Ya se van a cumplir seis años desde que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha sido incapaz de cumplir con su responsabilidad de poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta clave para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017 obliga a su creación, la FGR no ha logrado avanzar significativamente en su implementación, dejando en el limbo a más de 124 mil 913 personas desaparecidas y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados almacenados en morgues de todo el país.
El abandono de este instrumento no solo es una falta administrativa, sino una traición para miles de familias que buscan justicia y verdad.
¿Por qué es importante el Banco de Datos Forenses?
Pero pongámonos un poco en contexto, el BNDF es una plataforma que debería reunir y sistematizar información clave para la identificación de cuerpos no reclamados, cruzando datos genéticos, huellas dactilares y características particulares de personas desaparecidas.
Esta base de datos permitiría comparar de forma rápida y efectiva la información de restos encontrados con los registros de personas desaparecidas, agilizando procesos de identificación que, hoy por hoy, se alargan por meses o incluso años.
Sin embargo, la realidad es otra. César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que los registros siguen incompletos. Por ejemplo:
- Solo 13 mil registros ante mortem (AM) de personas desaparecidas están en la base, cuando deberían ser más de 124 mil.
- Apenas 14 mil registros post mortem (PM) de cuerpos sin identificar.
Además, hay inconsistencias alarmantes. De acuerdo con la investigación de Proceso, oficialmente se tenía un dato de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, pero a finales del año pasado medios periodísticos señalaban que serían 72 mil las personas sin identificar. Sin embargo la FGR sólo tiene 490 registros de cuerpos no reclamados. La crisis forense es descomunal, pero la FGR parece seguir operando con “otros datos”.
Años sin ver avances ni intención de hacerlo
La negligencia de la FGR quedó en evidencia cuando Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio desaparecido en Guanajuato desde 2017, tuvo que recurrir a un amparo para exigir información sobre el BNDF. En 2022, Montoya ganó la protección de la justicia federal, pero el Banco sigue sin operar adecuadamente. Aunque la FGR ha presentado algunos informes, la realidad es que la información sigue fragmentada y desactualizada.
La FGR se excusa en que el proceso es “gradual” y depende de la interconexión de otros registros como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Registro de Antecedentes Criminales y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares. Pero, en palabras de Contreras, “el tortuguismo burocrático” sigue retrasando todo, impidiendo que las familias obtengan respuestas.
Sheinbaum “propone”… pero ya existe
Todo este tema tomó relevancia porque recientemente la presidenta Sheinbaum anunció que enviaría una “iniciativa” para crear una Base Nacional de Información Forense. Esta propuesta encendió las alarmas entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, quienes señalaron que ese instrumento ya existe por ley desde 2017.
“Es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta” menciona Contreras, pero esto no es empezar desde cero. Ya hay herramientas creadas que solo necesitan ser implementadas correctamente. El problema es que si Sheinbaum decide trasladar esta responsabilidad a otra institución, podría fragmentarse aún más el proceso y provocar un retroceso en lugar de un avance.
Datos dispersos y falta de coordinación
Un informe del Sistema de Gestión de Información del BNDF, con corte a noviembre de 2024, mostró números alarmantemente bajos para una crisis de esta magnitud. Entre los datos más preocupantes:
- Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA): Solo 490 fallecidos registrados.
- Registro Forense Federal (Refofe): 2,064 registros relacionados con desapariciones y restos humanos.
- Base Nacional de Información Genética (BaNIG): Apenas 9,374 registros genéticos.
Además, los registros de fosas comunes y clandestinas no distinguen entre ambas, lo que dificulta aún más la sistematización de la información.
El reciente hallazgo de restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, ilustra perfectamente el desastre que implica la falta de un sistema forense interconectado. Contreras explica que, si el BNDF estuviera funcionando correctamente, estos restos podrían haber sido procesados y comparados de inmediato con la base nacional, evitando prolongadas esperas para la identificación.
“El gran problema –explica– es que hallazgos como el Teuchitlán, en caso de que sea posible obtener ADN de lo restos, deberían poder se procesados y confrontados con una sola base de datos del país de manera inmediata y no depender de tardados procesos burocráticos para devolverles la identidad, como los que se siguen teniendo que llevar a cabo en todo el país”, señala Contreras.
¿Un cambio que empeore las cosas?
Aunque Sheinbaum promete una “nueva iniciativa”, el riesgo es alto si la responsabilidad se fragmenta. Actualmente, las 33 fiscalías estatales son las que tienen la información de primera mano sobre cuerpos y desapariciones, pero la FGR debería ser el eje coordinador para integrar toda esa información.
Si se crea una nueva base sin fortalecer el BNDF existente, estaríamos tirando a la basura años de esfuerzos de familias y colectivos que han luchado para que la información forense sea accesible y útil.
La crisis forense en México no es un problema nuevo, pero la inacción de la FGR ha convertido una herramienta vital en una promesa incumplida. Mientras miles de familias siguen buscando respuestas, la burocracia y la falta de voluntad política siguen retrasando el proceso
