Según datos proporcionados por la organización “Proyecto de Justicia Mundial” (World Justice Project), nuestro país ocupa el puesto 116 de 142 en todo el mundo en cuanto al respeto al estado de derecho. A nivel regional, México se sitúa en el puesto 27 de 32 países de América Latina y el Caribe. En la región, el país con mejor puntuación es Uruguay (puesto 25 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Chile.
Este índice global también se evalúa a nivel local en los 32 estados del país. Los resultados de 2024 reflejan un estancamiento general, con un puntaje promedio nacional que se mantiene por debajo de 0.5 (0.41), lo que indica desafíos significativos en la aplicación y el respeto al estado de derecho. Querétaro lidera con un puntaje de 0.49, seguido de Guanajuato y Aguascalientes con 0.47. En contraste, Morelos y el Estado de México tienen los puntajes más bajos con 0.35, y Quintana Roo con 0.36.
Estos resultados subrayan los retos persistentes en áreas clave como la ausencia de corrupción, el gobierno abierto y la justicia penal, donde la mayoría de los estados ha mostrado poco o ningún avance. Además, el índice destaca la necesidad de mejoras en la participación ciudadana y la eficacia de los organismos de control gubernamental, aspectos en los que la mayoría de las entidades federativas sigue teniendo puntajes bajos.
En un momento en que se discute la posibilidad de realizar una profunda reforma al poder judicial federal, que podría y debería de replicarse a los tribunales locales, es crucial no perder de vista la importancia de las instancias jurídicas estatales. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha distanciado de la ciudadanía -reconocido por los propios ministros en funciones-, cabe preguntarse qué ocurre con los tribunales locales.
La SCJN, bajo la presidencia actual, ha interpretado de manera errónea la “autonomía”, llevándola a jugar desde mi perspectiva, incluso un papel que pareciera político-partidista, en clara oposición a los otros dos poderes de la unión. Este conflicto no tiene vuelta atrás; la cuestión es qué hacer con todo el andamiaje de procuración de justicia, incluyendo las estructuras locales de los 32 estados, donde la mayoría de los tribunales locales, están alineados con sus ejecutivos estatales.
Como mencioné en una colaboración anterior, “toda política es local”. En 2023, se cometieron más de 30 millones de delitos en México, de los cuales el 98.38% corresponden al fuero común (local) y solo el 1.62% son competencia del fuero federal, según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el INEGI.
Un gran reto que tendrá esta nueva administración federal, será como salir de la “trampa de los Olimpos” de los ministros y magistrados, impartidores de justicia en la que nos metieron los intereses de las élites gobernantes neoliberales.
¿La situación actual de paros de trabajadores e impartidores de justicia, nos muestra acaso dos cosas, la primera es que ese poder es el último reducto del neoliberalismo Salinista y la segunda, la falta de operadores políticos por parte de la cuarta transformación en ese poder?
Mientras esto sucede, cuatro de cada diez presos en México no tienen sentencia y más de la mitad está en prisión preventiva oficiosa. Al cierre de 2023, había 233,277 personas privadas de su libertad en las cárceles mexicanas, de las cuales el 94.3% son hombres y el 5.7% mujeres. Este panorama refleja no solo la población carcelaria, sino también los miles de expedientes no atendidos o el rezago de la procuración de justicia en nuestro país.
Asimismo de acuerdo con estándares internacionales establecidos por la OCDE, debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes; en México, solo hay 4.4 por cada 100 mil. ¿No es tiempo ya de una reestructuración transparente y a fondo de este poder, no sólo en lo federal, sino en todos los ámbitos locales? Esta reforma integral, debería incluir también a las fiscalías, homologando criterios de impartición de justicia internacionales y obligando a los ejecutivos y legislativos de los 32 estados a coadyuvar y a supervisar la justa y expedita aplicación de justicia.
Los gobiernos locales se quejan de la excesiva centralización, pero abdican de sus responsabilidades, negándose a asumir el compromiso de ofrecer resultados positivos a sus conciudadanos. Es crucial entender, de una vez por todas, que el servicio público no existe ni para la comodidad, ni para el enriquecimiento de quien lo ejerce, sino para servir a la ciudadanía,con transparencia, eficiencia y eficacia; viviendo en la justa medianía de salarios profesionales suficientes y adecuados, pero sin excesos, desterrando a esas “castas doradas”, que todavía hoy abusan de los dineros públicos.
“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”, Bertolt Brecht.
