El próximo 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia electoral de México, pero no por los motivos que los ciudadanos esperarían. En un giro que ha generado críticas y advertencias sobre un retroceso democrático, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han confirmado la exclusión de los ciudadanos del conteo y escrutinio de votos en la elección judicial. A partir de este proceso, los votos serán contados únicamente en los Consejos Distritales, eliminando así la participación ciudadana en una de las etapas más cruciales de cualquier elección.
Este cambio, justificado por la autoridad electoral bajo el argumento de la “complejidad de las boletas” y la necesidad de agilizar el proceso, ha sido interpretado por diversos actores como una medida que atenta contra la transparencia electoral y pone en riesgo la confianza en los resultados. La decisión, aprobada en medio de un contexto de recortes presupuestales y una creciente desconfianza en las instituciones, ha generado un intenso debate entre magistrados, expertos y ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el país.
Un cambio que debilita la democracia participativa
Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, el conteo ciudadano de votos ha sido una de las piedras angulares del sistema electoral mexicano. Permitir que sean los propios ciudadanos quienes supervisen y contabilicen los votos ha sido clave para dotar de legitimidad a los resultados, al ser un proceso en el que múltiples actores, desde observadores hasta representantes de partidos políticos, pueden verificar de primera mano el desarrollo de los comicios.
Sin embargo, con el nuevo modelo aprobado por el INE y respaldado por el TEPJF con una votación dividida (tres magistrados a favor y dos en contra), los ciudadanos solo podrán clasificar las boletas por cargo, pero no realizarán el escrutinio y conteo de los votos. Esta tarea será trasladada a los Consejos Distritales, donde se espera que los resultados finales sean publicados hasta 12 días después de la elección.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue claro en su crítica a esta modificación, señalando que el escrutinio debería realizarse tanto en las casillas como en los distritos, y que este cambio en la metodología electoral no responde a un mandato legal, sino a una decisión administrativa que debilita la supervisión ciudadana. A su vez, la magistrada Janine Otálora advirtió que esta exclusión implica “un retroceso en la calidad de nuestra democracia”.
Justificación oficial: logística y presupuesto
Para el INE, esta decisión responde a dos factores principales: la complejidad de las boletas y la falta de recursos. Según el magistrado Felipe de la Mata, el número de cargos a elegir en esta elección extraordinaria es significativamente mayor que en otros procesos, lo que haría inviable que los ciudadanos realicen el conteo en un tiempo razonable.
De acuerdo con los lineamientos del INE, cada votante recibirá hasta seis boletas federales y, en algunos estados, boletas adicionales para cargos judiciales locales. Con esta cantidad de votos a procesar, los funcionarios de casilla solo podrán agruparlos por tipo, sin definir a quién pertenece cada sufragio. El conteo detallado se realizará exclusivamente en los Consejos Distritales.
Otro de los argumentos esgrimidos por los defensores del nuevo modelo es que contar con ciudadanos dispuestos a dedicar hasta 12 días al cómputo sería poco realista. “El pueblo mexicano es solidario, pero aquí necesitaríamos cientos de miles de héroes que hagan ese trabajo en un tiempo rápido”, justificó De la Mata.
Sin embargo, esta postura ha sido duramente cuestionada. Críticos del modelo señalan que el problema no radica en la falta de ciudadanos dispuestos, sino en el recorte presupuestal que ha limitado la capacidad operativa del INE. La magistrada Otálora señaló que el nuevo sistema es consecuencia directa de las restricciones financieras impuestas por la Cámara de Diputados, y que la eliminación del conteo ciudadano es una respuesta que afecta la calidad del proceso electoral.
Riesgos y críticas: ¿mayor eficiencia o puerta abierta al fraude?
La eliminación del conteo ciudadano no solo retrasa la publicación de resultados, sino que introduce nuevos riesgos en la integridad del proceso electoral. Los críticos argumentan que trasladar los paquetes electorales a los Consejos Distritales sin una verificación inmediata en las casillas abre la puerta a posibles manipulaciones o pérdidas de boletas.
Históricamente, los fraudes electorales en México han estado vinculados a la falta de transparencia en el manejo de los paquetes electorales. En el pasado, la falta de supervisión y los traslados poco claros han generado sospechas sobre la alteración de resultados. Ahora, con el cómputo centralizado en los distritos y sin la vigilancia ciudadana directa, estas preocupaciones resurgen con fuerza.
Si bien el INE ha asegurado que la cadena de custodia de los votos estará garantizada, las dudas persisten. No contar con actas de resultados inmediatas en las casillas deja a la ciudadanía sin información verificable sobre la cantidad de votos emitidos a favor de cada candidato en el momento del cierre de las urnas. En cambio, solo se colocará un cartel informando cuántos votos se depositaron, sin especificar el sentido del sufragio.
Un precedente peligroso
Más allá de esta elección judicial en particular, el nuevo modelo de conteo de votos sienta un precedente preocupante. Si esta metodología se normaliza, podría utilizarse en futuras elecciones, debilitando uno de los principales pilares de la democracia mexicana: la participación ciudadana en la vigilancia de los procesos electorales.
El debate no es menor. Mientras los magistrados que avalaron la decisión insisten en que se trata de una medida técnica y operativa, la oposición interna dentro del propio Tribunal Electoral advierte que la exclusión ciudadana del conteo de votos es una alteración grave del sistema electoral.
“No podemos estar en la añoranza del pasado”, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, rechazando los cuestionamientos sobre un posible retroceso democrático. Sin embargo, para muchos expertos y ciudadanos, la pregunta sigue abierta: ¿este cambio es una modernización del proceso electoral o un paso atrás en la transparencia y la confianza ciudadana?
La democracia en una encrucijada
La exclusión de los ciudadanos del conteo de votos en la elección judicial de 2025 representa un punto de inflexión en la historia electoral de México. La promesa de mayor eficiencia y rapidez en el proceso contrasta con la pérdida de un elemento clave de transparencia: la supervisión directa de los ciudadanos en el escrutinio y cómputo.
Con el riesgo de establecer un modelo que limite la vigilancia ciudadana en futuras elecciones, esta decisión ha encendido las alarmas sobre la dirección que está tomando la democracia en el país. La pregunta ahora es si la sociedad aceptará este cambio sin cuestionamientos o si exigirá que el principio fundamental de “ciudadanos contando el voto de los ciudadanos” sea restaurado.
