Este 10 de abril se cumple un año desde que Renata y Maya fueron atropelladas por una unidad del Metrobús de la Línea 1 en la Ciudad de México. Maya murió ese mismo día; Renata sobrevivió, pero quedó con secuelas físicas graves y una batalla legal, médica y emocional que ha puesto al descubierto no solo las grietas del sistema de transporte, sino también del aparato judicial y de atención a víctimas en la capital. A un año del hecho, familiares, amistades y redes lesbofeministas siguen exigiendo justicia, con una manifestación convocada en el punto exacto del atropellamiento: la esquina de Manuel González y Guerrero, frente al Neto Tlatelolco.
Lo ocurrido aquel 10 de abril de 2024 no fue un simple “incidente”, como se refirió el Metrobús en un escueto comunicado publicado seis días después. Según los testimonios y documentos reunidos por colectivas y el Comité de Justicia para Ren y Maya, el atropellamiento ocurrió a las 17:33 horas, cuando ambas intentaban cruzar el Eje 2 Norte. La unidad del Metrobús iba en contraflujo y las arrolló a más de 50 kilómetros por hora. Fueron arrastradas varios metros. Maya murió por muerte cerebral tras ser trasladada al Hospital General Balbuena como “persona desconocida”. Renata fue llevada al hospital privado San Ángel Inn en estado grave. A pesar de ser una pareja casada y haber sido encontradas tomadas de la mano, fueron separadas sin razón aparente por los servicios de emergencia.
Este detalle, lejos de ser menor, se ha convertido en un eje central de la denuncia. La separación de ambas en el momento crítico, la omisión de su vínculo afectivo en los registros médicos, y la invisibilización de Maya en el comunicado oficial —que alude a una sola persona lesionada— son señalados por las redes de apoyo como expresiones de lesbofobia institucional. “Esto de separar no lo harían a una pareja heterosexual. Renata gritaba por su esposa, las encontraron tomadas de la mano. Son esposas ante la ley. En esta ciudad de los derechos, no bastó”, denunció Vica, integrante del Comité de Búsqueda de Justicia.
Pero la revictimización no se detuvo ahí. La atención médica a Renata se vio obstaculizada por la ausencia de la aseguradora del Metrobús. La familia tuvo que reunir 50 mil pesos para que pudiera ser atendida de urgencia, y a la fecha, los gastos superan el medio millón de pesos. El Metrobús y su operador, Corredor Insurgentes S.A. de C.V. (CISA), no han cubierto la totalidad de los gastos, y se ha denunciado que intentaron condicionar el pago a que la familia firmara el perdón al conductor.
Por si fuera poco, la investigación a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido calificada como negligente y opaca. La abogada de la pareja, Gabriela Amores, denunció que tardaron ocho días en permitirle el acceso al expediente, donde encontró un peritaje de apenas dos líneas y media que exoneraba al conductor. A esto se suma la liberación del chofer sin audiencia y la filtración de videos manipulados que terminaron siendo usados para revictimizar a la pareja en medios de comunicación. Amores también afirma que el acompañamiento institucional solo ocurrió tras la presión pública ejercida en redes sociales.
Frente a esta cadena de omisiones, la exigencia de justicia no solo apunta al castigo del responsable directo del atropellamiento, sino también a una reparación integral del daño. Esto incluye el reconocimiento del proyecto de vida de Renata y Maya como pareja, la reparación económica completa, y la creación de protocolos que prevengan que algo así vuelva a ocurrir. El Comité también exige un observatorio de accidentes en la ciudad y sanciones para CISA, empresa operadora del Metrobús.
Mientras tanto, este 10 de abril no es un cierre, sino un recordatorio: la justicia sigue pendiente, y quienes la exigen no han olvidado. En un país donde las vidas pueden ser reducidas a “incidentes” administrativos, las redes de apoyo, las colectivas y las familias son quienes siguen sosteniendo la memoria y la lucha.
