Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2023, los congresos estatales se integraron por 1,043 legisladores en activo, de los cuales el 45.6% son hombres, el 54.2% son mujeres y el 0.2% son personas no binarias. En 2022, los congresos estatales ejercieron un presupuesto de $15,291,646,319 (sí, leyó bien, más de quince mil millones de pesos). Esta cifra representó un aumento del 3.1% respecto al presupuesto ejercido en 2020. Sin embargo, en 22 de estos congresos solo se realizaron 835 comparecencias de servidores públicos.
¿Qué beneficios aportan estos datos y costos a los ciudadanos de las 32 entidades del país?
Si dividimos el presupuesto entre los 1,043 diputados locales del país, obtenemos que cada uno cuesta a los mexicanos poco más de catorce millones seiscientos mil pesos anuales. No obstante, ¿qué sabemos de los resultados de su trabajo, de la supervisión que realizan sobre otros poderes locales, de la transparencia en el ejercicio de sus presupuestos (autoasignados) o de las iniciativas en favor de la población en sus localidades? Más allá de estar al servicio del ejecutivo local de cada estado, poco nos informan.
Se quejan y culpan a la federación en temas como seguridad, salud y educación, pero no exigen resultados a sus propios ejecutivos locales, ayuntamientos, fiscalías o poderes judiciales estatales. En su momento, todo era culpa de Calderón, luego de Peña Nieto. Ahora que termina López Obrador, ¿a quién culparán? ¿Será todo culpa de la Dra. Sheinbaum? Es una pregunta válida para nuestros 1,043 diputados y diputadas locales.
En un libro escrito por Rubén Moreira, hoy diputado federal y exgobernador de Coahuila, en coautoría con Rubén Aguilar (ex vocero de Vicente Fox), se afirma lo siguiente sobre el tema de seguridad: “La tesis que aquí sostenemos, con base en la experiencia del gobierno de Coahuila entre 2011 y 2017, es que el problema solo puede resolverse cuando el gobernador de un estado, en el marco de una estrategia multidimensional, se decide a enfrentarlo con sus propias fuerzas de seguridad. Las fuerzas federales actúan de apoyo, pero no son responsables de la estrategia. El Ejército, la Guardia Nacional y la Marina ofrecen una contribución valiosa, pero sobre ellos no puede recaer la responsabilidad de devolver la paz al estado.”
En la mayoría de las áreas críticas donde las autoridades locales tienen la responsabilidad de resolver y ofrecer resultados positivos a sus habitantes, desvían o evaden su responsabilidad, pretextando que la federación no las apoya o que no les envía suficiente presupuesto, lo que justifica sus pobres resultados en sus áreas de competencia.
¿Podemos construir un país con prosperidad compartida si desde lo local no se suma a ese proyecto?
Sin duda somos una nación diversa, con diferentes contextos en cada estado; incluso dentro de cada entidad hay usos y costumbres únicos en algunas comunidades o municipios. Pero eso no justifica la falta de resultados positivos por parte de las autoridades locales y, en este caso, la deficiente supervisión de sus respectivos diputados y congresos estatales.
De las comisiones constituidas en los legislativos estatales, la mayoría se enfoca en temas financieros, hacendarios y de justicia. Por lo tanto, uno esperaría que los resultados de las autoridades locales, como las fiscalías y tribunales de justicia estatales, fueran positivos en sus evaluaciones. Sin embargo, diversas mediciones indican que la mayoría de las fiscalías estatales y tribunales locales son deficientes en su operación y resultados. Como consecuencia, una buena parte de los asuntos tratados en estos entes termina en salas o instancias federales, debido a la poca profesionalización del personal y la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades locales.
Las evidencias sugieren que la mayoría de los congresos locales solo sirven para validar las indicaciones o intereses de los ejecutivos estatales
Podríamos enumerar en distintos estados la omisión o complicidad de los poderes legislativos en diversos asuntos que cada ejecutivo ha propuesto o concretado con perjuicios para la ciudadanía y con beneficios para los privados, y quizá también para los funcionarios implicados en dichos esquemas de negocios.
Así que, si alguien ve a su diputado local en tiempos que no sean de campañas electorales, podría preguntarle a qué se dedica y cuáles han sido los logros para la ciudadanía de su distrito local o entidad.
Bajo la premisa de máxima transparencia, no estaría mal que a los legisladores locales se les realizara alguna prueba de “confianza” para evaluar la congruencia en la evolución de su patrimonio desde que ingresaron al cargo hasta que lo dejaron, más allá de su declaración patrimonial.
Decía el excongresista estadounidense Tip O’Neill, expresidente de la Cámara de Representantes y maestro en su oficio, quien pasó cincuenta años en cargos de elección popular, que “toda política es local”.
Así que, pidamos resultados positivos sin excusas ni pretextos a nuestros funcionarios públicos y legisladores locales, quienes pidieron nuestra confianza en sus campañas, ofreciendo soluciones y respuestas a las demandas y necesidades de los habitantes de sus distritos locales.
“El país ya no puede seguir sosteniendo la tesis de que las funciones públicas son el mejor negocio privado”: Manuel Clouthier.
