Continúan denuncias ante FGR por fraudes en el INFONAVIT y se resarcirán daños a afectados por juicios masivos: Sheinbaum - LJA Aguascalientes
29/01/2025

  • En 2012, a través de juicios masivos se afectaron a 373 mil derechohabientes del INFONAVIT que fueron demandados de manera irregular, de los que 249 mil perdieron su propiedad 
  • En este esquema fraudulento se pagaron 29 mil 263 millones de pesos (mdp) a despachos legales que actuaron de manera irregular 
  • Desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se instruyó detener los juicios masivos 
  • En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se logró detener los juicios irregulares en contra de 63 mil 444 trabajadoras y trabajadores 

El Gobierno de México ha identificado una estrategia fraudulenta implementada en 2012 que afectó a 373 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En una serie de juicios masivos interpuestos por despachos legales, 249 mil trabajadores perdieron la propiedad de sus viviendas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la administración federal continúa realizando denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables de estos fraudes ocurridos durante gobiernos anteriores.

La situación fue revelada durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, donde el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, detalló que la estrategia de los despachos legales consistió en realizar demandas masivas sin notificar adecuadamente a los acreditados, incluyendo a personas que no tenían problemas con sus pagos. Además, las demandas se interpusieron en estados distintos a la residencia de los trabajadores, principalmente en Coahuila, Jalisco, Baja California, Nayarit, Ciudad de México y Morelos. El 80 por ciento de las demandas afectaron a derechohabientes de otros estados, mientras que solo el 20 por ciento fueron presentadas en las entidades correspondientes a su lugar de residencia.

Como resultado de estos juicios, 249 mil trabajadores perdieron sus viviendas. De estas, 207 mil aún no han sido escrituradas a favor del INFONAVIT debido a irregularidades en el proceso, y 42 mil fueron subastadas de manera masiva. A pesar de estas irregularidades, el INFONAVIT continuó pagando a los despachos involucrados, con una cifra total que alcanzó los 29 mil 263 millones de pesos, superando el presupuesto anual de la propia institución.

Los despachos legales responsables de estos fraudes incluyen GABSSA, a quien se le pagaron más de 2 mil millones de pesos, y ACSER, que recibió 103 millones de pesos a través de un dirigente sindical del INFONAVIT para realizar desalojos ilegales. Durante la presentación de la situación, Romero Oropeza mostró un video en el que se evidenció la oficina del Grupo ACSER en Veracruz, abandonada y en proceso de venta, con los expedientes de los derechohabientes amontonados y sin constancia de entrega.

A pesar de que la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó al INFONAVIT detener los juicios masivos, se detectó que nueve despachos continuaron simulando juicios individuales en la Ciudad de México, afectando a más de 63 mil derechohabientes en lo que parecía ser una nueva estrategia. Estos intentos de fraude fueron detenidos en noviembre de 2024, evitando que más familias se vieran afectadas.

El Gobierno de México, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se ha comprometido a resarcir el daño a los trabajadores afectados. Además, se continuará con las denuncias penales contra los despachos involucrados, así como contra notarios y funcionarios del Poder Judicial que hayan colaborado con estos fraudes.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabezada por Edna Elena Vega Rangel, ha informado que el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar avanza según lo planeado y que las obras de construcción de viviendas sociales comenzarán en febrero. La secretaria destacó que se cuenta con 318 predios de reserva territorial, representando un total de 2,769 hectáreas distribuidas entre propiedades federales, estatales y municipales. Además, se han instalado 31 mesas de coordinación a nivel estatal y municipal y firmado 15 convenios de colaboración para facilitar el desarrollo de estos proyectos.

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), anunció que en los próximos meses se comenzarán a construir más de 50 mil viviendas en diversos estados, incluyendo 18,501 en febrero, 12,216 en marzo y 19,598 en abril. Estos esfuerzos están alineados con la meta establecida para 2025.

En otro frente, el INFONAVIT ya tiene en su poder 143 predios en 30 estados, con una extensión total de más de 500 hectáreas que permitirán la construcción de más de 86 mil viviendas en 2025. Octavio Romero Oropeza también destacó que, como parte de un convenio con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), se desarrollarán 114 proyectos arquitectónicos en el primer trimestre del año.


En cuanto a la situación de los trabajadores del FOVISSSTE, la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda, Jabnely Maldonado Meza, explicó que, en apoyo a 400 mil acreditados, se liquidarán 6 mil 792 créditos, se condonarán intereses y se aplicarán quitas a más de 288 mil trabajadores. Este proceso representa un impacto financiero de 19 mil millones de pesos.

José Alfonso Iracheta Carroll, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), también destacó los avances en la regularización de terrenos. En el oriente del Estado de México, se están realizando trabajos técnicos para regularizar aproximadamente 300 mil lotes, con proyecciones adicionales en ejidos de Sonora, Sinaloa y la Ciudad de México.

Con estas acciones, el Gobierno de México reitera su compromiso con la transformación del sistema de vivienda y el resarcimiento de los daños ocasionados a los trabajadores, asegurando que estos avances se mantendrán en el centro de las políticas públicas. Las acciones en curso son una clara muestra de la voluntad por garantizar el acceso a vivienda digna para todos los mexicanos, corregir los errores del pasado y, sobre todo, ofrecer justicia a quienes fueron despojados de sus propiedades de manera injusta.


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