Cosas Veredes
Desaparecidos e impunidad, prioridades nacionales
Las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los hallazgos y denuncias sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jal. han dejado importantes señales de lo que deben ser las prioridades del país en materia de seguridad pública y procuración de justicia en estos años.
Independientemente de las conclusiones a las que se pueda llegar, si es que algún día se pueda lograr, acerca de las actividades que se realizaban en Teuchitlán lo cierto es que el hallazgo de los grupos de buscadores ha servido para sensibilizar y llevar a la agenda pública el grave problema de la desaparición de personas, y también de la impunidad, pues son dos de los aspectos más graves y evidentes del problema de inseguridad.
Desde el punto de vista de la teoría general de las ciencias sociales, podemos concluir que el problema de seguridad pública actual se debe a que habiendo evolucionado la materia y la organización delincuencial a nivel global y nacional, las estrategias y los aparatos de seguridad y justicia del estado mexicano no han evolucionado suficientemente como para hacer frente a las nuevas amenazas de años recientes. Del viejo narcotráfico aldeano de productores y distribuidores de mariguana, goma y cocaína, el crimen organizado ahora teje redes desde los confines de oriente hasta los territorios africanos, las urbes europeas y los mercados de América con un enorme poder financiero que lo mismo crea ejércitos criminales y corrompe corporaciones y banqueros a la vez que promueve y protege la delincuencia común en los territorios micro sociales de barriadas y favelas. Un nuevo rasgo en la incidencia delictiva es que los delitos comunes cada vez más están cayendo en el control del crimen organizado, de tal manera que los llamados delincuentes menores empiezan a caer en los mecanismos de control cada vez menos subterráneos de carteles y bandas criminales. Desde hace varios años, algunos carteles aseguran en sus publicaciones que controlan la paz y delincuencia en sus territorios.
Si bien el crimen organizado es un problema estructural y hasta global, lo cierto es que se expresa según las particularidades de los países, territorios y sus condiciones políticas y sociales. En México el crimen organizado se ha venido expresando cada vez con más violencia, fuerza y poder; por una parte, dejando una gigantesca estela macabra de homicidios y desaparecidos, y por otra poniendo en evidencia el grave problema de la impunidad, que según los datos de “México Evalúa”, la probabilidad de que un delito sea sancionado es de menos del 10%, lo cual es el principal estímulo a la delincuencia.
Por eso es muy importante que el gobierno de la República y concretamente la presidenta de México tome acciones para ponerse a la cabeza del movimiento nacional por los desaparecidos y desaparecidas. Pues ni el gobierno federal y ninguno de los estados puede dar la espalda a las miles de familias que hoy reclaman al menos saber qué fue de sus seres queridos, lo mismo del joven que fue reclutado por algún grupo criminal, o la que fue víctima del secuestro o engaño, o quienes tuvieron el infortunio de cruzarse en el camino de cárteles y bandas.
Seguramente la criminología científica tendrá que avanzar en la construcción de conceptos y categorías teóricas para el estudio de la delincuencia, y quizá algún día se precisarán las diferencias semánticas entre “banda”, “pandilla”, “cártel”, “plaza”, “fosa clandestina”, “campo de exterminio”, “campo de entrenamiento”, “levantón”, “secuestro”, “sicario” y muchos términos más, pero por lo pronto es significativo que las autoridades del gobierno mexicano hagan causa común y apoyen a las centenas de grupos de buscadores y buscadoras que recorren el territorio buscando pistas o siguiendo indicios para cavar y al menos encontrar los restos del ser querido por alguna madre, padre o esposa o esposo.
En México se han encontrado, según el portal “adondevanlosdesaparecidos.org”, 5,696 fosas clandestinas de 2007 hasta 2025. De ésas, la mitad se localizaron en los últimos seis años, con restos humanos de una cantidad no precisada de varios miles de personas. Probablemente esas personas fueron asesinadas en algún lugar, y todos esos sitios debieron ser lugares de horror y crueldad. Recordemos El Huizachal en San Fernando, o Úrsulo Galván, Ver., o Allende, Coah., o Reynosa, Tamps, o de lo que nos falta por conocer en tantas otras partes del país.
Y la cifra aceptada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de 121 mil desaparecidos, es un argumento que respalda que esa desgracia tome el lugar prioritario en las políticas de seguridad.
Difícil será que esos temas sean relegados de la agenda pública, pues son ruidosas expresiones de la realidad que nos tocó vivir. Y más difícil será que algún burócrata de cualquier gobierno logre convencer a la presidenta, a los gobernadores o a los ciudadanos, de que esos graves problemas pasarán al olvido en cuestión de tiempo o acciones de propaganda. Tiene razón la doctora Sheinbaum: ni el país, ni el proyecto político de la Cuarta Transformación están para “verdades oficiales”, pues caen fulminadas por el “sospechosismo” que al paso de los años toma forma de tribunal de la historia.
Por eso se entiende la exigencia presidencial a la FGR de llegar al fondo y anchura de los hechos de Teuchitlán. Es cosa de analizar un poco para que aparezcan las omisiones que refirió el fiscal Gertz y también otras maniobras, complicidades e ineficiencias. Teuchitlán parece que será un parteaguas en la búsqueda de desaparecidos y en la impunidad.
gilbertocarlosornelas@gmail.com
@gilbertocarloso
