Más que un acto protocolario

Acabamos de atravesar esa época en la que las y los funcionarios públicos rinden cuentas y presentan los resultados alcanzados en un año de trabajo. Para muchas personas, estos actos son meras pasarelas y trampolines para catapultar a la personalidad en turno hacia otros cargos o responsabilidades. Y, lamentablemente, en algunos casos es cierto; sin embargo, las pretensiones de algunas y algunos particulares no tendrían que distraernos de la enorme virtud que es la transparencia, así como la rendición de cuentas. Al respecto, en Proceso, la periodista Julieta del Río cita un caso en el que se revela la importancia de los organismos de resguardar y hacer valer dichas virtudes. La semana pasada, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió el caso de una persona que solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la localización y reconocimiento de 478 semanas cotizadas, que no aparecían en su constancia. Ante la negativa del IMSS de localizar esta información, la persona recurrió al INAI a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el argumento de que contaba con documentos del INFONAVIT que respaldaban su solicitud. Tras un análisis del caso, el INAI determinó que el IMSS no había realizado una búsqueda exhaustiva, lo que llevó a la solicitud de entrega de la información esencial para el reconocimiento de sus semanas cotizadas.

Para que la información sea poder, primero hay que tener acceso a ella

El acceso a esta información es crucial, ya que para obtener una pensión garantizada bajo la Ley de Pensiones vigente se requieren un mínimo de 775 semanas cotizadas, de las cuales las 478 solicitadas representan más del 50% del total necesario. El INAI actúa como árbitro entre la sociedad y las autoridades, garantizando derechos de acceso y rectificación de datos personales cuando es necesario. En un contexto donde el acceso a pensiones se considera un lujo para pocos, la labor del INAI es fundamental para asegurar que los ciudadanos tengan el control sobre su información, lo que incide directamente en su calidad de vida y derechos. Como cualquier organismo -y como la democracia o la vida misma-, finalmente todo es perfectible y si bien los organismos constitucionales autónomos no eran impecables, lo cierto es que al menos fungían como un contrapeso y, en el mejor de los escenarios -como el que recién compartimos-, podían marcar la diferencia en el acceso a derechos, o bien, en la impartición de justicia. El poeta Vicente Huidobro escribió: “Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino, ¿qué sería del universo?”. En forma análoga podríamos preguntarnos: si los organismos constitucionales autónomos desaparecen, a pesar de su lámpara encendida, la luz de nuestra democracia se extinguiría, ¿qué será de nuestro país?

Las desventajas de ser invisible

La autosuficiencia energética se convirtió en uno de los anhelos de la autodenominada Cuarta Transformación. Un anhelo que no resulta extraño -y necesario- si tomamos en cuenta que tan solo el 70% del gas natural que se consume en México es importado, mayormente de los Estados Unidos de América (EUA). Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, atestiguamos diversos hechos dirigidos a mitigar esta dependencia; sin embargo, algunos de esos intentos atentaron contra las reglas establecidas en el T-MEC. Hasta ahora no se había visto una respuesta enérgica por parte de nuestros vecinos del norte; sin embargo, la posible puesta en marcha del proyecto de ley S.5286 buscaría prohibir la exportación de gas natural producido o refinado en EUA hacia nuestro país, bajo el argumento de aquellas reglas del T-MEC que ha incumplido nuestro país, así como de los hechos asociados a la corrupción y la inseguridad, un complejo escenario que no garantiza los intereses de nuestro vecino del norte. Si bien aún es una mera propuesta, la entrada en vigor de una determinación como la S.5286 pondría en serios aprietos a nuestra economía, es decir, una turbulencia más que se agregaría al torrente provocado por la reforma al Poder Judicial. El gas es invisible, pero su importancia se vuelve palpable en la incidencia que tiene en prácticamente todos los sectores.

