A 39 años del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, el gobierno de Estados Unidos le está cobrando a Rafael Caro Quintero —el llamado “narco de narcos”— cada centímetro de impunidad acumulada. A días de su segunda audiencia ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, las autoridades estadounidenses han decidido imponerle un régimen carcelario extraordinario que no sólo refuerza la narrativa de alto riesgo que lo rodea, sino que también evidencia el lugar simbólico que ocupa en el tablero geopolítico del narcotráfico.
Desde el 17 de marzo, Caro Quintero se encuentra bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs, por sus siglas en inglés), un protocolo raramente aplicado, reservado para individuos considerados una amenaza significativa para la seguridad nacional. La Fiscalía argumenta que existe “riesgo sustancial” de que el acusado pueda incitar a la violencia o coordinar actividades delictivas incluso desde prisión, razón por la que su contacto con el exterior ha sido drásticamente limitado: visitas restringidas, comunicaciones vigiladas, correspondencia filtrada y 23 horas al día en aislamiento total.
Este confinamiento extremo tiene implicaciones jurídicas y políticas. Aunque el acuerdo de extradición entre México y EE.UU. impide aplicar la pena de muerte, Caro Quintero enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua o, en una interpretación extensiva de la justicia estadounidense, una sentencia capital. En su primera audiencia, el pasado 28 de febrero, el sinaloense se declaró “no culpable” de crimen organizado, narcotráfico, uso de armas y del asesinato de Camarena, el cual sigue siendo un tema sensible en la relación bilateral.
Caro Quintero no es un preso común. Su expediente está plagado de datos más propios de una serie documental que de un informe judicial: fundador del Cártel de Guadalajara, socio de Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, fortuna estimada en 500 millones de dólares, e incluso una supuesta oferta para pagar la deuda externa mexicana. Tras su liberación en 2013 por un tecnicismo legal y años prófugo, su reaprehensión y posterior extradición lo reinsertaron en la narrativa del castigo pendiente, en la misma Corte que ya procesó a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna.
La audiencia del 26 de marzo no será decisiva en términos jurídicos, pero sí marca una intensificación del cerco contra Caro Quintero. En ella se revisarán avances procesales, evidencias de la Fiscalía y posibles negociaciones. A pesar de que actualmente lo representa un abogado de oficio, varios litigantes privados ya se han mostrado interesados en tomar su caso, lo que revela no sólo el perfil mediático del reo, sino también el potencial impacto político y judicial del proceso.
Paralelamente, la familia de Camarena ha iniciado una demanda civil en California no sólo contra Caro Quintero, sino también contra otros exlíderes del narco como Fonseca Carrillo, Félix Gallardo y hasta los hijos del Chapo. El argumento: actos de terrorismo por el asesinato del agente en 1985. Esto conecta directamente con la narrativa impulsada por sectores del poder estadounidense que buscan catalogar al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, un giro discursivo que abre la puerta a una agenda mucho más agresiva en términos de intervención.
Más allá del personaje y sus hazañas criminales, lo que está en juego con este proceso es el control simbólico de la justicia transnacional. Caro Quintero no solo enfrenta un juicio: enfrenta la necesidad institucional de cerrar un capítulo abierto hace cuatro décadas. En un contexto donde los capos son tratados como trofeos diplomáticos, su caso opera como un ajuste de cuentas histórico.
