Cosas Veredes
Necesario acuerdo nacional contra la narcopolítica
Tradicionalmente, se ha considerado que la vida pública y la democracia mexicana están amenazadas por la corrupción, el abuso de poder y las elecciones fraudulentas, y por eso todas las fuerzas políticas en la búsqueda del voto popular, siempre han prometido combatir esas conductas que envilecen la vida social y política de nuestro país.
Más allá de la aceptación de resultados logrados, avalados o discutibles en esos campos, lo cierto es que desde hace varios años se está confirmando que hoy por hoy, la amenaza principal para la convivencia civilizada, para la paz social, para el ejercicio de política y gobierno, para la frágil democracia electoral, y, por supuesto, para la seguridad pública, es nada más y nada menos que el desarrollo y consolidación del poderío del crimen organizado, ya no solamente por las olas de violencia en cada vez mayores regiones del territorio nacional, sino ahora también por su intervención cada vez más evidente en la vida electoral y política.
Ya pasaron 37 años de la aprehensión del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces “Zar Antidrogas” del gobierno mexicano, debido a la protección que brindó a los cárteles más poderosos del narcotráfico. Y hace ya 18 años de la petición que hiciera el gobernador de Michoacán, Cárdenas Batel, al entonces presidente de la república Felipe Calderón, para que el Gobierno Federal interviniera ante el crecimiento de las organizaciones criminales en aquella entidad, con la consecuencia de aquel terrible “efecto cucaracha”. Y apenas hace 5 años de la aprehensión en los EUA, de Genaro García Luna, poderoso ex secretario de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012.
Y de aquellos ayeres hasta la actualidad hemos visto, además de las variantes en las estrategias de seguridad, toda clase de acusaciones, denuncias y aprehensiones contra políticos e incluso autoridades de todos los colores, desde modestos policías hasta funcionarios y exfuncionarios de altísimos rangos, así como detenciones de jefes criminales y auténticas batallas sangrientas en diversos puntos del país, de tal manera que cada vez hay más evidencias de que las organizaciones criminales desde hace tiempo intervienen en procesos políticos y posiblemente electorales.
Esa hipótesis se confirma aún más cuando la reciente “Operación Enjambre”, implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, se ha orientado a la captura de funcionarios públicos de 14 municipios del Estado de México, por su colusión, participación o protección a organizaciones criminales que actúan en sus territorios a través de crímenes como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. La preocupación crece cuando se analiza la actuación de los carteles regionales del estado de Guerrero, ante las autoridades de varios municipios y especialmente frente al gobierno de Chilpancingo, la capital del estado, donde han asesinado a los funcionarios más importantes del municipio; o cuando se sabe de la tolerancia, complicidad o disimulo entre autoridades y organizaciones criminales en regiones de Michoacán, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, etc.
Las autoridades señaladas en esos hechos y operativos están relacionadas con alguno de los partidos políticos vigentes, y bien se pudiera inferir que en la búsqueda de candidaturas competitivas, los partidos aceptan aspirantes con todo tipo de popularidad y aparente solvencia económica, sin objetar relaciones o actividades dudosas, o incluso personajes que, en búsqueda de triunfos, aceptan compromisos a cambio de financiamiento o respaldos operativos. Además, también se presume que las organizaciones criminales reclutan a funcionarios en servicio mediante amenazas o sobornos.
El avance del crimen organizado en el territorio nacional, y especialmente en la esfera pública, procesos electorales y ejercicio de gobierno, es una gran amenaza para la vida nacional, en tanto que provoca un grave deterioro en el estado de derecho, pues los “arreglos” y “ajustes de cuentas” de ese mundo pasan por encima de los procesos judiciales. Servidores públicos, empresas, profesionistas y ciudadanos en general quedamos en la indefensión ante delincuentes inmunes a la acción de la justicia y el derecho, cuya influencia social y recursos económicos podrían constituir un poderoso activo en procesos electorales y todas las esferas sociales.
El país aún está a tiempo de atender esa amenaza, especialmente cuando tendremos la elección de poderes judiciales dentro de 5 meses. La sociedad mexicana y las fuerzas políticas cada vez son más conscientes de la amenaza del crimen organizado en la vida pública y la actividad política, pues incluso quienes se pudieran considerar beneficiarios de esos grupos, saben que terminarían literalmente como vasallos de capos de horca y cuchillo. Hay pocas causas y razones que están fuera de la polarización estridente de grupos políticos, y que pueden producir acuerdos en la actual vida política; pero la lucha contra el crimen organizado y su intervención en la vida social y política es hoy un peligro que debe ser un punto de acuerdo de la absoluta mayoría los mexicanos.
Es tiempo de que, desde el gobierno federal u otras instancias, se convoque a toda la sociedad mexicana, a los partidos, organizaciones sociales, empresariales, sindicatos nacionales, iglesias, gobiernos estatales y municipales, para que, dentro del combate a la corrupción y los delitos electorales, se suscriba un acuerdo nacional para fortalecer la democracia, las libertades y la seguridad pública, combatiendo a las organizaciones criminales e impidiendo su penetración e influencia en la vida política, electoral y en las instituciones de gobierno del país y sus territorios.
Si bien se puede argumentar que un acuerdo nacional tendría pocos alcances, sí sería un valioso instrumento para contener la normalización de la cultura del “narco”, y sobre todo impedir que el crimen organizado influya y penetre las instituciones del país, y si alguien cae en la tentación de apoyarse en ese “bastón del diablo”, que al menos tenga que pagar un alto costo social y político.
