Con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Congreso de Zacatecas aprobó una reforma a la Ley de Salud del estado que obliga a las instituciones públicas a ofrecer el servicio de interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita, segura y bajo estándares de calidad. Esta decisión culmina un proceso legislativo que comenzó con la despenalización del aborto en noviembre de 2024, en cumplimiento de una sentencia federal, y coloca a Zacatecas entre las entidades que avanzan hacia una legislación integral en derechos sexuales y reproductivos.
El nuevo marco normativo establece que la interrupción legal del embarazo podrá realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación, con acceso garantizado a atención médica, psicológica y social en un plazo no mayor a 48 horas. Además, estipula la obligatoriedad de que el personal de salud proporcione información veraz y suficiente para que las personas gestantes puedan tomar decisiones libres e informadas.
Uno de los puntos más debatidos durante la sesión fue la figura de la objeción de conciencia, que permitirá al personal médico excusarse de realizar el procedimiento por motivos personales o religiosos. Sin embargo, el texto aprobado también deja claro que los servicios deben ser garantizados por personal no objetor, y se restringe la objeción en casos de urgencia médica, riesgo para la vida de la paciente o falta de personal disponible. Esta cláusula intenta equilibrar el derecho del personal sanitario con el de las mujeres a recibir atención sin discriminación ni obstáculos innecesarios.
El ambiente en el Congreso no fue neutral. Desde las gradas, miembros del movimiento Provida —incluyendo simpatizantes del clero y organizaciones de corte conservador— lanzaron consignas como “¡Respeto al no nacido!” o “¡No nos representan!”, intentando frenar la votación. Incluso el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, llamó públicamente a oponerse a la reforma en su homilía dominical previa. Pese a esta presión, la mayoría legislativa —conformada por Morena, PT y algunos diputados del PRI— respaldó el dictamen.
Durante el debate, legisladoras como Renata Ávila (PT), Isadora Santibáñez (PRI) e Imelda Mauricio (Morena) defendieron la reforma como una acción urgente de justicia social y de salud pública. Ávila destacó que el acceso al aborto seguro es un derecho fundamental y advirtió que “no podemos ceder a presiones externas ni permitir que una minoría obstaculice el avance de los derechos”.
En contraste, voces en contra como las diputadas María Teresa López García (PAN) y Dayanne Cruz (PRD) cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y su viabilidad operativa. López argumentó que la reforma invade competencias federales, dado que la operación de clínicas y hospitales en Zacatecas fue transferida al IMSS Bienestar, y calificó al bloque que apoyó el dictamen como “el cártel del aborto”. Cruz, por su parte, expresó preocupación por la falta de análisis presupuestal, advirtiendo sobre una posible sobrecarga del ya debilitado sistema estatal de salud.
Además de las objeciones legales, un sector del personal médico también expresó su rechazo, representado por el Colegio de Médicos de Zacatecas, que había anunciado previamente su intención de acogerse a la objeción de conciencia de manera masiva. Esta tensión anticipa desafíos en la implementación práctica del nuevo mandato, especialmente en garantizar cobertura efectiva y personal disponible en todo el estado.
La reforma también incorpora un mandato claro: la Secretaría de Salud de Zacatecas tendrá un plazo de 120 días para adecuar su normatividad interna a las nuevas disposiciones. Queda por ver si esta adecuación será fluida o encontrará nuevos obstáculos administrativos, logísticos o ideológicos.
La aprobación de esta reforma no cierra el debate, pero sí redefine el terreno. Zacatecas avanza con paso firme en la institucionalización del derecho a decidir, aunque el camino no esté libre de escollos. La polarización social evidenciada en el recinto legislativo muestra que los derechos reproductivos siguen siendo un campo de batalla simbólica, jurídica y política. En una era donde los derechos humanos se entrelazan con los dilemas éticos, religiosos y presupuestales, esta decisión legislativa podría marcar un precedente clave para otras entidades federativas.
