de fuego. A plena luz del día, hombres armados irrumpieron en una vivienda, dispararon, prendieron fuego y ejecutaron a tres personas. En otras zonas, cuerpos baleados con mensajes intimidatorios fueron hallados envueltos en plástico o flotando en canales. El crimen ya no se esconde; actúa con plena impunidad.
No es un episodio aislado. Es la consecuencia directa de una guerra intestina por el control del territorio tras el arresto en EE.UU. de Ismael “El Mayo” Zambada. En palabras simples: los hijos de “El Chapo” y los herederos de “El Mayo” han sumido al estado en una violencia que ni los “Culiacanazos” de 2019 y 2023 lograron prever.
Las cifras no mienten. Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde septiembre hasta el 6 de abril se han registrado 1,087 homicidios dolosos, entre ellos 37 menores de edad, así como 17 feminicidios. Y mientras los cuerpos se acumulan, también lo hacen las carpetas de investigación: mil 297 personas desaparecidas y miles de familias que no saben si llorar o seguir buscando.
La respuesta institucional ha sido una combinación de declaraciones vacías, despliegues sin resultados y promesas incumplidas. El gobernador Rubén Rocha Moya afirma que “no se ha dejado de atender” la situación y que “no se puede echar las campanas al vuelo”. Una expresión tan fuera de lugar como la inacción de su gobierno. Porque, mientras presume operativos, los ciudadanos se autoimponen toques de queda, crean redes vecinales de alerta en WhatsApp y ponen calcomanías en sus autos para advertir que llevan niños, con la esperanza —literal— de que los sicarios se conmuevan.
Las diputadas Irma Moreno (PRI) y Roxana Rubio (PAN) lo dijeron sin rodeos: el gobierno actúa como si no pasara nada. Y los operativos, si es que existen, parecen diseñados para el fin de semana, no para la rutina diaria de un estado sitiado. La ciudadanía no espera ya protección, sino que el próximo ataque no sea contra su familia. Lo dijo un niño entre lágrimas en una protesta: “Nos da miedo salir. El gobierno ya no hace nada”.
La masacre más reciente ocurrió en un centro de rehabilitación en el fraccionamiento Colinas de San Miguel. Nueve personas fueron asesinadas, entre ellas pacientes en recuperación. El dueño del centro, además, fue secuestrado y continúa desaparecido. Y no hablamos de una instalación clandestina: el anexo estaba regulado por el propio gobierno de Sinaloa. Una ironía macabra: el Estado no sólo no protege, sino que tampoco puede garantizar seguridad en los espacios que regula.
Los efectos de esta guerra no sólo se miden en muertos. Hay una crisis de derechos, de confianza, de economía. En Culiacán, comercios, restaurantes y hasta tiendas departamentales cierran antes de caer la noche. En los últimos siete meses se han registrado más de 5,700 robos de vehículos y más de 1,600 robos a comercio, cifras históricas que hacen palidecer al sexenio más violento del estado (2011-2012). En palabras de David Saucedo, consultor en seguridad, lo que Sinaloa vive no es solo crimen organizado: es guerra irregular. Guerrillas urbanas que se esconden, atacan y desaparecen. Y el gobierno, con su “trabajo permanente”, simplemente no alcanza.
La indignación social alcanzó su punto más alto con los asesinatos de menores. Treinta y cuatro niños han sido asesinados desde septiembre. Dana Sofía, de 12 años, murió a balazos al salir de la escuela. Carlos Felipe, de 14, fue ejecutado en su trabajo. Gael y Alexander, de 12 y 9 años, fueron asesinados junto a su padre. Y el clamor ciudadano explotó: “¡Con los niños no!”. Una protesta que culminó con la irrupción en el Palacio de Gobierno estatal, donde los manifestantes derribaron puertas y exigieron respuestas al gobernador Rocha Moya, acusado incluso de vínculos con el crimen.
Desde el gobierno federal, el discurso es más de lo mismo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los asesinos son integrantes del crimen organizado, prometió más presencia militar, pero sin reconocer la raíz del problema: una estrategia de seguridad militarizada que no resuelve nada. Cada vez que el Ejército se despliega, la violencia escala. La historia se repite, y las víctimas siguen siendo las mismas: civiles, mujeres, niños, personas en rehabilitación, trabajadores de a pie.
A siete meses del inicio de esta “narcoguerra”, la única constante ha sido el abandono. Sinaloa no sólo está sitiada por los cárteles, sino por la indiferencia. La ciudadanía, harta y rota, ya no exige milagros: exige sobrevivir.
