Cosas Veredes
Necesario el inventario de áreas de donación
Con frecuencia se habla del espacio público de las ciudades y casi todos sabemos que la administración de esos espacios corresponde al Estado y a sus diferentes instituciones; que dichas áreas tienen por objeto servir a la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, no deben ser utilizados para el beneficio de intereses particulares o de lucro. Aun con eso, también sabemos que la privatización del espacio público es también un hecho frecuente, a través de mecanismos que van desde obvias y precarias invasiones de plazas y vialidades, hasta sofisticadas y rentables operaciones viciadas, opacas o cuestionables.
Racionalmente podemos afirmar que es el espacio público lo que da esencia y existencia a la vida urbana, pues lo que mantiene vinculados a los componentes de una comunidad son justamente esos bienes compartidos que sirven al uso común: la calle, la plaza, el parque, la escuela, la iglesia, la oficina de gobierno, los puentes y, en un sentido más amplio, hasta el transporte público. Por lo tanto, usar para fines privados los bienes de uso público no son solo actos ilegales, sino auténticos atentados a la vida social.
Y así, vemos día a día cómo varios negocios toman la acera como estacionamiento propio y hasta anuncian que es para su uso exclusivo, o quienes apartan espacios en las calles con cualquier objeto para impedir que alguien estacione un vehículo, o los estanquillos provisionales o fijos para actividad comercial bloqueando vialidades para peatones o vehículos, y un largo etcétera.
Pero tal vez lo más grave que debiera preocuparnos respecto a algún componente del espacio público es lo que puede suceder con las llamadas “áreas de donación”. Es decir, aquellas superficies que se deben entregar al gobierno municipal cuando se lleva a cabo un desarrollo de fraccionamiento urbano o construcción de vivienda. Comúnmente se sabe que esas áreas de donación deben utilizarse para el equipamiento urbano y zonas recreativas, aunque eventualmente han surgido conflictos, escándalos e incluso procesos judiciales cuando se han descubierto decisiones discrecionales para dar destino ilegal o polémico a algunas de esas áreas de donación.
Por lo general, dichas áreas de donación se entregan en fracciones para construcción de escuelas, oficinas públicas o iglesias y, cuando son de mayor tamaño, alcanzan para una plaza o campo deportivo. Sin embargo, no ha sido raro que al paso de meses o años, en lo que fueron áreas de donación de un fraccionamiento o colonia, nos encontremos construcciones particulares -no pequeñas, por cierto- o funcionando prósperos negocios que aprovecharon la ubicación privilegiada de esas áreas que en el algún momento habían sido entregadas a algún gobierno municipal.
Es necesario que los administradores del espacio público de nuestro estado y municipios custodien de mejor manera los bienes de nuestros pueblos y ciudades. Pues un gobierno con sensibilidad popular no requiere ceder ante el desorden y la anarquía, sino que debe ser capaz de entender y atender correctamente las necesidades de cada sector de la población. Para ello cuentan con leyes y reglamentos.
En los bienes que de manera constante se van incorporando por la vía de la donación al patrimonio público se requiere establecer nuevas políticas e instrumentos para mayor claridad, seguridad y transparencia, de tal manera que la población, los ciudadanos, los vecinos de cada colonia, fraccionamiento o comunidad puedan reconocer esas áreas y estar atentas al destino que se les dará. Cuanto más ahora que las reformas recientes permiten que los desarrolladores urbanos puedan hacer las donaciones en forma de obras o bienes muebles de equipamiento urbano.
Uno de esos instrumentos de transparencia, democracia y control social de los bienes públicos bien puede ser la creación y elaboración en cada municipio de un “inventario municipal de áreas, obras y bienes de equipamiento urbano, de donación, en proceso de recepción, disponibilidad y destino”. Estos instrumentos deberían estar abiertos para la consulta pública en los portales digitales de los ayuntamientos. Además, un instrumento como este sería muy útil para fortalecer la política de presupuesto participativo, pues los vecinos de cada zona urbana podrán incidir para buscar el mejor destino de esos bienes.
Para los gobiernos municipales, la creación de esos inventarios no representaría mayor dificultad, pues cuentan con la información a la mano y sólo tendrían que ordenarla. En cambio, sería una importantísima acción de buen gobierno, transparente y democrático. Y se estarían previniendo desaguisados lamentables como ya se han conocido en el pasado.
Para la población de cada municipio sería una saludable medida que le daría mayor cercanía a su gobierno. Recordemos que un signo de la democracia y de los nuevos tiempos es que las cosas públicas deben ser cada vez más públicas.
@gilbertocarloso
