Migrar no es delito | Plaza pública por: Enrique F. Pasillas P. - LJA Aguascalientes
18/02/2025

Plaza pública

Migrar no es delito

Criminalizar a los migrantes forma parte de un discurso mentiroso. Esto porque pese a lo que se dice y repite desde el norte para justificar ciertas medidas populistas de corte autoritario, migrar no es un delito, sino un derecho humano fundamental amparado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, amén de otros muchos tratados y convenciones internacionales. Sin embargo, las comunidades migrantes perfiladas racialmente o “racializadas” son las más expuestas a la violencia institucional desplegada desde las gobernantes coaliciones de derechas en todo el norte global. Ahora, en especial desde el nuevo gobierno federal de los Estados Unidos de América. Y entre ellas, una especialmente numerosa y vulnerable es la comunidad mexicana, con presencia en la práctica totalidad de los 52 estados y territorios de ese país, de este a oeste y de sur a norte.

Así que en tiempos de infodemia y de propaganda falsa a través del mainstream mediático y las redes sociales, la demagogia difundida desde las más altas esferas de las responsabilidades públicas en ciertos países de nuestro entorno puede ser muy dañina para el debate informado, así como para las relaciones internacionales, la buena vecindad y la política pública, razón por la que conocer y difundir informaciones verificadas y contrastables sobre los fenómenos migratorios que afectan a nuestra región no solo se vuelve necesario, sino ahora indispensable en defensa del interés nacional mexicano.

Por ejemplo, de acuerdo con la Current Population Survey (Oficina del Censo y Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos) publicada en 2024, en Estados Unidos viven y trabajan unos 332.3 millones de personas. De ellas, se estima que suman unos 13.5 millones las personas “no autorizadas” (para vivir y trabajar en ese país), de las cuales hay nacionales de 127 países y donde poco más de la tercera parte son mexicanos (36.4%); siendo el grupo más numeroso de no autorizados extranjeros en ese país y el que se vería más afectado por la política anunciada de deportaciones masivas; siendo el segundo contingente más numeroso después del mexicano, el de las personas provenientes de Centroamérica.

De ese total de 332.3 millones de personas que habitan en Estados Unidos de América, se sabe que un poco más de 39 millones son de origen mexicano (un poco más del 10 por ciento, casi la población total de España o de Colombia), aunque cabe aclarar que la gran mayoría de ellos (9 de cada 10), son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes autorizados (en los hechos, la mayoría de este porcentaje -en torno a un 69%- nacieron en los Estados Unidos de América, razón por la cual gozan del estatus de ciudadanos de pleno derecho –Jus Soli-, de acuerdo a la Constitución de ese país, independientemente de la situación migratoria de sus padres). Es decir entonces que según las cifras oficiales disponibles hasta 2024 desde las propias fuentes estadounidenses, la gran mayoría de los mexicanos o sus descendientes en Estados Unidos no son ilegales, sino ciudadanos o residentes “legales”. Entonces, no parece aventurado decir que la insistencia en llamar extranjeros criminales e ilegales a quienes en su mayoría no lo son en los hechos, es producto de la simple ignorancia o de una temeraria mala fe. Tampoco son “indocumentados”, porque la gran mayoría de las y los migrantes mexicanos tienen documentos oficiales de identidad, tales como la llamada matrícula consular, que es aceptada por muchas oficinas públicas y privadas en Estados Unidos para diversos trámites y gestiones cotidianas. 

De manera que dentro del total de las cifras citadas, serían más o menos un 13%, es decir, unos cinco millones de personas mexicanas, las que viven y trabajan en Estados Unidos de manera “irregular” o “no autorizada” (sin visa de trabajo o residencia autorizada en ese país) las que corren un riesgo actual e inminente de ser deportadas o expulsadas forzosamente, cuya presencia se concentra en su mayor parte en California y Texas. Dentro de dicho contingente, unas 71 mil personas son originarias de Aguascalientes. Desde luego no son pocas, pero ni mucho menos decenas de millones. Y cabe aclarar que la cifra es una estimación aproximada a partir de diversas fuentes de información, porque no existen bases de datos oficiales ni estadísticas al respecto en México ni en EUA. 

Entre los posibles primeros impactos sociales de las deportaciones masivas anunciadas, estaría la escasez generalizada de mano de obra en sectores muy importantes, como la agricultura y la construcción, con el consiguiente encarecimiento de bienes, servicios y productos. Otro problema sería la deportación de familias enteras cuya vida está en Estados Unidos (algunos ya sin redes de protección familiares en México) o la separación de familias con hijos menores, con una grave afectación para las y los menores de edad que ya vimos en la primera versión del gobierno del señor Trump. En este afán “deportatorio”, ya se empiezan a reportar numerosos casos de personas indígenas norteamericanas (Indigenous Peoples) detenidas ilegalmente en el suroeste de los Estados Unidos, así como también de numerosos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano; lo que nos da idea clara de la perfilación racial de las deportaciones y así, de su profundo carácter discriminatorio, vejatorio y contrario a los derechos humanos. Así que tal vez esta idea de deportar masivamente a miles de trabajadores y sus familias no sea tan buena para la sociedad y la economía de una potencia en declive. 

Las deportaciones masivas violan los derechos fundamentales de muchas personas dentro y fuera de Los Estados Unidos de América, y por eso deben condenarse y combatirse firmemente con todas las herramientas políticas, económicas y jurídicas al alcance de la sociedad mexicana dentro y fuera de ese país que se precia en el discurso de ser una democracia consolidada donde rige la división de poderes (Checks and balances) y el estado de derecho (Rule of law). En México el reto de acogida y reintegración de las personas deportadas mexicanas no es menor. Y qué decir de los migrantes extranjeros. En cualquier caso, hacen falta reales políticas públicas de acogida e integración o reintegración tanto en las diversas entidades federativas (sobre todo en las que expulsan más migrantes), como en los municipios más poblados del país y desde luego, también en el gobierno federal. Con información del boletín: “Los mexicanos en Estados Unidos. Ni ilegales ni indocumentados (escenarios ante el discurso Donald Trump 2.0)”. El Colef, 2025. 


El autor es jurista. Investigador Nacional (SNII-SECIHTI) 

@efpasillas


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