- Los defensores del medioambiente enfrentan violencia por oponerse a proyectos extractivistas y defender recursos naturales
- El Acuerdo de Escazú, firmado por México, busca proteger a los defensores del medioambiente y garantizar su derecho a vivir en un entorno sano
La conciencia social en redes sociales no se traduce en acción real, lo que limita la efectividad de la lucha por el medioambiente
Aurelio Coronado, investigador especializado en crímenes y análisis de contexto, lleva años trabajando en la defensa de los derechos humanos y el medioambiente. Su experiencia en Colombia y México lo ha llevado a estudiar la creciente amenaza que enfrentan los activistas en territorios en disputa, donde el control de los recursos naturales está en juego.
Coronado comparte su visión sobre el panorama que viven los defensores del medioambiente, cuyas vidas se encuentran en peligro debido al avance de proyectos extractivistas y a la creciente crisis ambiental. De acuerdo con Coronado, la violencia contra estos activistas no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón global que se observa en regiones como América Latina, donde las tierras están siendo despojadas de sus habitantes originales.
“Lo que está sucediendo en México es lo mismo que en Colombia. El territorio está en disputa debido a la crisis de los recursos naturales. Hay estrés hídrico, calentamiento global, y un avance sin freno de programas extractivistas”, explica Coronado. Los defensores de la tierra, comunidades indígenas, campesinos y ambientalistas se exponen a los intereses de grandes corporaciones, lo que, en muchos casos, culmina en amenazas, desapariciones y asesinatos.
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A pesar de la creciente conciencia social sobre los problemas ambientales, Coronado destaca que la acción en las redes sociales no se traduce en una movilización real. Las plataformas digitales, dice, generan una “burbuja” en la que las personas interactúan solo con quienes comparten su opinión. Esto desarticula la acción política real, pues se convierte en una confrontación virtual que impide un trabajo conjunto en el terreno. Para él, la clave está en identificar a los activistas y unir esfuerzos para protegerlos, ya que son ellos quienes están en riesgo.
“Lo que necesitamos es articularnos con los verdaderos defensores del medioambiente, quienes están en el territorio. La protección es fundamental, porque son ellos los que están expuestos a la violencia”, asegura Coronado. En este sentido, resalta el trabajo de organizaciones como Salvemos la Pona, que se enfrentan directamente a las amenazas por defender áreas naturales y comunidades.
En su experiencia en Oaxaca, Coronado observó cómo los defensores de la tierra se ven obligados a enfrentar una violencia sistemática que no solo proviene de grupos armados, sino también del Estado y las empresas con intereses económicos. En estos casos, el peligro es evidente incluso si no hay amenazas directas. La sola resistencia de los activistas ya los coloca en una posición vulnerable.
“El peligro está presente desde que se resisten. La violencia que enfrentan es un medio para controlar el territorio. Lo que debemos hacer es intervenir con un análisis de contexto, y el gobierno debe activar mecanismos de protección”, subraya Coronado.
Además, hace hincapié en la importancia del Acuerdo de Escazú, una iniciativa internacional que fue ratificada por México en 2020, y que busca garantizar el derecho de las personas a vivir en un medioambiente sano. Según el acuerdo, las personas tienen derecho a acceder a información ambiental y participar en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente, lo que incluye la protección de los defensores de la naturaleza.
El panorama es alarmante: entre 1990 y 2015, se perdieron casi un millón de kilómetros cuadrados de selva en América Latina, y más del 68% del suelo en Sudamérica sufre erosión debido a la deforestación. Las comunidades que luchan contra estos problemas se enfrentan a la muerte y a amenazas constantes, como lo evidencian los 116 asesinatos de defensores ambientales ocurridos en 2017, sólo por mencionar un ejemplo.
Para Coronado, la solución no solo está en la movilización social, sino también en la acción estatal. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad, activando mecanismos de protección para los defensores y garantizando que los derechos humanos estén por encima de los intereses económicos.
