En un país donde la definición de “terrorismo nacional” suele girar en torno a atentados, tiroteos masivos y conspiraciones sediciosas, el nuevo enemigo público número uno parece tener llanta de repuesto y cable de carga. Así es: los ataques contra vehículos Tesla han sido elevados a la categoría de terrorismo por el gobierno de Donald Trump, quien no ha dudado en calificar a los perpetradores como “terroristas enfermos”, merecedores —por qué no— de ser extraditados a las infames cárceles de El Salvador. Un giro que haría palidecer al mismísimo George Orwell.
Los incidentes, que incluyen desde neumáticos pinchados hasta cócteles molotov lanzados contra autos y estaciones de carga, han ocurrido en diversos puntos del país como Massachusetts, Washington, Carolina del Sur, Las Vegas y Kansas City. Aunque no se ha reportado ningún herido, las autoridades están listas para aplicar el peso completo del aparato judicial. La fiscal general Pam Bondi declaró con firmeza que “esto no es menos que terrorismo interno” y advirtió que los implicados podrían enfrentar penas de entre cinco y veinte años de prisión. Y como si esto fuera una entrega de Fast & Furious, también prometió ir tras “los que operan entre bastidores para coordinar y financiar estos delitos”. Aunque, claro, aún nadie ha mostrado pruebas de tal coordinación.
Por su parte, Trump ha aprovechado su regreso al escenario político para dejar claro que esta nueva forma de vandalismo no es solo ilegal, sino parte de una supuesta conspiración de la izquierda radical, aunque, como es costumbre, sin aportar nombres, evidencias o algo que no parezca sacado de una reunión de Reddit. “Creo que están siendo pagados por personas con una fuerte motivación política de izquierdas”, dijo, quizás olvidando que hasta hace poco defendía a los asaltantes del Capitolio como “rehenes”. Aparentemente, el grado de delito depende ahora de si dañas un Capitolio o un coche eléctrico.
El Departamento de Justicia, que bajo Merrick Garland había diseñado estrategias para enfrentar tiroteos masivos de ultraderecha y grupos nacionalistas blancos, ha encontrado ahora una nueva prioridad: el vándalo anti-corporativo que odia a Tesla. El FBI ya investiga algunos de los casos más notorios como el ataque a un centro de servicio de Tesla en Las Vegas, donde se disparó contra vehículos y se incendiaron varios más, un acto que el sheriff local calificó como “dirigido”.
Desde luego, no falta quien levante una ceja ante esta redefinición del terrorismo. Daniel Byman, experto en amenazas irregulares del CSIS, señala que la destrucción de propiedad por razones políticas “casi nunca se etiqueta como terrorismo” y que estos ataques, en particular, no parecían diseñados para dañar personas. Pero, en tiempos donde la hipérbole es moneda de cambio, esto parece un detalle menor.
La verdadera ironía —de esas que no se escapan ni a los comentaristas más sobrios— es la vara con la que se mide el vandalismo cuando Elon Musk está en juego. No se necesita ser experto en justicia para notar la contradicción: mientras los agitadores del 6 de enero, armados y en plena insurrección, reciben indultos y calificativos cariñosos como “patriotas”, los atacantes de una estación de carga enfrentan la posibilidad de ser enviados al CECOT, la cárcel modelo de Bukele, convertida en el Airbnb geopolítico de Trump para todo disidente indeseable.
Musk, por su parte, ha optado por el tono místico, asegurando que “hay fuerzas más grandes en juego” tras estos ataques. No especificó si se refería a comunistas, sindicatos o simples consumidores hartos de su protagonismo federal. Desde que asumió el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y emprendió su cruzada por adelgazar al gobierno federal, Musk se ha convertido en una figura polarizante que parece atraer tanta devoción como cócteles incendiarios.
El agente del FBI Spencer Evans lo resume de forma contundente: “Esto es un delito federal. Los perseguiremos, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”. Palabras que recuerdan al estilo de campaña de un sheriff de película de acción, más que al discurso moderado de una agencia federal.
Por ahora, lo cierto es que en Estados Unidos vandalizar un Tesla podría costarte más caro que amenazar la democracia. A falta de consenso sobre lo que realmente constituye el terrorismo nacional, parece que el verdadero crimen es tocarle los autos a Elon.
