Más de dos años y medio después de sufrir lo que consideran como un despido injustificado, decenas de docentes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) siguen peleando en tribunales por salarios caídos y por su reinstalación en este programa prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien heredará un conflicto laboral a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, en un organismo cuya gestión contable estuvo marcada por “debilidades significativas”.
Un grupo de 39 docentes despedidos sigue en espera de que tribunales colegiados de Circuito resuelvan sus juicios de amparo directo y obliguen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 11 a reconocerlos como trabajadores del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ), un ente dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezado por Raquel Sosa Elizaga, incondicional de López Obrador.
El OCUBBJ, por su parte, se niega a reconocer la relación laboral con ellos, ya que considera a los docentes de sus universidades como beneficiarios de programas sociales y los paga con partidas de “subsidios”, lo que les priva de cualquier derecho y prestación laboral. En 2023 el organismo ejerció mil 489 millones de pesos, de los cuales mil 472 millones de pesos, 98.8%, se reportó como “subsidios”. La mayor parte de estos “subsidios” sirvió para pagar a la plantilla docente, a la que el equipo de Raquel Sosa se refiere como “voluntarios participantes en el programa bajo el concepto de servicios educativos”.
En el conflicto laboral la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) trató de intermediar en el conflicto, pero finalmente se inclinó en favor de Sosa, y en detrimento de los docentes, lo que escaló la batalla judicial. En meses recientes, integrantes del OCUBBJ ofrecieron de 300 mil hasta 600 mil pesos a algunos de los quejosos para que se desistan de las demandas, pero finalmente retiraron su oferta.
“Negociaron de manera individual con algunos maestros y les ofrecieron las perlas de la Virgen, hasta dos o tres veces lo que podían ganar como salarios caídos”, explica el abogado laboralista Juan de Dios Hernández, quien acompaña a los profesores en sus procedimientos judiciales. Según el letrado, las negociaciones cayeron porque “ellos querían hacerlo de palabra: ‘Te doy el dinero y tú me firmas que te desistes de todo’, y eso obviamente no es procedente”.
“Invité a la abogada a hacer un convenio formal donde le decimos a la Junta que, en el momento en que les pagan, se desisten de los juicios de amparo y del juicio laboral. Así se garantizaría que se cumpliera lo que ofrecieron a los trabajadores. Pero desde que llamé a la abogada me bloquearon y no pude volver a comunicarme con ella”.
Compromiso
Con su lucha en tribunales, los docentes buscan su reinstalación bajo nuevas condiciones laborales, pues siguen convencidos de la relevancia del programa. Varios se consideran como sus fundadores, ya que laboraron en él desde su origen, cuando las universidades eran asociaciones civiles, financiadas con asignaciones de diputados y senadores de Morena, y participaron en su diseño.
“Por una parte está la cuestión jurídica, ya que es nuestro derecho y que fuimos despedidos injustificadamente; también hay una cuestión pedagógica, hasta de convicción con el proyecto, en el que creíamos, y finalmente tiene un carácter político porque una universidad necesita de docentes comprometidos”, dice Mario Juárez, otrora profesora en la sede de la UBBJ de Tlalpan.
Impulsadas por López Obrador con la idea de ofrecer carreras académicas a jóvenes que viven lejos de las universidades, las UBBJ cuentan con 203 sedes, instaladas en municipios de tamaño mediano y con elevados niveles de marginación. El año pasado el programa ofrecía 37 carreras y tenía una matrícula de cerca de 62 mil estudiantes, atendidos por mil 369 docentes; en mayo de 2023 se habían titulado 663 alumnos, según el quinto Informe de Labores de la SEP.
El problema de fondo, que Proceso documentó en octubre de 2021, recae en que el OCUBBJ no considera a sus docentes como trabajadores, sino como beneficiarios de un programa social, y los contrata mediante “convenios de servicios educativos”. En 2019 Sosa les prometió que esta situación sería temporal, y que el trámite para su regularización estaba en curso, pero esto nunca sucedió.
En el verano de 2021 el equipo de Sosa despidió a entre 120 y 150 profesores, cifra que equivalía entonces a un 15% de la planta laboral; los docentes (titulares de maestría, doctorado o posdoctorado para las tres cuartas partes) recibieron cartas que les notificaban la terminación de su participación en el programa, sin mayor explicación.
