No, no es un error tipográfico. “Pruebas Pruebas Pruebas” es el nombre de uno de los aspirantes que figuran en la lista preliminar para contender en la elección del Poder Judicial. Le siguen joyas como “Jorge1 Jorge1 Jorge1” y su compadre “Jorge3 Jorge3 Jorge3”. Este fin de semana, los gigantescos y vergonzosos errores en la lista de candidatos registrados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal desataron una oleada de críticas, y con razón. Porque si de por sí la Reforma Judicial nació con dudosa legitimidad, este circo parece diseñado para acabar con cualquier esperanza de credibilidad.
No solo hablamos de nombres de fantasía: hay nombres incompletos, duplicados y, quién sabe, hasta candidatos que bien podrían ser fantasmas de épocas electorales priístas, esos que venían desde el más allá para emitir su voto. Ante el escándalo, el Comité de Evaluación salió al paso diciendo que la lista preliminar era “Temas del área de informática” (porque siempre es culpa del becario), y prometió que la verdadera será publicada el 15 de diciembre. Eso sí, agradecieron las observaciones, como si estuvieran coleccionando memes en lugar de seleccionar aspirantes al Poder Judicial.
Registros inflados
No solo fue el error que contiene la lista lo que pone en jaque el proceso de los candidatos a la elección del poder judicial, sino que ahora también los jueces y magistrados todavía en funciones y que sí defendieron al poder judicial, y que a diferencia de otros no se inscribieron para ser changos del circo, exigieron a todos los comités de evaluación un proceso transparente. A ellas y a ellos se les hace muy sospechoso que a pocos días de que cierre el plazo de las respectivas convocatorias, el número de interesados se haya incrementado de manera exponencial, además de que ellos tienen información de personas que se inscribieron sin contar con cédula profesional. Por último, las y los magistrados y jueces encabezados por José Rogelio Alanís García dijeron que todo el proceso electoral que se está llevando a cabo es anticonstitucional, antidemocrático y exigieron que se verifique todo el proceso. Habría que ver quién se ánima a impugnar todo el procedimiento y sería también interesante ver qué tanta capacidad de reacción podría tener tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante todas estas inconsistencias que seguirán apareciendo cada vez que esté más cerca la designación de los candidatos.
Homologación judicial en lo local en 2025
Ya se encuentra en el congreso la iniciativa para modificar la constitución local, con el objetivo de homologar la elección de jueces con la última Reforma Judicial federal. La iniciativa se filtró a diferentes medios de comunicación y tiene fecha de presentación del 5 de diciembre. Este proyecto de ley modifica los requisitos para ser magistrado y los homologa con los requisitos federales, con excepción de que se establece una cláusula de tener residencia en la entidad no menor de tres años; sin embargo, la iniciativa llega a destiempo. Primero, porque es solo la reforma general; dicho de otro modo, faltarían las reformas y las leyes secundarias; en segunda, porque hay algunas inconsistencias, porque -en teoría- en Aguascalientes el proceso electoral debe iniciar a más tardar la primera semana de octubre del año previo a una elección; no obstante, con esta reforma, se establece que cinco días después del inicio del proceso electoral, el Congreso del Estado debe publicar la convocatoria de la elección para los cargos judiciales. Como se puede apreciar, las fechas no nos dan. Además, tengamos en cuenta que las y los diputados están a semanas de irse a receso legislativo y falta todavía que aprueben las leyes de ingresos de los municipios, además de analizar a fondo la reforma enviada y no votarla a las carreras, pero parecen que van contra reloj y sin rumbo (así como a esta legislatura le ha gustado manejarse), ya que una vez que aprueben la reforma solo se les darán 15 días para modificar las leyes secundarias. Lo anterior cambiaría todo lo organizado por el ejecutivo local, respecto de su paquete económico, porque tendrían asignar recurso para dicha elección al IEE, ¿a quién le van a bajar recurso para trasladarlo al OPLE?
No juntaron al IEE
¡Uy! ¿Qué pasó con la cordialidad política y la comunicación para cerrar acuerdos? Pues resulta que la presentación de la reforma al Poder Judicial local agarró también de sorpresa a la propia autoridad electoral, ya que Beatriz Jiménez dijo que no tenían conocimiento de dicha reforma; sin embargo, aunque no los hayan tomado en cuenta para todo lo concerniente al presupuesto e ir viendo todos los recursos humanos y materiales que se necesitarán para llevar a cabo la elección de 2025, la consejera dijo que sí están preparados para llevar la titánica labor de organización electoral en seis meses. Veremos primero en cuánto calculan el costo de la elección. Por otra parte, sigue existiendo duda sobre cuántos candidatos propondrá cada poder del estado para salir en boleta, ya que parece que eso se determinará en las leyes secundarias y será de común acuerdo.
¿Y los integrantes del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa?
No nos queda claro en la redacción de la reforma si los magistrados del apenas nuevo Tribunal de Justicia Administrativa entran en la elección, mientras que algunos tendrán que despedirse de su cargo. De manera tácita, solo se dice que las personas titulares de la Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, y del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, y personas juzgadoras serán electos de manera directa por la ciudadanía. Ahora bien, como plantean algunos abogados, lo que no se encuentra de manera tácita, deja a la interpretación, ¿será acaso que van a la elección?, ¿tal vez no van a ir por ella? ¿quizá lo dejarán a la interpretación? Lo interesante de todo esto, será ver a las y los chapulines que así como brincaron de partido en partido, de cargo en cargo, hace muchos años, ahora brincarán a participar en la elección local, a pesar de estar en contra desde la reforma a nivel federal.