Tensiones políticas y judiciales en Aguascalientes: una semana clave

La semana entrante podría marcar un antes y un después en la política y el ámbito judicial de Aguascalientes. En primer lugar, se anticipa el nombramiento de Javier Valdivia, actual titular de comunicación del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), como Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado. Este cambio, aunque aún no oficial, es un movimiento clave que podría redefinir la relación entre el Congreso y la ciudadanía, dada la experiencia de Valdivia en la gestión de comunicación institucional. La relevancia de este cargo es innegable, pues la comunicación social es el puente entre los legisladores y el pueblo.

Poder Judicial sigue en paro

Al mismo tiempo, otro frente sigue generando controversia: el Poder Judicial Federal en Aguascalientes permanece en paro, a pesar de las instrucciones a nivel nacional de retomar las actividades. Carlos Saucedo, vocero de los trabajadores judiciales en el estado, ha dejado claro que la protesta continuará hasta al menos este viernes. Esta situación es parte de un conflicto más amplio a nivel nacional, donde la reforma judicial y las condiciones laborales de los empleados del Poder Judicial han provocado una fuerte resistencia. El paro, lejos de ser una mera demostración de descontento, es una señal de las tensiones crecientes entre las autoridades federales y los empleados judiciales, quienes ven sus derechos amenazados. La prolongación del paro refleja que, para muchos de estos trabajadores, la reforma no es una solución, sino una imposición que pone en riesgo la independencia judicial y el equilibrio de poderes en nuestro país.

¿Hay riesgo de que Aguascalientes deje de ser una entidad segura?

La seguridad en el estado ha sido tema de debate en las últimas semanas. Aunque Aguascalientes ha mantenido históricamente niveles bajos de violencia en comparación con otras entidades del país, los recientes incidentes han encendido las alarmas. El próximo lunes, la comisión de seguridad del Congreso visitará la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para recibir una explicación detallada de la estrategia de seguridad por parte de Alonso García, titular de la dependencia. Aunque se ha destacado que el estado sigue siendo relativamente tranquilo, los hechos violentos recientes, que no solían ocurrir con tanta frecuencia, son motivo de preocupación. La reunión será crucial para aclarar los puntos de la estrategia que puedan estar fallando y para ajustar las medidas necesarias para evitar que Aguascalientes siga la tendencia de otros estados del país, donde la violencia se ha convertido en una constante.

El periplo de Martha Márquez

En un contexto político más delicado, el diputado Fernando Alférez Barboza ha encendido la mecha de una nueva polémica al señalar que Martha Márquez Alvarado, ex senadora y diputada local, será vinculada a proceso por varios supuestos delitos, incluido abuso de autoridad, discriminación y allanamiento de morada. Según Alférez, el Tribunal de Justicia Administrativa, en un procedimiento acelerado por magistrados afines al Partido Acción Nacional (PAN), decidió en apenas una semana avanzar con el proceso en contra de Márquez. Aunque la diputada ya había tomado protesta, la acusación tiene implicaciones políticas y jurídicas de gran alcance. Las medidas cautelares impuestas por el juez Alfredo Quiroz, que incluyen una fianza de 100 mil pesos y la orden de someter a Márquez a una audiencia inicial a través de Zoom, han sido catalogadas por Alférez como una maniobra irregular. Este caso ha generado indignación entre sus aliados y una fuerte reacción por parte de la oposición, que ve en este proceso una persecución política disfrazada de legalidad.

La justicia vale menos que el orín de los perros

“Hay que decirlo, porque justamente estos protocolos, donde todo servidor público protesta guardar y hacer guardar la constitución política y toda normativa jurídica, hoy parece ser que en Aguascalientes la justicia vale menos que el orín de los perros”, afirmó Alférez. El proceso en contra de Márquez ha puesto en el centro del debate la independencia del Poder Judicial local, en un momento donde la reforma judicial a nivel federal continúa generando polémica. Este tipo de casos, en los que se mezclan intereses políticos y legales, son peligrosos para la estabilidad institucional, ya que minan la confianza de la ciudadanía en los tribunales y en los mecanismos de justicia.