Después supieron, de manera informal, que el equipo de Sosa consideraba que su perfil, validado dos años antes en un proceso de selección en el que participaron más de 36 mil candidatos, ya no cumplía con el cargo. Algunos se enteraron de que sus carreras o profesiones eran consideradas como demasiado “neoliberales” y no tenían cabida en el proyecto.
Algunos trabajadores se juntaron y presentaron demandas por despido injustificado. Un primer intento de negociación con la STyPS fracasó -por la “intransigencia” de Sosa, según los despedidos-, por lo que el caso terminó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 11.
Esta dejó los expedientes en la congeladora durante más de un año, lo que llevó a los docentes a reclamar su inacción ante los tribunales, hasta que jueces de Distrito obligaron a la instancia laboral a determinar resoluciones.
La junta emitió seis laudos -uno está pendiente-, que causaron indignación entre los profesores: descartó todos sus argumentos y retomó el planteamiento del OCUBBJ, según el cual eran beneficiarios de un programa social.
De acuerdo con el abogado Hernández, la relación laboral sí existía, pues los docentes estaban obligados a respetar un horario comprobado, una asignación de salario, una subordinación y una asignación de materias académicas.
“En el proceso de despido fuimos rebajados, yo me enteré de que era becario de un programa social cuando tengo más de 10 años de experiencia acumulada en la docencia universitaria. Hay una especie de trato injusto, hasta denigrante”, deplora Juárez, quien recuerda que estos despidos sucedieron en 2021, año en que el gobierno de López Obrador impulsó una reforma para eliminar algunas prácticas del outsourcing, con el argumento de que los empresarios evadían sus obligaciones laborales.
Ruth Nahela Salvador Eugenio fue despedida del plantel de la UBBJ en Zaachila, Oaxaca, donde impartía matemáticas. “Nadie en nuestra generación tiene estabilidad laboral”, deplora la mujer, quien participó en la huelga de la UNAM en 1999.
Cuando se empieza a normalizar esto, uno deja de creer en sus derechos; las nuevas generaciones ven normal no tener un trabajo estable, ven normal no tener jubilación, no tener contrato, no tener seguridad social y vivir en situaciones precarias. Nuestro movimiento es importante porque da la posibilidad de romper esta normalización en la que se está cayendo.
Los docentes presentaron sus demandas de amparo directo y buscan que los tribunales colegiados ordenen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir nuevos laudos, ahora en su favor. Afirman que su batalla busca imponer que el gobierno respete la Ley Federal del Trabajo al interior de las Universidades del Bienestar, pero también en otras instancias públicas que han recurrido a prácticas similares, como los centros culturales Pilares, en la Ciudad de México, la universidad Rosario Castellanos o el servicio de reparto Gas del Bienestar.
Opacidad
Además de las contingencias laborales, el OCUBBJ enfrenta problemas de opacidad en su gestión. Cuando revisó las cuentas de la institución para el año 2023, la firma de auditoría Mazars se negó a entregar una opinión, pues observó una serie de “limitaciones en los registros contables”, agravadas por la reticencia del equipo de Raquel Sosa a la transparencia.
Así, cuando los auditores quisieron revisar una muestra de los recursos erogados en subsidios, la información “fue entregada parcialmente o no fue entregada”, reportaron. “Por esta razón no estuvimos en posibilidad de determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a dicho resultado”, planteó el despacho en un informe de auditoría externa del organismo, publicado en mayo último.
En ese documento, Mazars destacó también la existencia de “debilidades en el sistema de control interno” y de “debilidades significativas en los procesos de generación e integración de información contable, financiera y presupuestal, por lo que no es posible confiar en dicho sistema”.
Desde la publicación del decreto que marcó su creación, en julio de 2019, y hasta la fecha, el OCUBBJ ha escapado en gran parte al escrutinio, pues ha estado sometido a apenas dos procesos de revisión.
En julio 2020 el programa fue revisado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que le encontró una serie de debilidades, tanto en el diagnóstico como en la implementación. Sosa se molestó contra la institución, y le envió una carta donde denunció “la rigidez de los parámetros impuestos” y la “imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores”.
En 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró a su vez una auditoría al desempeño del programa, en la cual señaló que el OCUBJJ había gastado cerca de 828 millones en subsidios para la construcción de 100 planteles, pese a que ocho de cada diez proyectos no reunían los requisitos de elegibilidad; también señaló que el programa no identificaba con precisión a su población potencial, y determinó que no focalizó la instalación de las universidades en las comunidades que definió como población potencial.
