En un país que se define como democrático y con una de las constituciones más avanzadas en derechos sociales, México arrastra profundas deudas en materia de derechos humanos. A pesar de los compromisos internacionales asumidos y los avances normativos, los derechos fundamentales de millones de personas son vulnerados cotidianamente, evidenciando un sistema que aún no logra garantizar justicia, igualdad y dignidad para todos.
Si bien México ha ratificado acuerdos clave como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las estadísticas reflejan una desconexión entre las leyes y su implementación. Según el informe de 2023 de Amnistía Internacional, el país continúa encabezando listas de violaciones graves, desde desapariciones forzadas y feminicidios, hasta la discriminación sistemática hacia comunidades indígenas y grupos de la diversidad sexual.
El acceso a la justicia es uno de los ejes más débiles. Según el Índice Global de Impunidad (2022), México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, con un sistema judicial ineficaz que perpetúa la impunidad en más del 90% de los delitos. Esta inoperancia afecta de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables, que enfrentan obstáculos casi insalvables para obtener reparaciones o siquiera un reconocimiento formal de sus casos.
Feminicidios: una epidemia ignorada
Uno de los temas más urgentes es la crisis de violencia de género. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 3,000 mujeres fueron asesinadas en México en 2023, y de estos casos, solo el 25% fueron investigados como feminicidios.
Más allá de las cifras, el problema radica en un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres. La implementación insuficiente de la Alerta de Violencia de Género y la falta de presupuesto para refugios y programas de protección son solo algunos ejemplos de cómo las autoridades han fallado en responder a la magnitud del problema.
Series y documentales como Las Tres Muertes de Marisela Escobedo exponen esta realidad al mostrar la indiferencia del sistema judicial frente al feminicidio y la revictimización de quienes buscan justicia. La narrativa mediática y cultural sigue siendo un reflejo de las heridas que las instituciones se niegan a sanar.
Desapariciones forzadas: una herida abierta
México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que ya alcanza niveles alarmantes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 112,000 personas permanecen desaparecidas hasta finales de 2024. En este contexto, las familias de las víctimas se han convertido en las principales buscadoras de justicia, mientras que las instituciones muestran una respuesta lenta y deficiente.
El fenómeno, que incluye desde desapariciones a manos de grupos criminales hasta abusos cometidos por fuerzas del Estado, pone en evidencia no solo el colapso de la seguridad pública, sino la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
La serie documental Hasta Encontrarte, que relata la lucha de madres buscadoras, se ha convertido en un símbolo de resistencia y denuncia. Su impacto cultural destaca la importancia de visibilizar estas historias, aunque no logra cambiar de fondo la realidad.
Derechos reproductivos: avances y retrocesos
En los últimos años, México ha experimentado avances significativos en materia de derechos reproductivos. Hasta noviembre de 2024, 19 estados han despenalizado el aborto, permitiendo la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, la implementación de estos derechos enfrenta desafíos. Por ejemplo, en septiembre de 2024, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que limita el acceso al aborto consentido a seis semanas de gestación, contraviniendo directrices internacionales y restringiendo severamente los derechos reproductivos de las mujeres.
Además, la tasa de fecundidad adolescente en México sigue siendo preocupante. Aunque se ha reducido en un 16.7% entre 2015 y 2023, pasando de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, la cifra sigue siendo alta, reflejando la necesidad de fortalecer la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos.
Derechos de la comunidad LGBTQ+: avances legales y desafíos sociales
La comunidad LGBTQ+ en México ha logrado avances significativos en los últimos años. Para octubre de 2022, el matrimonio igualitario es legal en todo el país, y varias entidades han reconocido el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar. Sin embargo, la implementación de estos derechos varía entre estados, y persisten desafíos en su aplicación efectiva.
Además, las personas trans enfrentan obstáculos significativos para el reconocimiento legal de su identidad de género. Aunque estados como Baja California han aprobado leyes que permiten a menores de edad modificar su acta de nacimiento para reconocer su identidad de género, la discriminación y la falta de acceso a servicios de salud adecuados siguen siendo problemas graves.
A pesar de los avances legales, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTQ+ persisten. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017), más de la mitad de los encuestados estaban en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que refleja la necesidad de promover una cultura de respeto y aceptación.
La deuda estatal en un contexto de promesas incumplidas
En la arena política, las promesas de transformación han sido frecuentes, pero los resultados escasos. A pesar de los discursos sobre justicia social y los planes nacionales de derechos humanos, el gobierno mexicano no ha demostrado la capacidad de traducir sus compromisos en acciones efectivas.
La falta de presupuesto adecuado, la corrupción estructural y la descoordinación entre niveles de gobierno han obstaculizado la creación de políticas públicas que atiendan las violaciones sistemáticas de derechos. Los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han enfrentado críticas por su limitada incidencia y la percepción de parcialidad política en su actuar.
Retos para el futuro: construir una agenda de derechos humanos
El camino hacia una verdadera garantía de derechos humanos en México pasa por fortalecer el Estado de derecho, erradicar la impunidad y generar una cultura de respeto hacia todas las personas. Esto incluye, entre otros aspectos:
- Fortalecer el sistema judicial, garantizando independencia, transparencia y acceso para las víctimas.
- Aumentar el presupuesto para políticas de protección y prevención, especialmente en temas como violencia de género y atención a comunidades indígenas.
- Promover la educación en derechos humanos, tanto en las escuelas como en los cuerpos de seguridad.
- Garantizar la autonomía de los organismos de derechos humanos, blindándolos de injerencias políticas.
En un país lleno de contradicciones y resiliencia, el desafío de garantizar derechos humanos no solo es una deuda moral, sino un requisito indispensable para construir una sociedad equitativa y democrática. La transformación no llegará de la noche a la mañana, pero comienza con exigir justicia, dignidad y respeto para todos.
