- El secretario de Seguridad Pública municipal, Antonio Martínez Romo, informó que actualmente cuentan con 628 cámaras corporales (bodycams) distribuidas entre los elementos policiales en los diferentes turnos. “Están repartidas en los diversos turnos para que tanto el personal de seguridad pública y tránsito sigan operando, es un tema que ya tenemos trabajado”, explicó.
Martínez Romo destacó que estas cámaras han sido fundamentales para esclarecer situaciones de agresiones a policías o acusaciones de abuso de autoridad. “En ambos casos, podemos determinar si el elemento actuó de forma irregular o si la persona agredió al elemento o su comportamiento no fue el más propio. Afortunadamente, hemos tenido incidencias positivas en ambos casos”.
Además, comentó que estas grabaciones han sido revisadas en al menos ocho ocasiones, destacando que su uso ha ayudado a reducir conflictos: “Ha sido muy mínima la situación, cuando la gente ve la cámara se inhibe o ellos mismos empiezan a grabar. No es nada malo que el usuario haga esa grabación, pero también es la protección del elemento para tener las grabaciones de ambos lados”.
El secretario aclaró que los ciudadanos tienen derecho a grabar a los elementos de seguridad, siempre y cuando no interfieran en su trabajo. “Hemos tenido incidencias en ambos lados. Hay gente que casi le pone el teléfono o la cámara al elemento en la cara. Hay que ser muy precisos en decir: mientras no invadan la esfera de seguridad del elemento, no tendrá por qué decirle nada, si su trabajo se apega totalmente a la ley. Pero sí en el sentido de que increpe al elemento, porque hay quien es ofensivo y quiere hacer ver otras cosas”.
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Martínez Romo también señaló que en ocasiones los videos grabados por ciudadanos son editados, lo que puede generar malentendidos: “Nosotros hemos tenido videos completos donde se ve todo el contexto. En ese caso, la gente no tiene ninguna prohibición”.
En cuanto a la protección de datos personales, explicó que el uso de las cámaras se ajusta estrictamente a lo que permite la ley. “Es un mero trámite de la policía donde nosotros hacemos lo que la ley nos permite hacer. No lo podemos evitar que la gente lo haga. Hay algunas situaciones donde invaden la esfera de seguridad y no los dejan trabajar. Si hay esa invasión, el elemento podrá hacer alguna intervención para, en su caso, generar un arresto administrativo, pero tenemos que ver el caso en particular”.