Pocas cosas generan más consenso bipartidista en Estados Unidos que la necesidad de “controlar la migración irregular”. En su más reciente intento por poner orden en la frontera sin necesidad de revisar su propio sistema migratorio, el Departamento de Estado ha lanzado una nueva política de restricciones de visados, dirigida esta vez a funcionarios extranjeros que—según la lógica de Washington—permiten, facilitan o simplemente no obstaculizan lo suficiente el tránsito de migrantes que sueñan con cruzar la frontera suroeste.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, con la solemnidad que amerita el momento, explicó que la restricción afectará a funcionarios de migración, aduanas, aeropuertos y autoridades portuarias, así como a “otras personas” que, de manera consciente, ayuden a migrantes a llegar a suelo estadounidense sin los papeles adecuados. Un concepto tan amplio como oportuno, que deja margen para futuras ampliaciones de la medida.
“Proteger las fronteras de nuestra nación es de vital importancia para que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero”, se lee en el comunicado. Un mensaje claro que resuena con el electorado estadounidense, especialmente en un contexto político donde la migración es un tema clave.
Pero, ¿cómo planea Estados Unidos que estos países “cumplan con su parte”? Simple: mediante sanciones a nivel personal. Si un funcionario de migración no es lo suficientemente estricto en su país, podría verse en la incómoda situación de no poder vacacionar en Miami o enviar a sus hijos a estudiar a una universidad estadounidense.
Esta política, que complementa la ya existente C3 (destinada a castigar a actores privados que facilitan la migración irregular), busca ejercer presión sobre los gobiernos de tránsito, para que ellos se encarguen del trabajo sucio de cerrar rutas migratorias. Porque, claro, si los migrantes no pueden avanzar en sus países de origen, la crisis deja de ser un problema estadounidense.
Visa EB-4: otra puerta que se cierra
Mientras tanto, en otro capítulo de la política migratoria de EE.UU., aquellos que aún intentan llegar de manera legal también enfrentan obstáculos. La categoría EB-4, que permite la entrada de ciertos “inmigrantes especiales” (trabajadores religiosos, empleados de organismos internacionales y personas que han colaborado con investigaciones criminales, entre otros), tiene los días contados para algunos de sus beneficiarios.
Gracias a la ley HR 10545, aprobada en diciembre de 2024, el programa para trabajadores religiosos no ministros será historia a partir del 14 de marzo de 2025. Es decir, si no entran al país antes de esa fecha, su solicitud será tan útil como un boleto de avión vencido.
¿Las razones? No están del todo claras, pero el impacto sí lo está. Organizaciones religiosas y de asistencia social que dependen de estos trabajadores podrían quedarse sin personal clave para sus operaciones. Sin embargo, los ministros religiosos—quizás por razones políticas más que humanitarias—sí podrán seguir aplicando.
Para los afectados, la única esperanza es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) tenga un arranque de generosidad y acelere sus solicitudes bajo criterios discrecionales. Pero, como siempre en la burocracia migratoria, el reloj corre más rápido para los solicitantes que para las oficinas gubernamentales.
El gran dilema: ¿restricciones efectivas o simple juego político?
Las medidas anunciadas por Washington refuerzan la tendencia de responsabilizar a otros gobiernos por los flujos migratorios, mientras el sistema de asilo y visados sigue plagado de retrasos, arbitrariedades y falta de reformas estructurales. La estrategia de restringir visas a funcionarios extranjeros tiene más tintes de presión política que de una solución real, mientras que el cierre de la EB-4 para ciertos trabajadores religiosos parece seguir la lógica de “selección” de quién merece entrar y quién no.
En el fondo, la narrativa no cambia: el problema es siempre externo, nunca interno. Y así, una vez más, la política migratoria de EE.UU. opta por la vía de las restricciones en lugar de abordar las causas de la migración con reformas de fondo. Pero bueno, mientras las fronteras sigan siendo un tema de debate electoral, lo importante es mantener las apariencias.
