El acceso a las playas en México es un derecho garantizado por la ley, pero en la práctica, algunos intentan vulnerarlo con actitudes que rozan el absurdo. Un nuevo incidente en la costa de Yucatán ha reavivado el debate sobre la apropiación indebida de estos espacios, luego de que una mujer extranjera, presuntamente de origen canadiense, atacara con huevos a una familia mexicana que intentaba acampar en la playa de Santa Clara, en el municipio de Dzidzantún.
El altercado, captado en video y ampliamente difundido en redes sociales, mostró a la mujer argumentando que el área donde la familia se instaló era “propiedad privada”, exigiéndoles que se retiraran. En su afán por expulsarlos, no solo arremetió contra su vehículo lanzándole huevos, sino que también intentó destruir su casa de campaña. Este comportamiento generó una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios criticaron la creciente problemática de extranjeros que buscan apropiarse de playas que legalmente pertenecen a la nación.
El acceso a las playas: un derecho innegable
El caso de Santa Clara no es un hecho aislado. Desde la reforma de la Ley General de Bienes Nacionales en octubre de 2020, se estableció que el acceso a las playas y la zona federal marítimo-terrestre debe ser libre y gratuito. El artículo 8 de la ley es claro: “El acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”. Asimismo, el artículo 154 de la misma legislación establece multas que oscilan entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quienes transgredan este derecho.
A pesar de la claridad de la ley, casos como este continúan ocurriendo, lo que deja en evidencia una preocupante falta de aplicación de las sanciones. La impunidad en estos incidentes no solo alimenta la percepción de que la ley es letra muerta, sino que también refuerza la idea de que algunos extranjeros se sienten con la potestad de apropiarse de espacios públicos, desplazando a la población local.
No es un caso aislado: otras confrontaciones con turistas extranjeros
El problema de la apropiación indebida de espacios públicos por parte de extranjeros no se limita a las playas. En otro caso reciente, el establecimiento Coastal Café Chelem, en la localidad de Chelem, denunció a una pareja de turistas por consumir alimentos y luego negarse a pagar, argumentando que los platillos servidos no coincidían con las imágenes del menú. Los empleados relataron que, además de negarse a cubrir la cuenta, los turistas se mostraron despectivos y agresivos.
Este tipo de incidentes refuerzan una narrativa preocupante: un sector de la comunidad extranjera residente o visitante en Yucatán parece asumir que las normas locales son flexibles o aplicables solo a los nacionales. No es raro encontrar en foros y redes sociales denuncias de personas que se han enfrentado a la arrogancia de ciertos turistas que creen que pueden imponer sus propias reglas, ya sea en comercios o en espacios públicos.
El problema de fondo: la urgencia de aplicar la ley
Si bien la indignación ciudadana ha servido para visibilizar estos casos y denunciar el abuso, la solución definitiva radica en la aplicación estricta de la ley. Las autoridades locales tienen la responsabilidad de garantizar que la legislación sobre el libre acceso a las playas se haga cumplir, aplicando las sanciones correspondientes a quienes intenten privatizar lo que por derecho pertenece a todos.
El caso de la mujer extranjera en Santa Clara es sólo una muestra más de una problemática que, de no ser atendida con firmeza, seguirá escalando. Es momento de que se deje claro que las playas de México no están en venta ni en renta temporal para quien desee establecer feudos privados. La costa yucateca no necesita nuevos dueños, sino respeto a sus habitantes y a la ley.
