El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, es ya un símbolo de todo lo que el Estado mexicano dice combatir, pero apenas logra nombrar. En ese terreno operó un centro de reclutamiento forzado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde —según testimonio oficial— se torturó y asesinó a personas que intentaron escapar o se resistieron al entrenamiento. Sin embargo, la versión gubernamental insiste en evitar términos incómodos: “centro de adiestramiento”, no “campo de exterminio”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha repetido ante cámaras que no hay indicios de que el sitio fuera un campo de exterminio. Aunque al mismo tiempo reconoció que en el rancho se cometieron torturas y homicidios. ¿La diferencia? Cuestión de narrativa, no de hechos.
La historia salió a la luz tras la detención de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, señalado como responsable del reclutamiento de personas para el CJNG. Su modus operandi era tan simple como cruel: usaba redes sociales para ofrecer empleos falsos con sueldos de hasta 12 mil pesos semanales. A las víctimas se les citaba en centrales camioneras y se les trasladaba al Rancho Izaguirre. Ahí, ya sin pertenencias ni teléfonos, eran incomunicadas, uniformadas con ropa táctica y sometidas a un entrenamiento intensivo que incluía prácticas con armas de fuego y acondicionamiento físico. Un mes de aislamiento. Un mes de adoctrinamiento.
Según su propio testimonio, a quienes se resistían se les torturaba. A algunos, se les privaba de la vida. Aun así, el discurso oficial insiste en limitar el alcance de los hechos a un “entrenamiento criminal” y no a lo que, en la práctica, fue un campo clandestino de retención, abuso y asesinato.
Y mientras las autoridades miden con pinzas sus palabras, los colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores, siguen haciendo el trabajo que no hacen las instituciones: rastrear, documentar, exigir verdad. Fueron ellos quienes alertaron sobre el rancho desde marzo, y quienes lo ingresaron por su cuenta ante los obstáculos impuestos por las autoridades. En el lugar encontraron ropa, pertenencias y más de 400 pares de zapatos, posibles vestigios de personas desaparecidas.
Ese operativo ciudadano ocurrió meses después de que el predio fuera asegurado por fuerzas estatales en septiembre de 2024, sin avances visibles en la investigación. Cuando finalmente la Fiscalía General de la República se presentó, el daño ya estaba hecho: colectivos denunciaron que el lugar había sido “barrido”, es decir, alterado o limpiado antes de poder realizar peritajes reales. La evidencia, otra vez, ausente o destruida.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero reconoció la colusión entre criminales y exagentes municipales de Tala. Pero esa admisión no bastó para replantear el discurso oficial. La Secretaría de Seguridad insiste en que no se puede hablar —todavía— de un campo de exterminio. La Fiscalía, por su parte, “determinará si hay restos humanos”. Todo parece sujeto a confirmaciones futuras, como si los hallazgos preliminares, los testimonios y el trabajo de los colectivos no bastaran para alarmar.
Mientras tanto, el país acumula otro sitio del horror. Otro espacio donde la muerte se organizó con logística, donde la violencia tuvo estructura y donde, para colmo, se intenta disfrazar la barbarie con eufemismos.
Rancho Izaguirre no es una especulación: es un lugar donde, según la propia versión oficial, se asesinó y se torturó. El reclutamiento fue forzado. La incomunicación, sistemática. Las condiciones, inhumanas. Lo que sí es claro es que, otra vez, fueron los colectivos quienes empujaron la verdad hacia la superficie. Guerreros Buscadores y otros grupos no sólo visibilizaron el caso, sino que arriesgaron su integridad para acceder a un sitio que las autoridades mantuvieron sellado y, al parecer, intervenido. Su labor es valiente, irremplazable y digna de protección. Sin ellos, hoy seguiríamos escuchando únicamente la versión controlada de una realidad brutal.
En México, el lenguaje oficial tiene la capacidad de volver lo inaceptable en “tolerable”. Pero Rancho Izaguirre no puede maquillarse. No con sinónimos, no con tecnicismos. Fue, y sigue siendo, un lugar de horror. Y llamarlo por su nombre no es una exageración: es el primer paso hacia la verdad.
