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sábado, diciembre 20, 2025

Contra las universidades irregulares: abogados aseguran justicia para estudiantes afectados en trámites de titulación

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  • Las universidades involucradas operaban sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
  • Doce estudiantes de Criminología y Psicología lograron obtener sus títulos luego de ganar un juicio de amparo y más estudiantes se encuentran en espera de la resolución de los respectivos juicios
  • Para las y los estudiantes, fue un desgaste emocional y económico significativo, incluso perdieron oportunidades laborales por no contar con su título a tiempo

La lucha por la educación de calidad y el acceso a derechos fundamentales ha sido el eje de una serie de juicios de amparo en defensa de más de 60 estudiantes de universidades particulares en Aguascalientes. Manuel Fernando Díaz Rodríguez, abogado especializado en juicio de amparo, lideró los casos que enfrentaron diversas instituciones de educación superior de carácter privado que operaban sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

De acuerdo con Díaz Rodríguez, los problemas surgieron cuando los estudiantes, al concluir sus estudios, buscaron titularse y se encontraron con que las universidades no cumplían con los requisitos legales: “Les cobraban por el título, pero no les entregaban nada. Argumentaban que era un tema de la pandemia o de la federación, pero la realidad es que había una falta de reconocimiento oficial”, explicó el abogado.

Las investigaciones revelaron que algunas universidades ofrecían licenciaturas con RVOE inicialmente, pero este reconocimiento fue revocado durante el periodo de estudios sin informar a los alumnos: “Lo que hicieron estas instituciones fue ofertar la carrera con un reconocimiento inicial que no renovaron, dejando a los estudiantes en una situación de indefensión”, detalló.

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El abogado explicó que los casos se llevaron a los juzgados de distrito mediante amparos indirectos, bajo el argumento de que las universidades actuaban como autoridades responsables al realizar funciones propias del Estado, como garantizar el derecho a la educación. Aunque las universidades intentaron defenderse tras afirmar que se trataba de un contrato privado, los jueces fallaron en favor de los estudiantes.

“El juicio de amparo permitió que los juzgados federales condenaran a las universidades a expedir los títulos profesionales. Además, se vinculó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para supervisar y garantizar el cumplimiento de las sentencias”, precisó Díaz Rodríguez.

A pesar de que las sentencias fueron definitivas, las y los estudiantes enfrentaron un periodo de incertidumbre. Muchas y muchos de ellos habían concluido sus estudios desde 2019 y tuvieron que esperar casi tres años antes de iniciar los juicios en 2023: “Fue un desgaste emocional y económico significativo. Algunos perdieron oportunidades laborales por no contar con su título a tiempo”, señaló el abogado.

Díaz Rodríguez también compartió recomendaciones para evitar que futuros estudiantes enfrenten situaciones similares. Subrayó la importancia de verificar que las carreras ofrecidas por una institución cuenten con RVOE vigente: “La Secretaría de Educación Pública tiene una página donde los padres y alumnos pueden consultar si una universidad y sus programas cuentan con reconocimiento oficial”, indicó.

Además, destacó que algunas universidades han cambiado de nombre o propietario sin actualizar su registro ante la SEP, lo que genera problemas para los alumnos: “Los estudiantes confían en estas instituciones, invierten tiempo y dinero, y al final se ven afectados por la falta de cumplimiento de los requisitos legales”, agregó.

La defensa de estos estudiantes no solo aseguró la emisión de sus títulos profesionales, sino que también marcó un precedente en la protección del derecho a la educación. Actualmente, Manuel Fernando Díaz Rodríguez precisó que han ganado 12 asuntos de esta naturaleza hasta el momento, pero hay otros casos que continúan en proceso, incluso con demandas civiles por daño moral y reparación del daño.

“El acceso a la educación de calidad es esencial para el futuro de México. No se puede jugar con el esfuerzo de los jóvenes y sus familias”, concluyó Díaz Rodríguez.

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