El próximo 5 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos una decisión crucial: reconocer a los padres de Fátima Quintana Gutiérrez como víctimas indirectas de su feminicidio y garantizar la reparación del daño que les ha sido negada durante una década. El caso, que se ha convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad, no solo busca justicia para la familia de la menor asesinada en 2015, sino también sentar un precedente para futuras víctimas de violencia feminicida en México.
Una década de impunidad y violencia institucional
El 5 de febrero de 2015, Fátima, de apenas 12 años, fue brutalmente asesinada en la comunidad Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México. Tres de sus vecinos la atacaron sexualmente, la acuchillaron y finalmente la lapidaron. A pesar de que los responsables fueron detenidos y sentenciados, la familia de Fátima ha enfrentado una revictimización constante por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito se negó a reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas, lo que les impidió acceder a la reparación del daño. Durante estos diez años, la familia también ha sufrido amenazas, desplazamiento forzado y la pérdida de otro hijo, Daniel, en 2020, debido a negligencia estatal mientras se encontraban bajo medidas de protección.
El caso de Fátima es una muestra del abandono en el que se encuentran miles de familias de víctimas de feminicidio en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2022 y 2024 se han registrado 1,052 asesinatos de mujeres en el Estado de México, de los cuales solo el 28% han sido investigados como feminicidios. Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 31,000 mujeres desaparecidas en la entidad.
El papel de la SCJN y la oportunidad de un precedente histórico
El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat y presentado en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, busca corregir la injusticia y establecer que el reconocimiento de víctimas indirectas no debe depender de formalismos burocráticos, sino del vínculo con la víctima y el impacto sufrido por sus familiares. Además, el proyecto ordena medidas de satisfacción y garantías de no repetición, estableciendo la responsabilidad solidaria del Estado de México por su incumplimiento en la prevención del feminicidio.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha hecho un llamado urgente a la SCJN para que apruebe el proyecto, destacando que esta decisión podría marcar el rumbo de la reparación integral del daño en casos de feminicidio en México. “Aprobar este proyecto no solo haría justicia para la familia de Fátima, sino que también sentaría un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México”, afirmó la organización.
Reparación del daño: una deuda del Estado con las víctimas
El marco jurídico nacional e internacional respalda el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Mexicana y la Ley General de Víctimas establecen medidas de restitución, indemnización y garantías de no repetición. Sin embargo, en la práctica, estos derechos siguen sin garantizarse para miles de familias que, como la de Fátima, se ven obligadas a luchar contra un sistema que las ignora y revictimiza.
En este sentido, la SCJN tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente: en México, la justicia para las víctimas de feminicidio no es una concesión, sino una obligación del Estado. La resolución de este caso será crucial para definir el compromiso de las instituciones con la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en el país.
La historia de Fátima Quintana no es un caso aislado. Es un recordatorio del contexto de violencia feminicida en el que miles de mujeres pierden la vida y sus familias son condenadas a la indiferencia institucional. La decisión de la SCJN el 5 de marzo no solo determinará la posibilidad de justicia para su familia, sino que podría representar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y la violencia de género en México.
