La crisis de desapariciones en México ha alcanzado un nuevo nivel de horror con el reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco. Este descubrimiento, realizado por colectivos de búsqueda de desaparecidos y no por las autoridades, expone una alarmante combinación de impunidad, omisión y posible encubrimiento. Ante la gravedad del caso y las crecientes críticas sobre la actuación de la Fiscalía del estado, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido atraer la investigación, una medida que si bien parece necesaria, también genera preguntas incómodas sobre la ineficacia de las instituciones locales y la seguridad en el país.
El Hallazgo: Un Escenario de Horror
Los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco fueron los primeros en dar la alerta el pasado 5 de marzo. Dentro del rancho Izaguirre, encontraron restos óseos calcinados, decenas de casquillos de bala, zapatos, ropa, mochilas y objetos personales. Más perturbador aún fue el descubrimiento de una carta de despedida de un joven, posiblemente víctima de reclutamiento forzado por grupos criminales.
Las evidencias apuntan a que este sitio no solo era utilizado para la ejecución de personas, sino también como un centro de adiestramiento de sicarios. Los indicios de que allí operaban crematorios clandestinos sugieren una maquinaria sistemática de exterminio, algo que remite a los peores capítulos de violencia en la historia del país.
La Intervención de la FGR y la Crítica al Gobierno Estatal
Desde el primer momento, la respuesta oficial ha estado marcada por declaraciones contradictorias y una clara intención de deslindarse de responsabilidades. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se solicitó a la FGR que atrajera el caso, pero también señaló que antes de ello era necesario realizar una investigación para entender “realmente qué pasó ahí”. Su postura coincidió con la del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien no dudó en cuestionar la actuación de las autoridades estatales, calificando de “increíble” que no hubieran detectado la existencia de este sitio previamente.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, intentó responder a las críticas asegurando que su administración colaborará con la FGR y otras instancias federales, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En un discurso cuidadosamente elaborado, subrayó que los hechos no ocurrieron durante su gestión ni la de Sheinbaum, como si la responsabilidad gubernamental tuviera fecha de vencimiento.
¿Desidia o Encubrimiento?
La indignación pública no se limita a la existencia de estos crematorios clandestinos, sino a las preguntas sin respuesta que rodean el caso. Las autoridades estatales ya habían realizado investigaciones en este sitio en 2024 y, sin embargo, no reportaron haber encontrado restos humanos ni evidencia de crímenes. ¿Cómo es posible que un sitio de exterminio de esta magnitud pasara desapercibido? ¿Hubo negligencia, incompetencia o complicidad?
El fiscal Gertz Manero dejó claro que el caso será investigado en profundidad, señalando que el crimen organizado no surge espontáneamente, sino que crece en contextos donde el Estado ha fallado en su función más básica: garantizar la seguridad y la justicia. Su declaración resuena con las cifras alarmantes de desapariciones en Jalisco, que lidera el registro nacional con más de 15,000 casos desde 2018.
El Peligro de la Normalización
Más allá del impacto mediático, este caso pone en evidencia un patrón preocupante: la normalización del horror. Los crematorios clandestinos, las fosas comunes y la desaparición forzada son síntomas de un problema estructural que las autoridades han sido incapaces –o no han querido– resolver. El hecho de que sean los colectivos ciudadanos y no el Estado quienes descubren estos sitios debería ser motivo de una crisis institucional de proporciones mayores.
La FGR ha prometido resultados en un “plazo razonable”, pero la realidad es que la sociedad mexicana está cansada de promesas vacías. La impunidad sigue siendo la norma y la exigencia de justicia, una batalla cuesta arriba. ¿Habrá consecuencias reales para quienes permitieron que esto ocurriera? ¿O será este caso uno más en la larga lista de crímenes que quedan sin resolver? El tiempo dirá si este episodio representa un punto de inflexión o simplemente otro eslabón en la cadena de impunidad que define la crisis de seguridad en México.
