En el Encuentro Nacional de Seguridad y Justicia, realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el 20 de junio, asistieron cerca de 200 representantes de asociaciones de abogados, abogados litigantes, así como usuarios de los servicios judiciales y representantes de la sociedad civil de diversas dependencias públicas.
En este evento de suma trascendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal organizaron conjuntamente mesas de diálogo alrededor de cuatro ejes: 1. Acceso a los servicios legales, 2. Seguridad y justicia, 3. Sistema nacional de impartición de justicia y 4. Justicia y rendición de cuentas.
Cada uno de estos ejes se dividió a su vez en tres mesas de trabajo, con temas específicos como, por ejemplo: los derechos de las personas y las formas de conocerlos, atención a víctimas, acceso a la justicia, carrera judicial, independencia judicial, entre otros.
En la mesa de trabajo sobre “Personas abogadas y servicios legales que faciliten el acceso a la justicia” (del eje 1), donde tuve el honor de fungir como moderadora, hubo una representación variada de los diversos actores del uso de los servicios legales.
Lo más importante en este ejercicio de ciudadanía fue que los representantes de la sociedad civil y los usuarios de los servicios legales hablaron desde su experiencia y transmitieron cómo se sentían al respecto. También fue importante que expresaran sus expectativas a futuro, cómo les gustaría que fuera la relación entre la justicia y el ciudadano común.
Entre los aspectos a destacar expresados por los estos usuarios de los servicios legales, sobresale la desconfianza que se tiene hacia los abogados en general. Consideran que estos complican los asuntos, para meterse en procesos más largos y poder cobrar más. Asimismo, se habló de la sospecha de que en ocasiones los abogados llegan a acuerdos con la parte contraria, por lo que no siempre benefician a quienes representan.
Es importante destacar que esta percepción es subjetiva, pero no por ello menos válida: si las personas perciben a los abogados de esta forma esto significa un reto para las asociaciones de abogados y los litigantes en general, quienes tendrían que analizar qué hacer al respecto para revertir esta percepción de desconfianza en una de confianza.
Tanto los representantes de las asociaciones de abogados como los litigantes participantes en la mesa coincidieron en que una posible forma de transformar esta percepción sería lograr una colegiación obligatoria, ya que así el usuario inconforme podría interponer las quejas que llevaran a la revisión del actuar de los abogados y, por lo tanto, de ser procedente, aplicar sanciones diversas, hasta llegar, incluso, a la pérdida de la licencia para ejercer la profesión. De este modo, habría un ejercicio más ético y por lo tanto la percepción de los usuarios podría modificarse. Los particulares presentes coincidieron que esta podría ser una medida aceptable para la población.
También se destacó que los usuarios de servicios legales tampoco tienen absoluta confianza en el desempeño de los jueces. Se hizo hincapié en que estos rara vez conocen a quien los juzga. Un usuario señaló que en una ocasión él recibió una sentencia por parte de un juzgador al que nunca conoció, que nunca vio y con el que nunca pudo hablar, y que eso lo hacía sentir poco valorado y que le generaba desconfianza en la emisión de la sentencia, puesto que, dijo, no era posible que el juez pudiera dictar sentencia sin conocer a quién estaba sentenciando.
El usuario manifestó que le gustaría que los juzgadores tuvieran algún tipo de acercamiento con quienes juzgan y que, además, los jueces y magistrados rindieran informes a la ciudadanía de forma periódica para que las personas pudieran entender qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Agregó que a muchos ciudadanos les gustaría saber de una forma más accesible cómo funciona la aplicación de las leyes.
Otro participante destacó la necesidad de acercar los juzgados y el acceso a la justicia a las zonas más alejadas de los centros de población más grandes. Se habló de las localidades donde no hay ni luz, ni internet, mucho menos juzgados, y de cómo esta situación hace que las personas ni siquiera recurran a estos medios para solucionar sus controversias, puesto que por razones de distancia y de movilidad les es difícil asistir a audiencias, asesorías o simplemente a darle seguimiento a sus asuntos, lo que las deja fuera de la posibilidad de recibir justicia pronta o expedita, violando con ello sus derechos fundamentales.
Estos aspectos invitan a reflexionar sobre cómo perciben el acceso a la justicia las personas no abogadas y que no pertenecen a los órganos judiciales. Se requiere una autocrítica objetiva tanto de las organizaciones de abogados, como de los litigantes particulares, así como de los jueces y, en suma, de todos los actores que conforman el sistema impartidor de justicia. Por desgracia, la percepción actual de la ciudadanía no es muy positiva y, por lo tanto, también es una invitación a todos los actores del Estado a comprometerse realmente por la justicia, por encima de intereses políticos o de facción.
Por otro lado, es de celebrarse que este encuentro les dio voz a personas que normalmente no la tendrían, otorgándoles la oportunidad de contar sus historias, expresar su sentir y visibilizar situaciones que no se tienen muy presentes al momento de emitir leyes o de dictar una sentencia. Es necesario que los diversos órganos del Estado permitan más participación ciudadana en la resolución de las situaciones que se les presentan como gobierno. Se requiere que los individuos entiendan que el ejercicio ciudadano no se puede reducir a emitir un voto, sino que todos como integrantes de un país debemos aportar, participar y proponer.
Tanto los abogados (estén en asociaciones o no) como los usuarios particulares, perciben que la forma de obtener justicia es únicamente por medio de juicios que se lleven ante juzgados y tribunales. Es decir, en la mesa que me tocó coordinar y en otras en las que pude investigar al respecto, no se habló de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos como mecanismos de obtención de justicia.
Como mediadora y conciliadora certificada por el Poder Judicial del Estado, y como presidenta de una asociación de medidores en Aguascalientes, es que observo que nuestra tarea es aún mayor. Este ejercicio de reflexión también constituye una autocrítica personal, extensiva al gremio al que pertenezco, en el sentido de que tenemos que seguir trabajando por la difusión y aplicación de los MASC.
Si bien, de forma más que plausible, el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes ha venido haciendo campañas publicitarias sobre su existencia y sobre la aplicación de estos procedimientos alternativos, también es cierto que es solo una parte de lo que nos toca como mediadores y facilitadores.
Es necesario que se abran espacios en los que se explique de forma clara y sencilla a los ciudadanos qué son los MASC, para qué sirven, cuándo pueden usarlos, cuáles son sus consecuencias, entre otros aspectos.
Por otro lado, también es necesario realizar las modificaciones legales que permitan una operación sencilla y más práctica de los mismos, así como establecer programas, mecanismos y campañas de prevención de conflictos y de violencia, por ejemplo, en las escuelas, en el hogar o entre los vecinos.
Galtung decía que “para que haya paz es necesario que haya justicia social”.
Para lograr la paz social se requiere la voluntad, el esfuerzo y la participación no solo del Estado en todas sus formas de representación y gobierno, sino de los actores sociales y de la ciudadanía en general. La paz social no solo se logra por medio de la justicia, también es necesario que esa justicia social se refleje en la equidad económica de las personas, en la igualdad de oportunidades y de educación.
Mediadora y Conciliadora Privada del Poder Judicial del Estado desde 2013.
Presidenta de la Red de Mediadores, Conciliadores y Facilitadores Certificados en Aguascalientes, A.C.
@CirculoArtemisaArteyCulturaparalaPaz
