Las madres que buscan a sus hijos no solo cargan con el dolor de la ausencia, sino también con el peso económico de una tragedia que les cambió la vida. Esta semana, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alzaron la voz y propusieron al gobierno federal una especie de pensión para las familias de personas desaparecidas, especialmente aquellas donde la persona ausente era el sostén del hogar.
El planteamiento se dio durante una reunión en el Centro Histórico de la CDMX con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron más de 30 madres buscadoras. Ahí entregaron un pliego con 10 propuestas urgentes que buscan integrarse a la iniciativa de la nueva Ley General de Desaparición, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Podría marcar la diferencia entre la supervivencia y el abandono para miles de niños que han perdido a uno de sus padres por desaparición”, explicaron las voceras.
¿Por qué las madres buscadoras piden esta pensión?
Las madres explicaron que muchas de las familias afectadas por desapariciones viven en condiciones de pobreza extrema, y que en la mayoría de los casos, la persona desaparecida era quien llevaba el dinero a casa. El impacto no solo es emocional, sino también económico.
Mientras el Estado no las respalda como debería, ellas se convierten en investigadoras, rastreadoras, enfermeras, psicólogas y buscadoras de justicia. Todo con sus propios recursos. Por eso, piden al gobierno federal que asuma la responsabilidad de garantizar una ayuda económica constante, al menos para quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.
Estas son las 10 peticiones del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco
- Una pensión mensual para las familias, con prioridad para hogares donde hay niñas, niños o adolescentes que perdieron al padre o madre desaparecida.
- Un censo nacional de familias afectadas, para conocer cuántos menores viven en orfandad o bajo cuidados precarios.
- Que la presidenta Claudia Sheinbaum asuma un papel activo y personal en la lucha contra las desapariciones, sin delegarlo completamente a sus instituciones.
- Incluir el tema de personas desaparecidas como prioridad en la estrategia nacional de seguridad.
- Ampliar las competencias de la Fiscalía General de la República para actuar en casos interestatales, desapariciones de migrantes, activistas y periodistas.
- Depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, debido a la participación documentada de policías estatales y municipales en desapariciones o en frenar búsquedas.
- Reforzar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, obligando a fiscalías a mantenerlo actualizado y emitir cédulas de búsqueda de forma inmediata.
- Resolver la crisis forense, ya que hay miles de restos sin identificar por falta de personal, presupuesto e infraestructura.
- Abrir oficinas regionales de búsqueda y derechos humanos en zonas de alta incidencia como el Bajío, para atender casos de forma más rápida y cercana.
- Establecer diálogos permanentes entre el gobierno federal y los colectivos, para construir una política pública real, sin simulaciones ni promesas vacías.
La Segob abre las puertas al diálogo
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las propuestas entregadas por las madres serán tomadas en cuenta para mejorar la iniciativa de ley sobre personas desaparecidas.
Además, tras la presión de los colectivos, la presidenta Sheinbaum pidió al Senado que se pause temporalmente el debate legislativo, para integrar las demandas de las víctimas antes de aprobar la ley.
“Seguiremos viniendo las veces que haga falta”
Indira Navarro, vocera del colectivo, celebró que ahora haya puertas abiertas al diálogo, pero recordó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, jamás fueron escuchadas. Ahora ven voluntad por parte del gobierno, pero no se van a conformar, regresarán “cuántas veces sea necesario porque amamos a nuestros desaparecidos y los queremos de regreso”.
Las buscadoras dejaron claro que una pensión no va a sustituir a quienes faltan, pero sí puede ayudar a sobrevivir. Porque mientras ellas dedican su vida a escarbar la tierra con sus manos, a identificar restos, a buscar pistas que las autoridades no ven o no quieren ver, lo mínimo que esperan del Estado es empatía, apoyo y justicia. Ya no se trata solo de encontrarlos, sino de que las familias no se quiebren en el proceso.
