En su más reciente entrega del manual de “cómo gobernar a golpe de memorando”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una directiva que ordena castigar a los abogados —sí, los que llevan toga, no capa— que se atrevan a cuestionar las políticas migratorias de su administración. Bajo el título de “Prevención de abusos del sistema jurídico y del Tribunal Federal”, el memorando presidencial busca sancionar litigios “frívolos, irrazonables y vejatorios” presentados contra el gobierno, especialmente aquellos que se crucen con las joyas de la corona trumpista: inmigración, seguridad nacional, y la siempre elástica “integridad electoral”.
La medida, lejos de ser un tecnicismo jurídico, ha encendido las alarmas de juristas, asociaciones civiles y defensores del Estado de derecho. No por su tono —que, admitámoslo, ya es marca registrada— sino por sus implicaciones. Trump ha ordenado a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que prioricen la revisión de la conducta de abogados que han litigado contra el gobierno en los últimos ocho años. Traducción: si alguna vez te interpusiste legalmente entre Trump y su idea de “seguridad nacional”, prepárate para recibir más atención que el Super Bowl.
La directiva también autoriza revocar credenciales y contratos federales a bufetes que presenten demandas contra el gobierno. Entre los destinatarios ilustres del enojo presidencial se encuentra el poderoso bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, al que Trump había atacado previamente por la participación de uno de sus exempleados, Mark Pomerantz, en investigaciones sobre sus presuntos delitos financieros. Como si de una tregua forzada se tratara, el bufete logró escapar a la sanción ofreciendo un acto de contrición de $40 millones en trabajo pro bono y la contratación de un auditor para revisar sus políticas de diversidad. La ironía se vende cara.
Pero si alguien pensó que esto era una vendetta aislada, Trump se encargó de aclarar que va en serio. En su cruzada judicial personalizada, apuntó directamente contra Marc Elias, abogado con historial en la defensa de derechos electorales y vínculos con el Partido Demócrata. Elias, blanco frecuente del expresidente, no se guardó las palabras y acusó a Trump de querer “acobardar” a la comunidad legal hasta que no quede quien lo contradiga en tribunales.
La crítica no tardó en llegar. La ACLU —organización que Trump debe tener en su lista de bloqueados— calificó la medida como “un paso más hacia el desmantelamiento del Estado de derecho” y “un ataque sin precedentes a los cimientos de la libertad y la democracia”. Su directora legal, Cecillia Wang, lamentó que el presidente busque silenciar a quienes representan los ideales del derecho: defender al pueblo y exigir cuentas al poder. Básicamente, todo lo que molesta a un gobierno autoritario con buenas relaciones públicas.
Lo más notable del memorando no es lo que pretende hacer, sino lo que revela: una política de intimidación legal institucionalizada. En lugar de disputar argumentos en tribunales, el Ejecutivo opta por castigar la existencia misma del disenso judicial. Si un abogado osa cuestionar las decisiones presidenciales, ahora corre el riesgo de perder contratos, credenciales y hasta la paz mental.
La paradoja es que mientras se exige ética y profesionalismo a los abogados que defienden inmigrantes, el propio gobierno promueve acciones disciplinarias por motivaciones abiertamente políticas. Y todo esto mientras los jueces federales —esos que aún conservan algo de independencia— ya poseen mecanismos para sancionar a litigantes por malas prácticas. Lo que hace esta directiva es añadir un nivel más: el castigo por incomodidad política.
Con más de 130 demandas activas contra la administración Trump por temas que van desde inmigración hasta derechos laborales, este memorando no parece una herramienta jurídica, sino una maniobra de desgaste institucional. Es un “aviso para navegantes” disfrazado de normativa: quien ose frenar al Ejecutivo, que se prepare para recibir un castigo ejemplar.
En resumen, Trump ha convertido a los abogados en una nueva categoría de amenaza a la seguridad nacional, solo superada por los inmigrantes y, posiblemente, por la prensa. En un país donde la justicia solía ser ciega, ahora también deberá cuidarse de no mirar a la Casa Blanca con mala cara.
Por lo pronto, la comunidad jurídica observa con cautela. Algunos con miedo, otros con indignación, y varios —los más curtidos— con la sensación de haber sido transportados a un universo paralelo donde los abogados defensores no son héroes de series de televisión, sino potenciales enemigos del Estado.
